A poco menos de dos semanas de que venza el plazo para presentar un nuevo plan de ajuste de la deuda, el liderato de la Junta de Control Fiscal (JCF) aseguró hoy que cumplirá con el plazo impuesto por la jueza Laura Taylor Swain.
Swain, quien preside los procedimientos de Título III y la reestructuración de la deuda del país en el Tribunal Federal, fijó el 10 de febrero de 2021 como la fecha límite para presentar un nuevo plan de ajuste de la deuda o, en su defecto, un plan detallado de cara a la aprobación de este documento.
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, comentó que la intención del ente fiscal es someter dicho plan de ajuste en la fecha señalada por la jueza. Esto a pesar de que un informe de la Junta apunta a que el ente fiscal se reservó el derecho a solicitar una extensión a dicho término. Jaresko, sin embargo, indicó que lo mencionado en dicho informe responde a trámites típicos en en el proceso legal, pero que sigue siendo “nuestra intención someter el plan tal y como lo instruyó el tribunal”.
Por su parte, David Skeel, presidente del organismo, mencionó que la Junta continúa las negociaciones con los acreedores asegurados en un proceso de mediación —liderado por la jueza Barbara Houser— y espera que el acuerdo sea avalado por estos. Skeel, además, sostuvo que las negociaciones entre la Junta y los acreedores se han realizado de buena fe. Desde su primera reunión como integrante de la Junta, Justin Peterson mostró preocupación con las negociaciones entre la Junta y los acreedores.
“Desde que comenzamos hace cuatro años hemos negociado de buena fe con los acreedores. Como saben, habíamos llegado a un acuerdo con los acreedores en febrero de 2020 antes de la pandemia…Seguimos trabajando para que se confirme el plan de ajuste y anticipamos con cumplir con el plazo impuesto por el Tribunal”, dijo Skeel.
Aunque no quiso revelar mayores detalles sobre el proceso de mediación, Skeel indicó que espera que más acreedores se unan al acuerdo y que finalmente dicho plan sea avalado en el Tribunal Federal.
El plan de ajuste enmendado propone la eliminación de la estructura de los bonos junior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la sustituye con un instrumento de valor contingente (CVI, por sus siglas en inglés) de hasta $1,000 millones, el cual sería sufragado únicamente si los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso exceden las proyecciones del Plan Fiscal certificado de mayo de 2020. De acuerdo con la Junta, el nuevo plan destinará alrededor de $6,000 millones a los acreedores y alrededor de $5,000 millones en bonos de obligación general. La propuesta del plan enmendado también aplicaría una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes.
