La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, la licenciada Mariana Nogales Molinelli propuso una serie de enmiendas al Código Penal para que los funcionarios y las funcionarias del gobierno hallados culpables de delitos de corrupción sean obligados a restituir al Estado por las pérdidas provocadas por sus acciones ilegales.
El Proyecto de la Cámara 482 establecería la pena de restitución como obligatoria en casos de apropiación ilegal de fondos o propiedad pública, utilización ilegal de tarjetas de crédito o débito, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, alteración o mutilación de propiedad, influencia indebida, omisión o negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, cometidos por empleados y empleadas del servicio público en el cumplimiento de sus funciones.
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“Actualmente, el o la juez tiene discreción para determinar si va a imponer o no la pena de restitución. Con esta medida estamos eliminando esta discreción y estableciendo que, en casos de corrupción, la persona convicta tiene que devolver al gobierno y al país lo que robó o utilizó mal. La potencial pérdida de libertad sin duda es una consecuencia muy seria y lamentable pero no repara el daño que se le ha hecho al fisco ni parece haber sido disuasivo suficiente para una Tata Charbonier, un Nelson Del Valle o una Julia Keleher. Tienen que saber que si se enriquecieron o recibieron beneficios ilegalmente a costa de todas nosotras, van a tener que devolver lo que robaron o nos hicieron perder,” señaló la legisladora, quien añadió que otra de las enmiendas establecería claramente que estos delitos no prescribirán.
Nogales Molinelli reconoció que también hacen falta cambios para erradicar la impunidad y facilitar la investigación y procesamiento de los casos de corrupción. “Sabemos que si estos crímenes rara vez se investigan o llegan a los tribunales, seguirá reinando el sentido de impunidad con el que ya hemos visto que actúan, independientemente de cuán graves sean las penas que se impongan. Por eso también estamos proponiendo enmiendas a la Ley de la Oficina del Contralor para eliminar cualquier inmunidad penal automática y para que sea obligatorio publicar los nombres de las personas implicadas en los informes del Contralor,” explicó.
La representante por acumulación aseguró que este proyecto le provee mayores y mejores herramientas investigativas y retributivas al Ministerio Público, el cual debe darle mayor prioridad a combatir la corrupción. “Hemos cuestionado muchas veces cuáles son las prioridades del Departamento de Justicia al determinar cómo va a usar sus limitados recursos. En estos días, se reactivó el caso de cinco líderes estudiantiles que ahora permanecen acusados y acusadas por interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR hace ya casi cuatro años. Esperamos que Justicia haga lo propio y desista de continuar extendiendo un proceso que evidentemente estuvo motivado políticamente y que representa un serio atentado a la libre expresión y asociación de los y las estudiantes de la UPR,” indicó Nogales Molinelli.
