Como un primer paso para corregir la situación que ha derivado en el desembolso de sobre $80 millones que el Departamento de Educación ha pagado a empleados inactivos –incluyendo fallecidos– a lo largo de más de una década, la agencia deberá remitir al Departamento de Hacienda un archivo con los registros de nómina, a partir del cual se evitarían desembolsos a personas por trabajos no realizados.
“Nosotros somos el custodio del sistema de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico. La interfase, a nivel técnico, ya ha sido completada y sería recibir el archivo de parte del Departamento de Educación. Es un archivo preintervenido, que se pueda tener una constancia razonable de la validez de los datos ofrecidos. Como todo proceso, sabemos que no es perfecto, así que tienen que haber los remedios concernientes tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Hacienda”, señaló el secretario de Hacienda, Francisco Parés.
Según la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, la cifra de personas que ha recibido pagos injustificados desde 2007 asciende a 5,384. Quincenalmente, la cantidad de exempleados que reciben pagos varía, añadió, sin entrar en detalle.
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Parés reconoció que, para recuperar el dinero desembolsado erróneamente, será necesario llevar a cabo investigaciones previo a realizar las gestiones de recobro.
“Los archivos van a incluir información sobre los horarios que estas personas trabajaron. Estamos hablando de tiempos corrientes, y eso nos va a ayudar a evitar emitir pagos corrientes a personas que no rindieron esos servicios. En cuanto a lo retroactivo, ciertamente se tienen que tomar unos pasos adicionales para analizar. Hay un asunto de debido proceso de ley a esas personas que recibieron pagos que podríamos sospechar. No necesariamente hay una determinación, hay que escuchar a la otra parte para tener precisión y certeza de lo que exactamente ocurrió. La Junta (de Control Fiscal, JCF) y el gobierno hicieron unos análisis y llegaron a unas conclusiones, pero también falta ver, como en todo proceso administrativo, la otra parte”, añadió el titular de Hacienda.
Como mecanismo para reformar el mecanismo para registrar la asistencia, la pasada semana la JCF ordenó retener $30 millones del presupuesto de Educación para el siguiente año fiscal, a base de un estimado del dinero que se malgasta en pagos a empleados inactivos de la dependencia.
Aponte Santos, por su parte, señaló que ya se han emitido tres comunicaciones a los empleados sobre la importancia de que hagan los “ajustes” necesarios para registrar su asistencia por medio del ponchador digital. Precisó que ha solicitado dos prórrogas a la JCF que han retrasado la implementación del sistema.
“Hemos emitido tres comunicados, ordenado que se establezca un centro de llamadas para hacer cualquier reclamación, hemos ordenado que se haga un sistema de citas y vamos a continuar orientando sobre este asunto”, dijo Aponte Santos, al puntualizar que el proceso de “orientaciones”, incluiría a docentes y no docentes, como conserjes y empleados de comedores.
Aponte Santos explicó que ya recibió autorización de la JCF para añadir 22 empleados al área de nómina de la agencia.
“Lo importante de este proceso es que va a ser un proceso de preintervención más estricto de lo que ocurría en el pasado. Eso ayuda a detener el sangrado de lo que ha estado ocurriendo hace 10 años, aunque nada me hace pensar que esto no ocurría antes. Se la aperciben unos derechos a las personas que no reciben el pago por los servicios que haya rendido, que es un de los asuntos que más preocupa a la secretaria […] El archivo va a venir con una información que nos va a permitir a nosotros restringir cualquier pago que se sospeche como indebido (aunque) sin una determinación final, porque hay un proceso que se le debe dar a las personas involucradas. Nosotros esperamos recibir los archivos ya en las próximas semanas”, puntualizó el secretario de Hacienda.
Sobre las personas que puedan haber cobrado irregularmente por años, Parés recalcó que los pagos deben ser devueltos independientemente de si fueron producto de “acciones afirmativas” o simplemente se recibió el dinero “inadvertidamente”.
“El que una persona no haya hecho una acción afirmativa para recibir estos fondos no lo excusa de tener que devolver cualquier compensación no devengada. Hay personas, que es una categoría de fraude, que toman acciones afirmativas para, en efecto, vencer los protocolos y recibir el pago. Hay otras personas que inadvertidamente reciben los pagos. En ambas instancias se debería devolver esos fondos. El Departamento de Justicia determina de tiempo en tiempo cuáles casos se deben ventilar a nivel criminal, pero en el caso de Hacienda la gestión de cobro debe ser a toda persona que haya recibido un pago indebido, adrede o inadvertidamente”, enfatizó.
Ayer, la Asociación de Maestros expresó preocupación ante la posibilidad de que empleados se queden sin recibir los pagos por circunstancias ajena a su control, como pueden ser imperfección en el mecanismo de ponchador digital. El presidente del gremio, Víctor Bonilla Sánchez, mencionó, por ejemplo, que hay escuelas que no cuentan con un servicio de internet confiable, lo que obstaculiza registrar correctamente los horarios trabajados.
