La administración de la Universidad de Puerto Rico, en voz de los rectores de los recintos de Río Piedras, Cayey y Mayagüez, creen que la propuesta Reforma Universitaria, impulsada en el Senado, debe pasar por varias enmiendas para acoplarse a la realidad fiscal que vive la institución.
La medida, enumerada como el Proyecto del Senado 172, fue radicada por el senador José Vargas Vidot el 4 de febrero y su contenido se lleva trabajando varios años por un comité multisectorial compuesto por representantes docentes y estudiantiles, entre otros.
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En una mesa abierta virtual con distintos medios, la administración universitaria explicó sus reclamos sobre lo que entienden son componentes en la medida que deben pasar por cambios dado a que, por dar un ejemplo, le elimina el poder para tomar decisiones al presidente de la institución y a rectores y lo transfiere a la Junta Universitaria.
A consecuencia de componentes como este, de acuerdo con el rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán Toro, la actual área administrativa pasaría a solo ratificar los planes estratégicos y presupuesto de la UPR que presente la Junta Universitaria.
“El proyecto, tal y como ha sido presentado… les puedo decir que la base filosófica de donde parte, son principios que son todos muy buenos. Habla de despolitización, descentralización, de autonomía, sana administración y muchas cosas que pienso que filosóficamente son principios importantes”, expresó el rector mayagüezano durante la presentación virtual.
“Sin embargo, el detalle al que lleva la implementación de esos principios filosóficos, de la manera que está planteado, nosotros opinamos que va a ser muy problemática para la Universidad”, agregó.
Dado a esto, Rullán Toro entiende que la legislación debe pasar por “serias enmiendas” antes de que el cuerpo legislativo lo apruebe.
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Algunas de las preocupaciones que presentó la administración universitaria incluye además a la transferencia de poderes ejecutivos a cuerpos deliberativos, lo que argumentaron como una propuesta que le añadiría una capa burocrática al manejo de la UPR.
“Las decisiones van a requerir estar en estos cuerpos, llevarse a votación, posiblemente ir a comités y tenemos una seria preocupación de que esto va a paralizar la Universidad. Una Universidad que de por sí es sumamente burocrática y le vamos a añadir una capa seria de burocracia para moverla y tomar las decisiones oportunamente”, expresó.
Reforma afectaría acreditación
De la manera que está escrita la Reforma Universitaria, la preocupación mayor que retuvo la presentación yace en cómo la medida podría afectar el proceso de acreditación de la UPR, sostuvo Jenniffer Alicea Castillo, vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo.
El tema de la acreditación fue uno que arrojó mucha atención sobre la institución luego de que estuviera en peligro de perderla a principios del 2019 dado a que la UPR no había entregado información requerida por la acreditadora Middle States Comission on Higher Education (MSCHE).
No obstante, en junio de ese año, la UPR logró retenerla luego de entregar la documentación y de varias visitas que realizaron representantes de la MSCHE a los recintos.
De acuerdo con Alicea Castillo, la Reforma aparta por completo los requisitos de cumplimiento, específicamente bajo el estándar de gobernanza de la UPR.
“Este estándar es muy claro en cómo establece las obligaciones del principal ejecutivo de toda institución acreditada y también establece las funciones y obligaciones de ese ente rector de la Universidad. Toda institución que quiere ser acreditada y permanecer así tiene que seguir al pie de la letra estos estándares. En este caso, se afecta directamente el estándar que mencioné”, explicó la funcionaria.
“Es un asunto muy importante que toda esta Reforma, enmiendas, lo que se quiera presentar por las serias preocupaciones que la comunidad universitaria tiene, siempre se vea bajo el lente de la acreditación y es algo que le falta a este proyecto”, agregó.
La presentación de la administración contó además con la participación del rector del recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao Delgado y el rector de la unidad de Cayey, Luis Tapia Maldonado.
En ella también se alega que en la medida no hay evidencia de que se haya consultado con la comunidad universitaria ni con la MSCHE.
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