La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) informó hoy sobre dos querellas que radicaron contra miembros de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional por infracciones a la ley.
El primer caso se trata del ex comandante de la Guardia Estatal, Héctor Vázquez Rivera. Según dijo la OEG en la querella, luego del huracán María el ex comandante movió un generador eléctrico que había sido asignado para respaldo en el área de preparación regional de la Guardia Estatal en Aguadilla, a la casa de una amiga suya en Trujillo Alto.
Tras el recibo del generador, Vázquez Rivera ordenó que fuera trasladado a las facilidades de la guardia estatal de Canóvanas y una vez allí, instruyó al personal que lo llevaran a un lugar en Trujillo Alto que resultó ser la residencia de su amiga.
El querellado firmó una orden sobre el traslado y aseguró que era para usar en las facilidades de Canóvanas.
Con esto utilizó los deberes y facultades de su cargo para obtener, directamente para una persona privada, un beneficio no permitido por ley y con dicha acción violó la misma.
“Su conducta laceró la credibilidad y confiabilidad en la Guardia Estatal así como en sus funcionarios”, lee la querella.
La OEG solicitó una multa de $20 mil por casa infracción.
Por otro lado, también presentaron querella contra Rubén Alsina Colón, quien al presente ha ocupado el puesto de carrera de Receptor Auxiliar en el Campamento Santiago de Salinas de la Guardia Nacional.
Según expuso la OEG, Alsina Colón en el 2014 empleó su tiempo y funciones para tratar de obtener, para su beneficio personal, materiales pertenecientes a la GNPR.
Estos se detallaron como pintura y materiales de construcción para un negocio privado de su propiedad.
“El querellado utilizó deberes y facultades de su puesto para tratar de adquirir propiedad pública con el fin de obtener un beneficio personal no permitido por ley”, lee el documento.
Además, en el 2015 mientras estaba en el trabajo hizo expresiones y comentarios de contenido político-partidistas que favorecían al Partido Popular Democrático y estaban en contra del Partido Nuevo Progresista.
Entre otras cosas, utilizó su tiempo laborable para molestar e intimidar a su subordinado por ser del PNP. Le decía, que usaría sus contactos políticos para sacarlo del puesto y que a los del PPD “había que tratarlos bien”.
Además durante horas laborales participó de una actividad política, entendiéndose esta como un acontecimiento en el que una persona promovió a favor de un partido
La OEG solicitó también que se le impusiera una multa de $20 mil por cada infracción demostrada.
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