El Senado de Puerto Rico avaló hoy una resolución que propone investigar el destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021 pese a un intento del Partido Popular Democrático (PPD) por limitar la cantidad de planteles que podrían formar parte de la pesquisa.
La medida —de la autoría de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago— contó con el respaldo unánime del cuerpo legislativo.
“La resolución de mi autoría propone que se realice una investigación sobre el destino, el uso, la administración y el estado de las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de este año. Sin embargo, la tragedia del cierre de las escuelas comenzó mucho antes. Según habrán visto los compañeros en un informe que fue remitido a nuestras oficinas por el Centro para Reconstrucción de Hábitat, del 2007 al 2018, se clausuró el 44% de los espacios públicos educativos y ese proceso comenzó a acelerarse después de 2011”, dijo la senadora durante el debido en el hemiciclo.
Previo a su aprobación, el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, intentó enmendar la medida para eliminar las alusiones al exgobernador Alejandro García Padilla y al entonces gobernador Ricardo Rosselló. Además, las enmiendas dejaba en manos del Senado la cantidad de escuelas cerradas que se investigarían. No obstante, las enmiendas propuestas por Aponte Dalmau fueron derrotadas. Las minorías legislativas que incluyó a Santiago, el senador independiente José Vargas Vidot, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la senadora del Proyecto Dignidad votaron en contra de las enmiendas que propuso la delegación mayoritaria del PPD.
La legisladora del PIP hizo alusión al cierre de la Escuela Lola Rodríguez de Tío en Carolina en donde se clausuró una escuela vocacional para estudiantes con diversidad funcional, quienes luego fueron reubicados en otras escuelas “que no responden a sus necesidades”.
Según la legisladora, un estudio del economista puertorriqueño José Caraballo Cueto, el cierre de escuela de 2017 a 2019 dejó un saldo de 58,606 estudiantes desplazados. Asimismo, el académico planteó que el cierre de los planteles durante ese periodo allegó $34 millones a las arcas gubernamentales. Sin embargo, el mantenimiento de estas instalaciones aumentó a $311.7 millones, dijo la legisladora.
Asimismo, Santiago argumentó que, de acuerdo con un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, de 960 escuelas cerradas solo el 4% le generó ingresos al estado. “Los cierres no respondieron a ninguna consideración ni pedagógica, ni de planificación ni comunitaria”, denunció.
Por su parte, el senador novoprogresista Henry Neumann respaldó la medida de Santiago y cuestionó la cifra de escuelas cerradas durante el pasado cuatrienio. “El peor que cometió [la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher] y algo que no se entiende en un ninguna sociedad civilizada es el cierre de escuelas. Un gobierno tiene que procurar llevar la enseñanza más cerca del estudiante”, mencionó Neumann.
Mientras que el senador novoprogresista Carmelo Ríos pidió que se acelere la evaluación de estos planteles para que puedan ser reutilizados. “Para mí no es un asunto de si fallaron los de antes o los de ahora es: ¿cómo resolvemos?”, argumentó Ríos.
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