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Justicia devolvió $695,000 en fondos federales destinado a víctimas de delito

La Oficina de Compensación a las Víctimas y Testigo de Delitos tuvo que devolver uno $695,000 en fondos federales en 2018 debido a que se venció el plazo para que la dependencia pudiera utilizarlos.

Así lo señaló Sheila Miranda, directora de dicha Oficina y quien mencionó que la asignación original del gobierno federal fue de $985,000 y tan solo se pudo distribuir alrededor de $290,000 para víctimas de delitos elegibles a este fondo. Agregó que la vigencia para utilizar estos fondos era de tres años, según lo dispuso el gobierno federal.

Miranda justificó la inacción con los fondos debido a que el huracán María provocó que se interrumpieran los servicios en la agencia y que disminuyera el personal de dicha Oficina. “Ciertamente, la situación del huracán María afectó mucho a la Oficina en términos de que se perdió personal”, añadió. “No es que solicita que se devuelva, sino que la vigencia del Fondo, por disposición federal hay que devolver la cuantía que no se utiliza”, comentó Miranda, quien fue nombrada a directora de la Oficina en noviembre de 2019.

De acuerdo con la portavoz de prensa de la agencia, los $290,000 utilizados de estos fondos fueron destinados a unas 124 víctimas de delitos. Sin embargo, Miranda no pudo precisar cuántas personas se habrían podido beneficiar de los fondos que tuvieron que ser devueltos.

La funcionaria, no obstante, también aseguró que la Oficina continúa recibiendo asignaciones de fondos federales para compensar a víctimas de delitos. Inclusive, mencionó que actualmente esperan por una asignación adicional de $154,000 en fondos del programa VOCA (Victims of Crime Assistance Grant).

La oficina, que ofrece compensación a víctimas y testigos de delitos como asesinato, homicidio negligente, agresión sexual, violencia doméstica, maltrato de menores, agresión agravada, robo agravado, secuestro, secuestro agravado, actos lascivos, robo agravado cuando se le inflige daño físico a la víctima, incendio agravado y apropiación ilegal cuando la víctima tenga 65 años o más.

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