Houston – Al día siguiente de dar a luz en un hospital en la frontera de Texas, Nailet y su hijo recién nacido fueron trasladados por agentes federales a un centro de detención al que los inmigrantes a menudo se refieren como “la hielera”.
Dentro, las grandes celdas estaban llenas de mujeres con niños pequeños Nailet y su hijo estaban con otras 15 mujeres y recibieron una colchoneta para dormir, con poco espacio para guardar las distancias pese a la pandemia del coronavirus, explicó. Las luces nunca se apagaban. Todo el tiempo había niños estornudando y tosiendo.
Nailet, que abrigaba a su recién nacido con una manta que le dieron en el hospital, dijo a The Associated Press que los agentes de la patrulla fronteriza no le decían cuándo podrían salir. Ella y su hijo estuvieron seis días detenidos en un puesto de la Patrulla Fronteriza, el doble de lo que suelen permitir las normas federales.
“Tenía que insistir constantemente para que me trajeran toallitas y pañales”, dijo Nailet, que salió de Cuba el año pasado y pidió que no se publicara su apellido por miedo a represalias si se la obliga a regresar.
Muchas familias inmigrantes han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos en las primeras semanas del gobierno de Joe Biden. Hay signos de advertencia de las mismas crisis que marcaron el mandato del expresidente Biden: Cientos de inmigrantes recién liberados se ven entregados a grupos sin fines de lucro, en ocasiones sin previo aviso, y crecen los reportes como el de Nailet, de detenciones prolongadas en centros diseñados para estancias cortas.
Las medidas para contener el virus han reducido de forma drástica el espacio disponible en centros de detención que se vieron sobrepasados por un repunte en las llegadas en 2018 y 2019, cuando aparecieron las noticias de familias hacinadas en celdas y niños no acompañados que tuvieron que cuidarse entre ellos.
La mayoría de los puestos de la Patrulla Fronteriza no están diseñados para atender a niños y familias, ni para retener a gente en el largo plazo. Para gestionar las nuevas llegadas, la agencia reabrió el martes un gran recinto con carpas en el sur de Texas que aloja a familias y niños inmigrantes.
En un comunicado la semana pasada, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) dijo que algunos de sus centros habían alcanzado su “capacidad máxima de retención segura” y mencionó varios desafíos: los protocolos contra el COVID-19, los cambios en la legislación mexicana y el espacio limitado para retener a los inmigrantes.
“Continuaremos utilizando todas nuestras autoridades actuales para evitar mantener a personas en un entorno congregado durante cualquier periodo de tiempo”, señaló la agencia, que declinó una petición de entrevista.
Mientras tanto, los centros de retención de largo plazo para niños que cruzan la frontera solos -algunos enviados por padres obligados a esperar en México- están a un 80% de su capacidad. El Departamento federal de Salud y Servicios Humanos, que gestiona esos centros, reabrirá un centro de contingencia en un antiguo campamento para trabajadores petroleros en Carrizo Springs, Texas, el lunes como pronto. Puede alojar a unos 700 adolescentes. Los centros de contingencia tienen un coste estimado de 775 dólares por menor al día, y los demócratas los criticaron duramente durante el mandato de Trump.
No hay un factor claro que impulse la llegada de niños y familias. Algunos expertos y activistas creen que hay más gente tratando de cruzar de forma ilegal ahora que Biden es presidente, creyendo que su gobierno será más permisivo que el de Trump.
Muchos han esperado un año o más dentro del programa “Permanecer en México” de Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer al sur de la frontera mientras un juez estudia su caso. La Casa Blanca no ha añadido gente al programa, pero no ha dicho cómo resolverá los casos pendientes. También declinó expulsar a niños no acompañados amparándose en una orden de salud pública asociada a la pandemia que emitió Trump.
Otros señalan a las consecuencias de catástrofes naturales en Centroamérica y a la inestabilidad en países como Haití.
Estados Unidos también ha dejado de enviar a algunas familias inmigrantes de vuelta a México, especialmente en la zona de Tamaulipas, junto al sur de Texas. El cambio parece ser dispar, ya que en otras regiones sí se expulsa a migrantes y no hay una explicación clara para esas diferencias.
En México ha entrado en vigencia una ley que prohíbe retener a niños en centros de detención de migrantes. Pero la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que los acuerdos firmados con Estados Unidos durante la pandemia se mantienen en los mismos términos. El comunicado señaló que si bien es normal que haya ajustes en las políticas a nivel local, eso no implica que la práctica se haya modificado o detenido.
Algunas mujeres embarazadas, como Nailet, a las que se negó la entrada antes, vuelven a cruzar a Estados Unidos cuando están de parto. Sus hijos se convierten en ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento. La Patrulla Fronteriza suele liberar a estas familias en el país, aunque han aparecido reportes de expulsiones de padres inmigrantes y niños nacidos en Estados Unidos.
En el caso de Nailet, la CBP dijo que un aumento imprevisto en el número de familias que cruzaron la frontera cerca de Del Rio, unos 241 kilómetros (150 millas) al oeste de San Antonio, hizo que se prolongara su detención.
Los activistas afirman que las autoridades deberían haber liberado rápido a Nailet y a otras familias con niños pequeños, y acelerar los trámites para evitar demoras. Las autoridades se resisten desde hace tiempo a liberaciones rápidas, afirmando que animan a más inmigrantes a intentar el cruce ilegal, a menudo con contrabandistas vinculados a pandillas transnacionales.
Aún dolorida por el parto, Nailet daba de mamar a su bebé en la fría celda. Cuando dijo a los agentes de fronteras que le habían dado instrucciones en el hospital de que regresara el 1 de febrero, dice que se negaron a llevarla.
El CBP dijo que Nailet y su hijo habían pasado un chequeo de salud el miércoles por la mañana.
Fue liberada el jueves y trasladada a un hotel con ayuda de un grupo sin fines de lucro, la Val Verde Border Humanitarian Coalition, una de las organizaciones que está recibiendo a muchas familias inmigrantes cuando salen de la custodia oficial.
La doctora Amy Cohen, psiquiatra infantil y directora ejecutiva del grupo activista de inmigración Every Last One, describió cómo la detención en fronteras puede traumatizar a un recién nacido: el frío, la luz constante, el estrés que sufre su madre lactante.
“Es un momento tremendamente vulnerable”, dijo. “Está consumiendo el estrés que ella sufre. Esta es su primera exposición al mundo fuera del útero. Esto es extremadamente cruel y peligroso”.
Un repunte anterior en los cruces ilegales de fronteras, combinado con las demoras en el procesamiento de familias, provocó unas condiciones espantosas en varios puestos de frontera en 2019, con escasez de agua y comida y niños que en muchos casos tuvieron que arreglárselas solos.
El año anterior, cuando el gobierno de Trump separó a miles de familias inmigrantes dentro de su política de “tolerancia cero”, mucha gente fue detenida en un almacén reconvertido en el sur de Texas. Miles de niños arrebatados a sus padres pasaron a custodia del gobierno, lo que incluyó recluirles en centros en Tornillo, Texas, y Homestead, Florida.
