La licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del gremio que agrupa profesionales del Derecho, expresó hoy, jueves, que: “Una vez más nuestra institución se une a las múltiples y diversas voces que condenan la violencia de género en nuestro país, cuya alta incidencia y aberrantes formas reiteran la necesidad de que se declare un estado de emergencia por parte del gobierno, que conlleve políticas públicas, acciones concretas, establecimiento de prioridades en la acción y asignación de fondos para ponerlas en vigor”.
“Desde que se denunció la desaparición de la joven enfermera Angie Noemí González Santos, sabíamos que existía una alta posibilidad de que no fuera encontrada con vida, como ha sucedido en un gran número de casos. Así fue confirmado por las autoridades policíacas cuando su cadáver fue encontrado tirado en un apartado lugar, al cual fueron conducidos por su pareja y padre de las tres niñas procreadas en la relación que duró más de diez años. El victimario confesó el asesinato, luego de haber montado la falsa de denunciar la desaparición de la víctima”.
La licenciada Calcaño lamentó el primer feminicidio del año que recién ha comenzado e hizo un llamado al gobernador de Puerto Rico, el también abogado Pedro Pierluisi, para que cumpla su promesa de campaña de decretar un estado de emergencia por violencia de género en el país. “Solo así demostrará que tiene como alta prioridad en su mandato lograr la erradicación del grave problema social y de salud pública que violenta los derechos humanos de las mujeres que la sufren. Sabemos que las organizaciones de mujeres, las cuales han contado con el apoyo de la Comisión de la Mujer de nuestra institución, desde hace más de un año le presentaron al gobierno medidas específicas que pueden y deben ser adoptadas de inmediato.”
Por otro lado, Calcaño López destacó el caso de Janet Viera Grau, quien se suicidó el sábado 16 de enero, luego de que fuera privada de la custodia de sus dos hijos menores por alegada negligencia.
Te recomendamos:
- Pierluisi justifica aumento en factura de AEE por alza en el costo del combustible
- Salud investiga más de 11 muertes de envejecientes por COVID-19 en centro de cuido
- “Efímero” el impacto económico de los cheques federales de estímulo
“Nos consterna que esta mujer sorda de 31 años, desesperada porque nadie la entendía, tomara tan terrible decisión. El jueves antes hubo un proceso en el Tribunal y nos preguntamos si ella tuvo verdadero acceso a la justicia con la asignación de una persona que pudiera interpretar su posición en la investigación que hizo el Departamento de la Familia por la alegada negligencia que causó la remoción de los niños. Queremos saber si ella pudo entender el proceso, si conocía y entendía su derecho a defenderse en el Tribunal y a contar con representación legal; a qué se le asignara oficialmente un intérprete en la vista de remoción de custodia”.
La presidenta del Colegio indicó que el Departamento de la Familia y la Administración de Tribunales tienen mucho que explicar sobre lo sucedido. El Colegio de Abogados y Abogadas solicita al Tribunal Supremo y a la Administración de Tribunales una investigación sobre el proceso de este caso.
La joven madre, que desconocemos si contaba con representación legal, porque no se procuró un intérprete de señas para asistirle en la vista, garantizando así el debido proceso de ley en la modalidad sustantiva. La Ley 174 de 2018, dispone que en cualquier proceso administrativo, civil o judicial, hay que proveer interpretes de lenguaje de señas a los sordos. También las entidades concernientes que ante la necesidad de ayuda urgente para la mujer que estaba desesperada por la pérdida de sus hijos y que posiblemente también tenía problemas de salud mental, fueron llamadas por personas de la comunidad del municipio de Vega Alta donde ocurrieron los hechos para que la atendieran. Nunca llegaron al lugar. “Cuando alguien del gobierno llegó fue para recoger el cadáver, lamentó la Calcaño López.
Finalmente hizo un llamado al estado y particularmente a la Administración de Tribunales y demás componentes del sistema de justicia, para que atiendan con sensibilidad los asuntos legales en los cuales están involucradas personas de la comunidad sorda. “Se trata de un sector poblacional grande que reiteradamente se ha quejado de la falta de atención por parte del gobierno a sus necesidades particulares.
Es nuestro compromiso continuar investigando lo que ocurrió en el caso de Janet Viera Grau en cuanto al procedimiento judicial al que se enfrentó por la custodia de sus hijos y si la falta de acceso a la justicia fue el factor precipitante para que se privara de la vida”, terminó diciendo Calcaño López.
