La actual alcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia con el fin de que suba al Tribunal Supremo, para que se se anule la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) que establecería a Julio Roldán Concepción como alcalde electo del municipio.
Irizarry argumentó que el Supremo acogió la demanda del candidato del Partido Popular en Guánica donde este alegó violaciones a la Ley Electoral por parte de la CEE al adjudicar ilegalmente votos “right in”, y que su demanda es muy parecida a esta “al reclamar que la CEE adjudicó ilegalmente los votos mixtos denominados “Pivazos” los cuales la Ley Electoral identifica como inválidos”.
Previamente el Supremo había denegado la demanda presentada por Irizarry por entender que era prematura y al momento no había una certificación oficial sobre quien sería el nuevo alcalde de Aguadilla.
“En esta ocasión el escenario sería distinto ya que la CEE emitió una certificación y conforme a lo que establece la regla 10.15 se esta presentando la impugnación de la misma conforme a lo expresado por el tribunal anteriormente. Adicional, conforme a los requerimientos del Tribunal, en la demanda se incluyeron a todas las partes potencialmente necesarias para dilucidar el pleito en sus méritos y se cumplió con la presentación de demanda una vez expedida la certificación”, lee la comunicación escrita de la alcaldesa.
En su demanda Irizarry expresa que aún los tribunales de Puerto Rico no han tomado una decisión final sobre la invalidez de los votos mixtos denominados como “Pivazos” y que por lo tanto la certificación emitida por la CEE debe ser anulada. Añade que la nueva ley electoral establece claramente que el voto mixto que en pasadas elecciones fue motivo de múltiples disputas legales es inválido e ilegal.
Según la página oficial de la CEE, una vez culminado el escrutinio general, la diferencia de votos entre los dos principales candidatos por la alcaldía de Aguadilla es de unos 40 votos.
Anteriormente, luego de las elecciones del pasado 3 de noviembre, Irizarry había solicitado al Tribunal Supremo que anulara los votos “Pivazos” pero el alto foro declinó someter una opinión final tras un empate en las votaciones de los jueces. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan y Circuito de Apelaciones también declinaron tomar una decisión al respecto por entender que no tenían jurisdicción en el asunto.
