Al plantear que el Departamento de Educación no puede ofrecer garantías de que creará unos mecanismos efectivos para controlar posibles brotes de Covid-19, la Asociación de Maestros (AMPR) hizo un llamado a detener el plan de reapertura de escuelas tan pronto como en marzo, una meta impulsada por el propio gobernador Pedro Pierluisi.
“Insistimos que lo mejor en este momento es trabajar en un plan articulado para lograr un regreso salubre, seguro y estructurado en agosto. Tenemos que ser parte activa en la elaboración de ese plan y cualquier otro que afecte a nuestros maestros y estudiantes. Nosotros hemos sido (claros), desde el día uno, en que tenemos que ser parte de ese plan”, subrayó la secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Grichelle. Toledo.
El presidente de la AMPR, Víctor Bonilla Sánchez, sostuvo que las tasas de contagio no han bajado lo suficiente para justificar un regreso a las clases presenciales, toda vez que aseguró que los planes de vacunación masiva, que desde hace dos semanas incluyen al personal escolar, son insuficientes por sí solos.
Al momento, ninguna de las vacunas disponibles ha sido autorizada para su administración en menores de 16 años, y el gobierno ha mantenido que la inoculación será voluntaria.
Según Bonilla Sánchez, “la mayoría de los planteles no están listos” para comenzar a recibir estudiantes.
La representante de la región de Ponce de la Local Sindical de la AMPR, Eulogia Ortiz Burgos, hizo hincapié en la incertidumbre que viven las comunidades escolares del sur del país, donde desde antes de la pandemia ya enfrentaban el desastre provocado por los terremotos de inicios de 2020.
“Es inaceptable que a más de un año de los terremotos no haya un plan concreto de cómo se van a dar las clases y sigan pensando en utilizar lugares como el Complejo Ferial de Ponce. En su momento esa fue una alternativa, per vimos el hacinamiento que allí se produjo. Con las medidas salud que se deben tomar ahora, este lugar no es una opción”, indicó Ortiz Burgos en una conferencia de prensa.
Bonilla Sánchez exigió una reunión “con carácter de urgencia” con Pierluisi y la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, quien precisamente fue la presidenta de la Asociación de Maestros hasta su nombramiento.
“Como representantes exclusivos del magisterio, legalmente y por convenio colectivo, tenemos que formar parte activa en la elaboración y coordinación de cualquier plan para nuestra unidad apropiada. Nuestro espíritu no es entorpecer los procesos, sino colaborar para que se puedan atender los asuntos que afectan a nuestros maestros y estudiantes”, insistió el presidente de la AMPR.
Toledo, por su parte, no anticipó las acciones que tomaría el gremio en caso de que el gobierno siguiera adelante con el plan de reapertura escolar.
“Estaríamos hablando adelante cuál sería nuestro plan estratégico. En estos momentos no vamos a adelantar nada”, dijo Toledo.
De acuerdo con Bonilla Sánchez, hay 24 escuelas sin director, 14 sin trabajador social, 272 sin consejeros, 30 sin enfermeras, 58 sin psicólogos.
“Ese personal es sumamente importante para atender la salud mental de nuestros estudiantes y compañeros maestros. Por eso insistimos que (las escuelas) no van a estar listas para marzo”, sostuvo el presidente.
Señalan a Educación por registro de asistencia
La AMPR, además, alertó de las posibles implicaciones que tendría la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de congelar $30 millones del presupuesto del Departamento de Educación debido a las demoras en la implementación de un sistema para registrar la asistencia de empleados, incluyendo maestros.
Toledo indicó que, aunque la plataforma digital existe, no funciona correctamente y los empleados enfrentan problemas para ponchar, lo cual, de no corregirse potencialmente derivaría en que perderían su salario a pesar de cumplir con sus responsabilidades laborales.
“Le toca a Educación garantizar que eso no suceda. Hablamos sobre esa plataforma, que se adquirió en 2007 y no se ha podido implementar de forma efectiva y que ha ocasionado que se hayan despilfarrado estos millones de dólares, un dinero que puede utilizar de forma efectiva para mejorar la infraestructura de las escuelas, para ofrecer los aumentos que se merecen los maestros y poder entonces mejorar, en este momento de pandemia, garantizar la seguridad de las escuelas”, señaló Toledo.
“Entendemos que esta congelación va a afectar no solamente a estudiantes, sino a maestros, porque son $30 millones que se están reteniendo de la nómina de los maestros. Tenemos maestros que al día de hoy no pueden ponchar, pero han estado trabajando desde agosto. Para efectos de la Junta, esos maestros no están cumpliendo con su jornada laboral”, añadió la líder sindical.
De acuerdo con la JCF, el Departamento de Educación, desde 2007, ha desembolsado sobre $80 millones en pagos a personas que ya no eran empleados activos de la agencia.
