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Procuraduría de las Mujeres recibirá $654 mil para combatir la violencia de género

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi, anunció hoy, martes, que la Procuraduría de las Mujeres recibirá $654 mil.

Como parte de su política pública para erradicar la violencia de género, y en particular contra la mujer, el gobernador Pedro R. Pierluisi anunció hoy que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) recibirá $654 mil a ser utilizados en contratación de investigadores, de servicios directos de psicología, trabajadores sociales, abogados y estadísticos, al igual que para campañas educativas, entre otros servicios.

“En mi administración estamos más que comprometidos con erradicar la violencia contra la mujer porque es un mal social que afecta a todas nuestras familias. Nos toca a todos combatirlo con mayor consciencia y efectividad. Estamos en un estado de emergencia, y como gobernador haré todo lo que esté en mis manos para dotar de los recursos necesarios a la OPM y a las agencias concernientes. ¡Se tiene que acabar el machismo ya!“, reiteró Pierluisi quien promulgó la Orden Ejecutiva 2021-013 a través de la cual se crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (P.A.R.E), de la cual la OPM forma parte.

Los fondos destinados a la OPM, entidad dirigida por la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo, se dividen en $200 mil para nómina y costos relacionados, y en $454 mil para gastos operacionales. Con este dinero la agencia podrá reclutar empleados, implementar campañas educativas enfocadas en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, adquirir equipos tecnológicos y contratar servicios profesionales para hacer valer las leyes que protegen a las mujeres, en particular aquellas vinculadas al hostigamiento sexual y que establecen protocolos sobre la violencia doméstica, incluyendo en el lugar de empleo.

“En el gobierno estamos siendo proactivos con todo tipo de criminalidad, pero ya es momento de darle particular atención a la violencia de género y los feminicidios. Nadie puede estar de brazos cruzados ante esta realidad, porque aspiramos a una sociedad de paz y respeto para todos. El domingo anuncié la nueva Orden Ejecutiva 2021-013 y hoy estamos destinando este dinero a la OPM para asistirla en hacer cumplir la política pública en contra de la violencia de género”, aseveró el gobernador, quien cuando fue comisionado residente fue coautor de una ley para combatir los crímenes de odio.

Por su parte, Boria Vizcarrondo indicó que la OPM “apoya toda medida que redunde en la seguridad de nuestras mujeres. A través del estado de emergencia se logrará allegar recursos de una forma más eficiente y ágil a nuestra Oficina y a las organizaciones que trabajan día a día en la erradicación de la violencia de género”.

“Agradecemos la disposición de trabajo y la preocupación del gobernador, Pedro Pierluisi en relación con este asunto. Erradicar este mal, ciertamente es prioridad. Específicamente, los fondos aprobados serán utilizados en campañas educativas enfocadas en la prevención y erradicación de la violencia de género. Además, se contratarán investigadores para velar por el cumplimiento de las leyes protectoras de las mujeres y en particular, aquellas relacionadas al hostigamiento sexual y los protocolos de violencia doméstica en el lugar de empleo. También, contrataremos recursos para ofrecer servicios directos a la población”, añadió la procuradora.

La Orden Ejecutiva 2021-013, que está en vigor hasta el año fiscal 2022 y que puede ser prorrogable, atiende los reclamos de diversos sectores que defienden los derechos de todos los que sufren los efectos de la problemática de violencia de género.

Ayer en conferencia de prensa el gobernador Pierluisi informó que “lo antes posible” designará al Oficial de Cumplimiento que fiscalizará y dará seguimiento a todo lo esbozado en la Orden razón, por la cual le responderá directamente al gobernador.

Por último, Pierluisi agradeció a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por diligenciar el pedido presupuestario con agilidad ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el cual es parte de una reasignación de sobrantes de la Administración de Vivienda Pública.

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