Luego de que el Departamento de Educación reconociera que los estudiantes cuyos padres opten por no enviarlos a las escuelas, una vez se reanuden las clases presenciales, tampoco tendrán acceso a los salones de manera virtual, la Coalición de Advocates y Familias de Estudiantes con Impedimentos de Puerto Rico (Cafeipr) expresó su repudio a esta limitación.
“Es abusivo. El Departamento no descansa en sus intentos de continuar creándole a los padres y madres de más de 103,000 niños y niñas adscritos a educación especial, las condiciones para continuar aceptando lo que ellos están dispuestos a dar y no lo que los estudiantes necesitan”, expresó Linda Ramos, portavoz de la Cafeipr.
Ramos, quien es consultora en temas de educación especial, señaló que “el Departamento de Educación se equivoca una vez más al decir que los padres deberán continuar usando libros de forma digital y las computadoras”.
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De acuerdo con la portavoz, la agencia debe asumir la responsabilidad y corregir las fallas que han provocado que las computadoras provistas se hayan bloqueado a “cientos” de familias en el país.
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“Se gastaron millones de dólares federales para comprar esas computadoras y el Departamento de Educación tiene que responder por sus constantes trampas y su incapacidad”, expresó Ramos en el comunicado de prensa.
Tal es el caso de Maribel Sierra Reyes, que tiene una hija con autismo, ubicada en el colegio Step by Step Learning School de Caguas, pero con servicios de educación especial y terapias que paga el Departamento de Educación.
“La misma semana que el Departamento de Educación me entregó la computadora, la misma se bloqueó. La tienen de lado a lado y nadie le resuelve el problema”, manifestó Sierra Reyes.
La madre añadió que la computadora vino programada con la plataforma Microsoft Teams, que es la que usa el la agencia, y no le permite descargar la plataforma Zoom, que es la que ha estado usando la escuela privada donde estudia su hija. Sierra Reyes explicó que optó por que su hija permaneciera estudiando a distancia ya que, además de tener autismo, la menor padece de asma bronquial. De igual forma, tampoco contempla, por motivos religiosos, vacunar a su hija contra el Covid-19 una vez las autoridades permitan la inoculación de menores de 16 años.
Juana Concepción, madre de tres niños entre las edades de cuatro, siete y nueve años, estudiantes de la escuela pública Luis Lloréns Torres de la capital, dijo que, aun si le entregaran las tres computadoras y le conectaran el internet, no podría darle clases a sus tres hijos, como ha pretendido Educación. Según explicó la madre soltera, dos de sus hijos tienen autismo y el ruido de los vehículos que transitan por la Avenida Baldorioty impiden que se escuche el sonido de las computadoras.
Concepción sostuvo que fue a solicitar el vale de internet a su proveedor, pero declinó cuando este le pidió su número de seguro social y le dijo que, si el Departamento de Educación no pagaba, ellos le cobrarían la deuda.
Metro publicó hoy en portada que la dependencia había aceptado que aquellos estudiantes de kinder a tercer grado, cuarto año y educación especial que permanezcan en sus hogares no podrán seguir virtualmente las clases que se ofrezcan de forma presencial. En declaraciones escritas, la secretara designada, Elba Aponte Santos, precisó que estos estudiantes recibirán trabajos para el hogar de acuerdo a las materias que se estén discutiendo en clases.
“Recordemos que ya todos los estudiantes tiene los libros de las principales materias de forma digital. Además cuentan con computadoras provistas por el Departamento”, afirmó Aponte Santos por escrito.
Aponte Santos ha anticipado que, de inicio, se podrían abrir, en horario reducido, hasta 172 de los 856 planteles públicos del país.
Ramos denunció que el Departamento de Educación sigue con su discurso erróneo de que la educación en Puerto Rico será gratuita mientras los recursos del Estado así lo permitan. Sin embargo, planteó eso no aplica para los estudiantes de educación especial, ya que, mientras el gobierno continúe recibiendo dinero de la ley federal IDEA, está obligado a ofrecer servicios apropiados y cumplir con las disposiciones de la parte A del estatuto, que indica que no están obligados a recibir esos fondos, pero que si los reciben están obligados acatar a las regulaciones, procesos, garantías procesales que estipula la parte B.
Ramos mencionó que defiende el que las clases comiencen presencialmente para aquellos estudiantes de educación especial a los cuales sus padres voluntariamente lo consientan, pero sentenció que los planes del gobernador Pedro Pierluisi y los que ha publicado la secretaria Aponte Santos no se alinean ni garantizan ambiente seguro para los estudiantes.
La portavoz cuestionó el plan de que los niños estén solo tres horas en la escuela y se lleven el almuerzo para su casa.
“¿Qué patrono va a soportar tanto permiso de empleados para buscar a los niños a la escuela? ¿Quién podrá trabajar tranquilo? El Departamento de Educación enfrenta muchos retos que tiene que resolver antes del 3 de marzo frente al país. De otra manera no habrá clases presenciales”, advirtió Ramos.
Anteriormente, la portavoz de la Cafeipr ha expresado que Aponte Santos ha demostrado no tener las competencias para ocupar el puesto y que no respalda su confirmación para el puesto.
