Empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) radicaron una demanda en contra del Sindicato de Trabajadores de la UPR por presuntamente incautar de manera ilegal las cuotas de los cheques de los trabajadores sin su autorización.
La moción ocurre como parte de una demanda colectiva de los empleados contra de Jorge Haddock, en capacidad como presidente de la UPR, y la unión.
Según un comunicado de la National Right to Work Foundation, José Ramos y Orlando Méndez presentaron su demanda en mayo de 2020 con asistencia legal gratuita de los abogados de la fundación.
Te podría interesar:
La demanda sostiene que los funcionarios sindicales y universitarios están infringiendo los derechos de sus empleados reconocidos en la decisión del Tribunal Supremo federal de Janus v. AFSCME, ganada por la Fundación en 2018. En Janus, el Supremo dictaminó que exigir a los empleados públicos que paguen las cuotas sindicales como condición de empleo viola la Primera Enmienda, y sostuvo además que las cuotas sindicales solo se pueden cobrar a los empleados públicos con una renuncia afirmativa del derecho a no pagar.
Méndez y Ramos han sido empleados de la UPR como trabajadores de mantenimiento desde 1997 y 1996, respectivamente. A partir de entonces, según la denuncia, los dirigentes universitarios y sindicales “han considerado a Ramos y Méndez como miembros del Sindicato” y se han incautado de cuotas de sus cheques de pago, a pesar de que nunca firmaron un formulario de autorización de afiliación sindical o de deducción de cuotas.
El 29 de diciembre de 2020, la demanda fue enmendada para incluir dos demandantes adicionales y para desafiar específicamente un intento reciente de los funcionarios sindicales de obligar a los trabajadores universitarios a firmar un documento que aprueba retroactivamente todas las cuotas deducidas previamente y consiente a un número no especificado de deducciones futuras. De acuerdo con la demanda, los empleados que no cumplan con las exigencias de los dirigentes sindicales de firmar este documento perderán el acceso al plan de salud proporcionado por el empleador que administra el sindicato.
El 30 de diciembre, los demandantes solicitaron una orden judicial preliminar para bloquear los esfuerzos de los dirigentes sindicales para obligar a los empleados a elegir entre perder su atención médica y aceptar retroactivamente las deducciones de las cuotas sindicales realizadas en violación de sus derechos. La moción también le pide a la corte que bloquee y revierta los esfuerzos sindicales para prohibir el seguro médico a los empleados que se niegan a renunciar a sus derechos de la Primera Enmienda.
La demanda de los empleados sostiene que los funcionarios sindicales y universitarios violaron la Primera Enmienda al incautar las cuotas de los cheques de pago de los empleados sin autorización por escrito y al exigir que los empleados se conviertan en miembros plenos del sindicato en violación de un precedente de larga data. Además, la demanda busca una orden que prohíba la aplicación adicional de los esquemas inconstitucionales y requiera que el sindicato reembolse a los empleados las cuotas que fueron incautadas ilegalmente “dentro del … plazo de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato”.
“Durante años, los jefes del sindicato se han salido con la suya quitando las cuotas de los bolsillos de aquellos a quienes dicen representar sin obtener su permiso”, dijo Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional para el Derecho al Trabajo. “Ahora, en lugar de buscar el apoyo voluntario de los trabajadores, están amenazando con quitarle el seguro médico a cualquiera que no cumpla con sus demandas mientras intentan retener años de deducciones inconstitucionales de las cuotas sindicales”.
“Esperamos que la corte actúe rápidamente y otorgue la orden judicial para bloquear las acciones descaradamente inconstitucionales de los dirigentes sindicales”, agregó Mix.
