Pese a que, hasta noviembre pasado se habrían cometido alrededor de 16,523 delitos tipo 1, la Oficina de Compensación a las Víctimas y Testigos de Delito (OCVTD) tan solo otorgó beneficios económicos a unas 439 víctimas en la isla en 2020.
Para este año fiscal a la Oficina –adscrita al Departamento de Justicia– se le asignó apenas $232,000, de los cuales se han distribuido unos $107,211 a víctimas de delitos como asesinato, homicidio negligente, agresión agravada y robo agravado, según Sheila Miranda, directora de la OCVTD. Además, las personas que son víctimas de delitos como agresión sexual, violencia doméstica, maltrato de menores y actos lascivos también podrían ser elegibles a dicho Fondo. Mientras que, en fondos federales, al momento la oficina cuenta con apenas $104.77 de una asignación original de $114,000 al tiempo que esperan por la disponibilidad de otros $154,000 fondos adicionales.
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Miranda admitió que la dependencia busca aumentar la cantidad de víctimas que podrían beneficiarse de este programa que incluye el financiamiento de gastos fúnebres, servicios médicos y psicológicos, entre otros.
Ante la disparidad entre los 16,523 casos de delitos tipo 1 –según estadísticas de la Policía–y la cantidad de casos que atiende la OCVTD cada año, Miranda planteó que el desfase se debe a que las víctimas, los familiares de las víctimas y los testigos de estos delitos desconocen de la existencia de dicha Oficina y los servicios que ofrece. Aludió también a que, en ocasiones, las víctimas no continúan el proceso de reclamación de los beneficios. Aseguró que la Oficina que dirige desde noviembre de 2019 busca crear campañas educativas para orientar a las personas que podrían ser elegibles a esta ayuda económica.
Para el año pasado, Miranda comentó que la oficina compensó a unas 362 víctimas para un total de $543,845 en fondos desembolsados, mientras que en 2018-2019 unas 216 personas recibieron los beneficios económicos de la Oficina. Desde julio de 2020, han compensado a unas 169 víctimas de delito.
“El mayor reto es que la víctima conozca de nuestra Oficina. En muchas ocasiones en este momento de crisis, la víctima está inmersa en esta situación y no tiene interés de completar una solicitud de compensación en ese momento”, dijo Miranda en entrevista con Metro. La funcionaria también indicó que para aumentar la cantidad de víctimas que podría atender la Oficina les han solicitado a los fiscales a que les refieran los casos desde la etapa investigativa. Esto, debido a que, en el pasado, la práctica habitual era que los fiscales referían los casos a dicha oficina cuando el Ministerio Público estaba listo para someter el caso ante un juez. Agregó que otra medida que esperan implementar es establecer acuerdos de colaboración con distintas agencias que les permita agilizar la obtención de documentos necesarios para completar las solicitudes de la Oficina ya que indicó que en ocasiones las víctimas entregan los documentos incompletos debido a la situación emocional por la que atraviesan.
Por su parte, Vilmarie Rivera, presidenta de la Red de Albergues de Puerto Rico, destacó que si bien la oficina debe ampliar las campañas de orientación a la ciudadanía, la compensación económica a las víctimas de violencia doméstica o agresión que han atendido, podría demorar desde seis meses hasta un año. Ante esto, planteó que algunas víctimas, como las de agresión, tienen que recurrir a gastos médicos y otras necesitan el beneficio económico para relocalizarse en otro hogar, como suele ser el caso de las víctimas de violencia doméstica. Incluso, argumentó que, de concretarse un estado de emergencia por la violencia de género, la OCVTD debe ser incluida en los protocolos de respuesta a las víctimas.
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“Debe ser un organismo que debe presentar mayor agilidad y enviarles un mensaje correcto a las víctimas de que hay servicios, hay recursos y que se van a trabajar con prontitud”, señaló Rivera.
De otro lado, Miranda señaló que previo a su nombramiento en 2019, la dependencia se encontraba rezagada y el pago a las víctimas de delito podía demorar hasta dos años. La funcionaria, sin embargo, aseguró que actualmente el caso más antiguo es de septiembre de 2020 para un total de 248 abiertos entre septiembre y diciembre.
Con menos fondos en la cartera
Miranda reconoció que la aprobación de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017 le quitó independencia a la Oficina de poder manejar su propio presupuesto. Previo a la legislación, la dependencia llegó a manejar hasta unos $10 millones en fondos destinados a las víctimas de delito.
La ley, según Miranda, obliga a la dependencia a operar con un tope fiscal y que, con cada nuevo año fiscal, deberá tener una base cero, por lo que al finalizar un año fiscal la Oficina deberá entregar al Fondo General cualquier sobrante en fondos estatales. Esto, a pesar de que el Fondo de Compensación a las Víctimas se nutre de las cuantías de las penas especiales –$300 por delitos graves y $100 por delitos menos graves– y no del Fondo General. De esta forma, la OCVTD no tiene acceso a la totalidad de los fondos que ingresan al gobierno en concepto de estas penas especiales. El pasado año fiscal, por ejemplo, a la OCVTD se le asignó unos $332,000 en fondos estatales. En mayo de 2019, la Oficina solicitó a la Junta de Control Fiscal unos $160,000 adicionales para compensar a víctimas de delito ya que habían sobrepasado el límite presupuestario. “Es uno de los retos principales que ya tenemos y la forma que debe ser atendido es o solicitarle a la Junta [de Control Fiscal] que se nos permita el dinero que ingresa más allá de la vigencia del año o, que, en su defecto, se nos permita usar la totalidad de lo que ingresa [al Fondo] y no tengamos un tope presupuestario”, dijo.
