Pese a que favorece regular los alquileres a corto plazo en la zona histórica del Viejo San Juan, el alcalde capitalino, Miguel Romero, aseguró que estas disposiciones no serán tan restrictivas como aquellas que propuso la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz.
De esta forma, Romero —quien juramentó apenas el pasado lunes— indicó que podría estar implementando regulaciones a las propiedad que se utilizan para alquileres a corto plazo por medio de plataformas como Airbnb y Homeaway.
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“Creo en la reglamentación, claro, pero tiene que ser reglamentación que haga sentido. Un ejemplo, la ordenanza que sometió la exalcaldesa, entre 2018 y 2019, era para una moratoria y era incluso para interferir en cómo un ciudadano privado hace uso de su propiedad que adquirió para eso”, señaló el alcalde en entrevista con Metro.
La ordenanza 24, que presentó la alcaldesa a la Legislatura Municipal de San Juan, propuso la creación de tres tipos de licencia para operar alquileres a corto plazo; mantener un registro de todos los anfitriones; imponer un mínimo de dos noches a cada estadía y fijar limitaciones a la cantidad de huéspedes que buscan alojarse en las unidades. Los costos de las licencias, según propuso el proyecto, fluctuaban entre los $250 y $500 anuales. A su vez, la medida sugirió que los anfitriones debían pagarle al municipio sanjuanero el 3 % de los ingresos brutos que obtengan.
“Te decía que uno de los Airbnb tenía que ser en tu casa, que no podías tener más de dos, te decía, incluso, que no podías rentarlo por menos de una noche. Eso no opera de esa forma, eso era algo que no tenía ningún sentido”, dijo Romero en torno a la medida que presentó la pasada administración municipal. A dicha medida se opuso la Compañía de Turismo y un grupo de comerciantes de la zona.
“Primero, vamos a verificar que en una zona como la nuestra, parte del encanto es el propósito residencial que tiene comercial y turístico ya que esto no es residencial nada más. esto no es una urbanización cerrada, esto es una zona histórica que hay hoteles, turismo y tiene que haber un balance. No va a haber consenso. Pero sí, balance. Y ese balance tiene que existir porque tampoco voy a abrir la puerta a la gentrificación de la ciudad”, comentó Romero.
“Segundo, tiene que haber regulación porque yo quiero a los Airbnb registrados. Porque si tengo una calle con más Airbnb que me generan más desperdicios sólidos y tengo que recoger más la basura para evitar más cosas, pues mira eso es un cargo que le voy a imponer”, añadió.
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Romero, sin embargo, rechazó que la regulación incluya un cargo a la contribución por la propiedad. “No le voy a imponer un cargo de la contribución a la propiedad a la gente que usa su residencia como vivienda principal porque el impacto viene del Airbnb que tiene un fin de lucro en el cual yo creo, pero tiene que haber un balance”, mencionó.
Con pocos fondos para la reparación de carreteras
Por su parte, el alcalde indicó que la crisis económica por la que atraviesa el municipio —y el país— podría obstaculizar la reparación de infraestructura en la ciudad capital. Al momento de asumir las riendas de la capital, Romero alegó que no existen fondos asignados para la reparación de las carreteras municipales.
“Donde trae un reto [la crisis financiera] es que en un presupuesto no se dejó un centavo para tapar un boquete. Esa es la obra de infraestructura más importante”, señaló.
Aunque no cuenta con fondos asignados, Romero aseguró que realizará programaciones de fondos para atender carreteras que su reparación resulte urgente. “Vamos a hacer la programación para atender emergencias”, dijo. El alcalde utilizó de ejemplo una carretera cercana a las oficinas del Instituto de Ciencias Forenses donde comentó que el daño en el asfalto podría provocar un accidente de tránsito.
Añadió que buscará pedirle prestado asfalto y maquinaria a otros municipios como Canóvanas, Bayamón y Guaynabo, para el arreglo de las carreteras.
El alcalde, por su parte, insistió que una deuda de $96 millones con el pago de retiro y plan médico a empleados del municipio —el cual heredó de la pasada administración municipal— podría colocar en aprietos las cuentas del municipio. Romero planteó que, de no pagarse esta deuda, le podrían embargar las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que le corresponde al municipio de San Juan.
