Desde una pequeña oficina en el campus universitario se manejan máquinas que cuestan miles de dólares. Mantenerlas en buen estado le cuesta varios millones anuales al erario. Son equipos de estaciones sísmicas y mareográficas que forman parte del sistema de detección de tsunamis y terremotos. El monitoreo de esta información no solo aporta a la generación de datos en Puerto Rico, sino que también recoge información sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y de República Dominicana.
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Los datos que se generan son analizados e interpretados por tres profesores investigadores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que con apoyo de algunos estudiantes, hacen lo posible por documentar estos fenómenos y a la vez orientar al país sobre los riesgos.
Estos mismos tres profesores atienden a medios de comunicación, emiten recomendaciones y son consultados por múltiples agencias. Y su trabajo en el último año ha incrementado significativamente como resultado de los más de 10 mil temblores asociados a la secuencia sísmica que inició en diciembre 2019.
La falta de personal y recursos para la investigación sísmica en la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como la baja posición de la Isla entre las prioridades del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés) ponen en entredicho la posibilidad de que se lleve a cabo la anunciada recuperación resiliente en los municipios del sur afectados por los terremotos del 2020 y de que la revisión del Código de Construcción de la Isla prevista para este año incorpore la actualización de los últimos 18 años a los mapas de amenaza sísmica.
Aunque científicos de la UPR elogiaron el Código vigente por este atemperarse a los estándares internacionales, advirtieron que mientras no se actualice el mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico, el documento guía para la construcción no necesariamente atenderá las necesidades de infraestructura que cobraron mayor relevancia tras los movimientos telúricos documentados el año pasado.
“El Código de Construcción de Puerto Rico es buenísimo. Pero de pronto lo que no nos dicen es que el Código es tan bueno como la información que tú tengas para darle a ese código. Porque si a ese Código de Construcción no le pones las fallas [geológicas] que son, pues ese Código se queda cojo. El problema es la falta de información, de cómo logramos tener la imagen completa de toda la actividad sísmica”, explicó Huérfano.
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La secuencia sísmica del 2020 en Puerto Rico está asociada principalmente con la falla de Punta Montalva ubicada en la región sur. Según Huérfano, la primera publicación académica sobre esta falla ocurrió durante la década de los 1980. Si bien la investigación sobre esta formación geológica no ha cesado y en la actualidad continúan los estudios liderados por científicos de la UPR en Mayagüez, la falla todavía no es reconocida por el USGS.
Por la realidad colonial de Puerto Rico, el mapa de amenaza sísmica solo puede ser actualizado por el USGS. Esta gestión no ha ocurrido desde el 2003 y es incierto cuándo podrá incluirse la falla de Punta Montalva en un mapa que a su vez fortalezca cualquier actualización del Código de Construcción. Obtener el reconocimiento del Gobierno federal para aceptar una nueva falla requiere trabajo de campo extenso y un equipo de investigadores que divulguen sus resultados en publicaciones académicas aprobadas por sus pares.
“Para poder actualizar el mapa, uno tiene que localizar la falla y poderle poner el dedo encima. Se tiene que saber exactamente dónde está. Se tienen que hacer estudios sobre cuál es la magnitud máxima que puede generar esa falla y la recurrencia de los terremotos. Para tú saber la recurrencia de los terremotos, tú tienes que saber cómo se está desplazando una placa tectónica con respecto a la otra. Eso requiere unos estudios que toman mucho tiempo”, explicó al CPI José Martínez Cruzado, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y director del Programa de Movimiento Fuerte de Puerto Rico (PRSMP, en inglés).
“No esperemos que por lo que ocurra en Puerto Rico vamos a hacer un cambio dramático en el Código [de Construcción]. Lo que sí es particular para Puerto Rico es el mapa de peligrosidad [amenaza] sísmica. A lo que realmente hay que darle énfasis es a ese mapa de peligrosidad sísmica, que es una situación sismológica, geológica. Una vez se incorpora, eso cambia las fuerzas con las cuales los ingenieros tienen que diseñar los edificios. Cuando se consideran esas fallas en el medio de la isla, las fuerzas de diseño probablemente van a aumentar significativamente. Hay que diseñar para mayor fuerza. Los costos de construcción van a aumentar, pero lo importante es la seguridad del pueblo”, añadió el profesor de ingeniería.
Un portavoz del USGS le expresó al CPI que, aunque la agencia está consciente de la necesidad de actualizar el mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico, no hay certeza de cuándo ocurrirá.
