Ante el vencimiento del plazo fijado por la jueza Laura Taylor Swain, se espera que la Junta de Control Fiscal (JCF) presente hoy su plan de ajuste para reestructurar la deuda del país.
“Está pautado para [hoy] hacer el filing [presentación del plan de ajuste] como se había anunciado previamente”, señaló Edward Zayas, portavoz de la JCF, a Metro. Sin embargo, debido a la confidencialidad de la mediación, Zayas no pudo precisar los términos del acuerdo o si cuentan con el respaldo de la mayoría de los bonistas.
PUBLICIDAD
Las negociaciones entre los acreedores y la JCF comenzaron a finales de noviembre luego de que el organismo autorizó a sus directivos presentarles un nuevo plan a los bonistas. David Skeel, presidente de la Junta, en repetidas ocasiones ha insistido en que las negociaciones entre los bonistas y la Junta han sido de buena fe. Esto pese a críticas del directivo de la JCF, Justin Peterson, quien cuestionó las propuestas del ente fiscal. Incluso, ante sus alegaciones de que las negociaciones entre ambos lados no serían de buena fe, en noviembre Peterson solicitó formar parte de la mediación.
En octubre, la Junta presentó una propuesta que eliminaría de la estructura de los bonos junior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la sustituye con un instrumento de valor contingente (CVI, por sus siglas en inglés) de hasta $1,000 millones, el cual sería sufragado únicamente si los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso exceden las proyecciones del Plan Fiscal certificado de mayo de 2020. De acuerdo con la Junta, el nuevo plan destinará alrededor de $6,000 millones a los acreedores y alrededor de $5,000 millones en bonos de obligación general. La propuesta del plan enmendado también aplicaría una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes.
Asimismo, la presentación del plan de ajuste de la deuda surge a un día de que el Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones en Boston determinó que las impugnaciones a un plan de ajuste —en este caso a la reestructuración de la deuda de Cofina— deben radicarse antes de ser aprobadas por un tribunal.
En síntesis, el tribunal intermedio federal decidió que las objeciones a un plan de ajuste deben ser presentadas ante un tribunal antes de su aprobación. Sin embargo, en caso de que existan razones para impugnarlo luego de su aprobación, dicha oposición deberá ser radicada con agilidad. De acuerdo con el dictamen judicial, luego de la aprobación del plan de ajuste de Cofina, los reclamantes no solicitaron una orden de paralización de los procedimientos y se demoraron unos seis días después de la aprobación del plan para objetarlo ante el Primer Circuito.
La presentación del plan de ajuste también coincide con una solicitud que realizó la aseguradora Ambac el pasado 4 de febrero para que el gobierno de Puerto Rico presente un inventario de propiedades y activos de algunas entidades gubernamentales. Según la moción de Ambac, el valor de estas propiedades podría ascender los $1,300 millones y planteó que estas podrían ser incluidas en el plan de ajuste de la deuda.
“La información que solicita Ambac en torno a las propiedades y otros activos del gobierno es esencial para asegurar que Ambac y otros acreedores tengan la capacidad para evaluar las condiciones financieras del gobierno de Puerto Rico y participar en las negociaciones y procedimiento judicial del plan de ajuste. No puede suscitarse una evaluación significativa sin que se permita la oportunidad para explorar estos activos en controversia y examinar la posibilidad de que estos puedan ser monetizados, enajenados o gravados”, reza la moción.
