Una docena de policías estatales mexicanos fueron arrestados por su presunta participación en el asesinato de 19 personas, entre ellas varios migrantes guatemaltecos, cuyos cuerpos aparecieron baleados y calcinados cerca de la frontera con Estados Unidos a fines de enero, anunciaron las autoridades.
Los 12 agentes enfrentan cargos de homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio, explicó el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, el martes por la noche. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el miércoles el cese de ocho de sus agentes por irregularidades aparentemente vinculados al caso.
El suceso revivió la masacre de 72 migrantes en 2010 cerca de la localidad de San Fernando también en el estado de Tamaulipas, que está plagado de grupos del crimen organizado. Aquellas muertes fueron perpetradas por un cártel del narcotráfico.
En este caso se presume que los crímenes podrían haber sido cometidos por policías, entre los que había agentes de un grupo de operaciones especiales, agregó Barrios.
El fiscal no explicó cuál fue el móvil del crimen pero en México policías locales y estatales corruptos están a menudo a sueldo de los cárteles. Estas bandas del crimen organizado suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan al grupo que no haya pagado o a quienes optaron por cruzar con organizaciones rivales.
Los cuerpos fueron hallados en una camioneta calcinada en Camargo, al otro lado del río Bravo frente a Texas, en una zona marcada durante años por las sangrientas guerras territoriales entre los restos del cártel del Golfo y el antiguo cártel de Los Zetas. En el lugar se localizó otro vehículo también quemado pero sin cadáveres y con placas del vecino estado de Nuevo León.
Por el momento sólo cuatro de los cuerpos han sido identificados pero continúan las pruebas genéticas. El gobierno de Guatemala indicó que trabaja de forma coordinada para que se esclarezca un hecho “tan condenable” y “horrendo”.
Dos de los identificados eran migrantes guatemaltecos y otras dos personas eran mexicanos aparentemente vinculados al tráfico de migrantes.
Barrios dijo que uno de los mexicanos había reclamado en diciembre la camioneta con placas de Nuevo León que el Instituto Nacional de Migración había asegurado después de una redada en la que se detuvo a 66 migrantes que se dirigían a Estados Unidos de forma irregular.
Por este motivo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo el miércoles por la mañana que habían sido cesados agentes de migración vinculados al caso.
Posteriormente, en un comunicado, el INM detalló que eran ocho los funcionarios separados de su cargo por “la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta” involucrada en una redada contra migrantes en diciembre y que en enero apareció junto al vehículo con los cadáveres.
La nota agregó que fue puesta la denuncia correspondiente ante la fiscalía federal “para los efectos legales a los que haya lugar”.
“Estas violaciones a los derechos de los migrantes son absolutamente inaceptables y cualquier denuncia que tengamos en relación de algún personal de migración o de los policías o de cualquier otra instancia de gobierno que viole derechos humanos tenemos que… proceder en consecuencia, no para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares y probablemente constitutivas de delito a todos estos funcionarios”, declaró Sánchez Cordero.
De los 19 cuerpos, 16 eran de hombres, uno era de una mujer y los otros dos estaban tan consumidos por el fuego que no se pudo determinar su género.
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Los resultados forenses confirmaron los temores de las familias de una comunidad indígena rural de Guatemala que dijeron haber perdido contacto con 13 migrantes cuando se dirigían hacia Estados Unidos.
El vehículo con los cuerpos tenía 113 disparos, pero las autoridades estaban confundidas por el hecho de que apenas se hallaron casquillos de bala en el lugar. Esto llevó inicialmente a los investigadores a especular que el tiroteo podría haber ocurrido en otra parte y que la camioneta fue llevada al lugar, donde se le prendió fuego.
Pero Barrios dijo que los sospechosos sabían que los restos podrían delatarlos, así que probablemente los recogieron.
“Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido de la ausencia de casquillos y municiones”, afirmó el fiscal.
En su descripción de las horas previas a los asesinatos, el fiscal señaló que las víctimas iban en un convoy más grande de vehículos que llevaban a migrantes de Guatemala y El Salvador a la frontera de Estados Unidos. En esos coches había también hombres armados para ofrecer protección.
Barrios no descartó que el motivo de los asesinatos pudiese ser una disputa entre cárteles que luchan por el territorio y el derecho a cobrar a los traficantes de personas por pasar por sus zonas.
La masacre es el último capítulo en la historia de corrupción policial en Tamaulipas. La mayoría de las ciudades y localidades de la región vieron cómo sus policías municipales se disolvían hace unos años porque sus agentes solían estar en la nómina de los cárteles.
El Instituto Nacional de Migración también ha sido señalado en muchos casos como un organismo plagado de corrupción y coludido con los cárteles. “Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración precisamente en este tipo de violaciones de derechos y lo tenemos que reconocer para avanzar”, dijo el miércoles Sánchez Cordero.
Los familiares de los migrantes de la provincia guatemalteca de San Marcos estaban tan convencidos de que 13 de los 19 fallecidos eran sus seres queridos que la semana pasada armaron altares para los muertos con flores y fotografías.
Algunos dijeron que fueron contactados por el traficante que llevó al grupo de 10 hombres y tres mujeres al norte para decirles que sus familiares habían fallecido. Según los parientes, perdieron el contacto con los desaparecidos alrededor del 21 de enero.
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco dijo que está “atento a los avances de la investigación” y solicitó a México “que aplique todo el peso de la ley a los responsables de los sucesos tan lamentables que enlutan a familias guatemaltecas”.