“La secuencia sísmica del 2020 ha elevado al nivel de prioridad la actualización de los mapas de amenaza sísmica de Puerto Rico, de manera que el trabajo para reconstruir y modernizar los edificios e infraestructura de la isla puedan hacerse con las mejores estimaciones disponibles de posibles sacudidas sísmicas. La actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico es algo que se está planificando”, explicó el coordinador asociado del Programa de Amenazas Sísmicas del USGS, el Dr. Michael Blanpied.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre la razón para que el mapa no haya sido actualizado por casi dos décadas, el oficial del USGS admitió que Puerto Rico ha sido tratado de manera distinta en comparación con los estados.
“Desde la década de los 1990s, el USGS ha actualizado regularmente el Modelo de Amenaza Sísmica Nacional para los 48 estados contiguos en un período de más o menos cada seis años. Esas actualizaciones están alineadas con una agenda de actualizaciones periódicas a los códigos de construcción, lo cual es un proceso que maneja FEMA. Los mapas de amenaza sísmica para Alaska, Hawaii, Puerto Rico y otros territorios no se han actualizado con la misma frecuencia que el modelo continental [en Norteamérica] debido a limitaciones de recursos”, reconoció Blanpied.
Al igual que Puerto Rico, el mapa de amenaza sísmica de Islas Vírgenes estadounidenses fue actualizado por última vez en el 2003. Por su parte, los mapas de Guam, las Islas de Mariana del Norte y Samoa estadounidense e Islas del Pacífico fueron actualizados en el 2012. Hawaii tuvo su actualización en el 1998, mientras que la de Alaska ocurrió en el 2007. Para los 48 estados contiguos, el mapa se actualizó en el 2018.
Sobre los casos específicos de las actualizaciones de los mapas de amenaza sísmica para Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, Blanpied comentó que el USGS todavía no ha establecido un “presupuesto firme”, ni un calendario que establezca fechas para comenzar y completar los trabajos. Solo se sabe que no será antes del año 2023.
“El proyecto [para Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses] comenzará una vez se complete el modelo de amenaza sísmica que actualmente se trabaja para los 50 estados y que se publicará en el 2023”, agregó el geofísico del USGS.
Desde el programa que dirige Martínez Cruzado, así como desde la Red Sísmica que pertenece al Departamento de Geología del Recinto de Mayagüez (RUM), actualmente se trabajan investigaciones sobre Punta Montalva que están siendo sometidas como artículos para la evaluación de revistas científicas arbitradas. De lograrse su publicación, estos artículos académicos permitirán fortalecer el argumento para que el USGS incluya la falla de Punta Montalva en una futura actualización del mapa de amenaza sísmica.
“Estos mapas [de amenaza sísmica] son hechos a nivel federal. Puerto Rico está en la lista de asuntos pendientes [del USGS]”, expresó al CPI la investigadora de la Red Sísmica, Elizabeth Vanacore, quien trabaja una publicación académica sobre Punta Montalva con los resultados de una investigación presentada en diciembre del 2020 en la conferencia académica de la Unión Geológica de los Estados Unidos.
“Al final dependerá de lo que se incluya en el artículo. Si la publicación incluye la ubicación de la falla, su recurrencia y otro tipo de información relacionada, tal vez eso podría ser suficiente para incluirla en el modelo [mapa]. Pero no es fácil compilar toda esta información”, agregó la científica.
La Dra. Vanacore es, junto a Dr. Huérfano y el Dr. Alberto López, solo una de las tres personas que ocupan posiciones de profesores que son investigadores principales (PI, en inglés) de proyectos en la Red Sísmica. Su trabajo se divide entre la investigación, la docencia y los asuntos administrativos, incluyendo atender a los medios de comunicación cada vez que ocurren eventos sísmicos en el país.
“La clave no es solo recibir fondos para la investigación y equipo, sino también tener más investigadores”, comentó Vanacore, quien destacó las aportaciones investigativas de los estudiantes graduados del Recinto de Mayagüez.
Martínez Cruzado coincidió con Vanacore y expresó que en “la universidad estamos saturados de miles de cosas que tenemos que hacer”.
“No hay un solo programa de geofísica en la Universidad de Puerto Rico, teniendo dos redes sísmicas en Mayagüez. Se cae de la mata que tengamos un programa de geofísica y que tengamos ahí de cuatro a seis buenos profesores en esa área para que trabajen la sismología”, argumentó el director del Programa de Movimiento Fuerte.
