La Junta de Control Fiscal (JCF) le dio la bienvenida el jueves a la decisión de la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de conceder las mociones y contra-mociones de la Junta para el fallo sumario relacionado con cinco leyes que el Gobierno de Puerto Rico promulgó o implementó en violación de PROMESA.
“Esta es una validación significativa del mandato de responsabilidad fiscal de PROMESA”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF en comunicación escrita.
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“Nuestras leyes deben basarse en estimados fiscales sólidos para garantizar que el Gobierno de Puerto Rico no vuelva nuca a gastar de más ni entregar de menos”, añadió.
PROMESA exige que las nuevas leyes no deben perjudicar o derrotar los propósitos de PROMESA según lo determinado por la Junta de Supervisión y no deben ser significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto Certificado. De manera significativa, la jueza Swain determinó que el Gobierno de Puerto Rico tiene el gravamen de brindar un estimado formal explicando el impacto de cada ley nueva y responder a las notificaciones de la Junta sobre cualquier deficiencia.
El Gobierno no llevó a cabo esta responsabilidad o implementó una ley creando una deficiencia presupuestaria para el cual la JCF no aprobó redistribución alguna para llenar las deficiencias en la Ley 82-2019, Ley 138-2019, Ley 176-2019, Ley 181-2019 y la Ley 47-2020. La jueza Swain encontró que la JCF tenía preocupaciones justificadas de que el Gobierno no había considerado el impacto de cada una de estas nuevas leyes en los gastos e ingresos gubernamentales.
La jueza Swain además determinó que el Gobierno no cumplió con PROMESA en lo que respecta a cada nueva Ley. Como resultado, la jueza Swain ordenó que se prohíba al gobierno implementar y poner en vigor las cinco leyes.
“La Junta espera regresar a un diálogo constructivo con el Gobierno sobre el desarrollo e implementación de nueva legislación para asegurar el cumplimiento con PROMESA”, agregó.
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La Ley 82-2019 impide que los Administradores de Beneficios de Farmacia controlen los costos de los medicamentos recetados, lo que provoca un aumento en los precios de los medicamentos recetados que, en última instancia, recaería sobre el Gobierno de Puerto Rico. El tribunal determinó que el Gobierno no brindó un estimado formal conforme.
La Ley 138-2019 obliga a las compañías que ofrecen seguros de salud públicos, como las Organizaciones de Administración del Cuidado (MCO), a aceptar en su red a proveedores con honorarios más altos. A juicio de la Junta de Supervisión, esto encarecería las primas de cuidado de salud, los cuales en última instancia recaerían sobre el Gobierno de Puerto Rico. El tribunal determinó que el Gobierno no brindó un estimado formal conforme y tampoco respondió a las preguntas de la Junta al respecto.
La Ley 176-2019 aumenta los días de vacaciones y los días de enfermedad disponibles para los empleados públicos, lo que hace que la fuerza laboral del Estado Libre Asociado sea menos eficiente, como indicó la Junta. Además, no permite el ajuste de la fuerza laboral a un tamaño que vaya en acorde a la reducción de la población en la isla. El tribunal estuvo de acuerdo en que la determinación de la Junta, estableciendo que la Ley 174-2019 perjudicaría o derrotaría los propósitos de PROMESA, está apoyada por evidencia.
La Ley 181-2019 provee un aumento salarial a los bomberos de casi 3 millones de dólares anuales, por encima de los aumentos que la Junta incluyo en su plan fiscal, y el tribunal estuvo de acuerdo con la Junta en que el Gobierno no había asegurado la aprobación de la Junta para el uso de un nuevo impuesto que compensara el gasto adicional.
La Ley 47-2020 amplía el grupo de profesionales de la salud elegibles para recibir beneficios contributivos bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico. El tribunal determinó que la posición de la Junta—que la disminución de ingresos contributivos bajo la Ley 47-2020 sin compensar con nuevos ingresos o ahorros perjudicaría o derrotaría los propósitos de PROMESA— no era arbitraria ni caprichosa.
“En cada instancia, la Junta esperaba que el Gobierno fuese responsivo a sus preocupaciones y trabajar en conjunto con la Junta para lograr los beneficios previstos de las nuevas leyes, a la vez que se atendían preocupaciones presupuestarias y de otra índole. Por desgracia, el Gobierno decidió litigar su contención de que sus conclusiones y estimados sumarios debían ser aceptados por la Junta como la última palabra.
La Junta sigue comprometida en trabajar con el Gobierno para cumplir con el mandato de PROMESA hacia la responsabilidad fiscal, elemento crucial para la recuperación de Puerto Rico y la prosperidad del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Jaresko.
