La senadora popular por el distrito Mayagüez Aguadilla, Ada García Montes, presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, radicó una resolución para investigar los pagos indebidos de nómina realizados desde el 2007 al presente por el Departamento de Educación (DE) a personas que ya no figuran trabajando en dicha agencia.
“Esta situación evidencia la crisis administrativa que persiste en la agencia a diversos niveles. Como maestra que fui del sistema educativo, madre de una estudiante del DE, y ahora como senadora electa, entiendo que fundamentalmente hay que hacer dos cosas: primero, fijar responsabilidades ante este malgasto insólito de fondos públicos y segundo, validar las alternativas que implementa o implementará el DE, en conjunto con el Departamento de Hacienda para recobrar dichos pagos indebidos”, detalló la también abogada.
Para García Montes, investigar el incumplimiento de la agencia con el establecimiento de un sistema efectivo de validación de asistencia y la emisión de pagos empleados que dejaron de trabajar en el 2015, mina la confianza en las labores de la administración pública.
Desde septiembre de 2020, se ha reseñado en múltiples medios de comunicación que la Junta de Control Fiscal advino en conocimiento de que Educación había gastado cerca de $84 millones en nómina de empleados que ya no laboraban en dicho departamento, ya sea por haberse acogido al retiro, por haber sido cesanteados, haber fallecido, por encontrarse inactivos, o bien, por ser empleados activos y recibir paga completa durante periodos en que se habían ausentado.
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“Paralelo a ello, durante los meses del año 2020 en que se ha brindado clases de forma remota como consecuencia de la pandemia del Covid-19, los empleados docentes del departamento han confrontado problemas con el Sistema TAL, al realizar sus registros de asistencia a distancia. El sistema ha confrontado distintas situaciones, provocando que los docentes reciban descuentos injustificados en sus salarios ante el pobre registro de asistencia. Ese es otro tema a investigar”, añadió García Montes.
Luego de conocer estas situaciones, la Junta autorizó al DE para que implementara un nuevo sistema de validación de asistencia y horas trabajadas para enero de 2021. Este nuevo sistema debía evitar los pagos de nómina en exceso, identificando de manera efectiva a los empleados inactivos del departamento, y mejorando el funcionamiento de registro de asistencia ante la nueva realidad de trabajo a distancia. Sin embargo, para fines de enero de 2021, la agencia no cumplió con la implementación de este nuevo sistema, lo cual continúa provocando la pérdida de fondos públicos en nómina pagada a empleados inactivos. De hecho, la Junta determinó retenerle $30 millones al presupuesto al Departamento de Educación hasta tanto cumpla con la implementación de un nuevo sistema que evite la pérdida de fondos públicos.
