Ante la negativa de LUMA Energy de revelar los salarios de sus empleados, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, exigió al consorcio energético y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) a revelar los detalles de los pagos que se realiza a dicha empresa.
Esta semana, Metro reveló que el consorcio energético —que administrará el sistema de distribución y transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)— contrató a la excomisionada del Negociado de la Policía, Michelle Hernández de Fraley. Sin embargo, la empresa se negó a divulgar el salario de la exfuncionaria aludiendo a la confidencialidad de una empresa privada.
“No se está cuestionando la capacidad ni el profesionalismo de la coronela Michelle Hernández. Aquí lo que se cuestiona es la necesidad que pueda tener LUMA para tener una contratación tan onerosa para el pueblo de Puerto Rico como sería la contratación de Michelle Hernández”, dijo el líder sindical en entrevista con Metro.
Según Figueroa Jaramillo, LUMA y la AAPP no han revelado los detalles de las facturas de LUMA y que incumplen con “requerimientos de transparencia”.
De acuerdo con un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, la empresa factura unos $7.8 millones mensuales a la AAPP por “gastos reembolsables” en el periodo de transición que se espera que culmine a mitad de año.
“Son documentos públicos porque aquí se está desembolsando dinero público. Tienen que explicar cuál fue el fin publico de ese desembolso”, añadió Figueroa Jaramillo.
Mientras que Fermín Fontánez, director ejecutivo de la AAPP, aseguró que desconoce el monto del salario que devengará Hernández de Fraley y argumentó que, de ordinario, los salarios de empleados ejecutivos de LUMA Energy no son ‘gastos reembolsables’.
“Los salarios no son gastos reembolsables, lo que el contrato establece son los rates que se factura por diferentes categorías, pero el salario del empleado no es un gasto reembolsable”, dijo el funcionario en entrevista con Metro.
No obstante, Fontánez no descartó que la empresa pueda facturarle a la agencia por las labores que realicen empleados como la exfuncionaria.
“Si el salario de ella es de X al mes, ellos no me envían una factura de que tengo que pagar X al mes, es la labor que el individuo haga como parte de la operación del sistema”, comentó Fontánez.
“Solo evaluamos si las tareas que nos facturan son reembolsables, si el trabajo va a la par con lo que se supone que estén haciendo en este proceso de transición y si las horas que me están facturando por ese trabajo son adecuadas considerando el desempeño para hacer lo que se necesita para ese trabajo”, añadió.
A su vez, Fontánez aseguró que la AAPP ha sido transparente en el proceso de transición entre el consorcio y la agencia. Planteó, además, que las facturas y el detalle de los gastos que somete la empresa a la agencia son públicas. Esto ante las denuncias de Figueroa Jaramillo y la organización multisectorial Queremos Sol, que envió una carta el jueves al funcionario en la que solicitan examinar el detalle de las facturas que somete la empresa a la AAPP tales como las horas trabajadas por personal gerencial y no gerencial, el trabajo realizado durante dichas horas y el desglose de todos los gastos facturados por LUMA.
“Hemos sido bien transparentes y toda esa información está publicada en nuestra pagina de Internet”, mencionó Fontánez. Agregó que LUMA somete un informe de gastos mensual a la agencia y luego de una evaluación de la AAPP, estos lo someten a la AEE.
Contratación que debería ser pública
Por su parte, el abogado Luis José Torres Ascencio opinó que los detalles de la contratación de empleados de LUMA Energy debería ser pública independientemente de que se trate de una contratación privada.
“Primero habría que decir que cualquier expendio de fondos públicos que se utilice para pagar un contrato o salario el pueblo debería tener derecho a conocer los detalles de esa contratación y los términos”, comentó el letrado, quien cuenta con experiencia en litigios que versan sobre el acceso a información pública.
“Así que en la medida en que al menos parte de la operación de LUMA esté asumiendo ahora una función pública y tal, pues por supuesto que uno pensaría que el derecho de acceso a la información que rige en Puerto Rico militaría a favor que el pueblo tenga derecho a conocer esa información”, continuó.