Al reaccionar a preguntas del CPI sobre la necesidad de mayor personal de investigación para la Red Sísmica, el vicepresidente ejecutivo de la UPR, Ubaldo Córdoba Figueroa, respondió que ni la vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación del sistema universitario, ni el propio Recinto de Mayagüez han recibido solicitudes “para crear nuevas plazas o asignar el presupuesto para la contratación de profesores investigadores en la RSPR”.
Córdoba Figueroa mencionó que la Red recibe la mayor parte de su presupuesto operacional de asignaciones legislativas. Huérfano reconoció por su parte que aunque la Red no enfrenta mayores problemas con su presupuesto operacional, sí necesitan la disponibilidad de fondos para la investigación, con lo que coincidieron Martínez Cruzado y Vanacore.
“Hay un punto que requiere un poquito de atención de las autoridades y es la investigación. Esa parte no se incluye dentro del organigrama operativo. En el día a día estamos bien, pero en la investigación, eso requiere de personal científico. Ahí estamos en que hay que hacerlo, pero no hay el recurso suficiente para hacerlo”, reclamó el director de la RSPR.
De acuerdo a Huérfano, aumentar el personal de investigación es una recomendación que ya han realizado. Dijo que le corresponde a los departamentos académicos del RUM pedir los fondos para más investigadores. Específicamente, dijo que ha recomendado tener personal científico en departamentos académicos que colaboren con el trabajo realizado en la Red Sísmica.
Para obtener datos que permitan actualizar el mapa de amenaza sísmica, Córdoba Figueroa expresó, por su parte, que “este tipo de proyecto no correspondería a la Red Sísmica y sí estaría en los alcances del Programa de Movimiento Fuerte del Recinto Universitario de Mayagüez”.
“De surgir esta petición, se podría canalizar con investigadores del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del RUM, que cuenta con un considerable número de expertos en Ingeniería Estructural”, añadió el vicepresidente ejecutivo de la UPR.
Aunque la administración universitaria declaró que las investigaciones relacionadas a desarrollar datos que aporten a revisar el mapa de amenaza sísmica del USGS le corresponde al Programa de Movimiento Fuerte y no a la Red Sísmica, en la actualidad investigadores de ambos programas trabajan en conjunto para adelantar este objetivo junto al Gobierno federal.
Por ejemplo, es precisamente la Dra. Vanacore de la Red Sísmica y del Departamento de Geología, una de las investigadoras que trabaja en la actualización de las ecuaciones de predicción de movimiento del terreno.
No se sabe si el Código integrará consideraciones por la crisis climática
La posibilidad de que la revisión del Código de Construcción de Puerto Rico se atempere a las necesidades que surgieron tras el huracán María en el 2017 y los terremotos del 2020 en el sur enfrenta otro reto. Aunque el Gobierno dice reconocer la necesidad de producir un plan de mitigación nacional que pondere la crisis climática en el desarrollo de nuevas guías de construcción y otorgación de permisos, no existen garantías de que estas recomendaciones sean adoptadas por quienes evaluarán los posibles cambios al Código.
El secretario de Estado, Lawrence Seilhamer expresó que “definitivamente uno de los criterios [para el Código de Construcción] va a ser el cumplimiento con lo que se va a establecer en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al cambio climático”, tras la primera reunión del Concilio de Reconstrucción designado por el Gobernador, Pedro Pierluisi.
Sus declaraciones se referían a la Ley Núm. 33 de 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático de Puerto Rico, la cual fue de su autoría mientras fue senador.
La ley incluyó la designación de un Comité de Expertos de Cambio Climático que trabajaría en la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, pero en el plazo establecido de junio del 2020, debido a la ausencia de presupuesto y otros problemas administrativos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el plan no estuvo listo.
Previo a su salida de La Fortaleza, la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, firmó enmiendas para extender el plazo hasta el 31 de octubre del 2021.
Seilhamer indicó que, 21 meses después de firmarse la ley finalmente se identificaron los fondos para la operación del Comité de Expertos. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, dijo al CPI que se identificaron $100,000 que no estaban comprometidos dentro del presupuesto del DRNA para el actual año fiscal. A esa cantidad, se le añaden otros $20,000 que, según el titular de la OGP, fueron también identificados entre el presupuesto gubernamental vigente.
Los $120,000 asignados para lo que resta de este año fiscal 2020/2021 no es ni la mitad de los $300,000 que, según un integrante del Comité de Expertos que habló fuera de récord, fueron prometidos por Seilhamer.
El gobernador Pierluisi presentó en el borrador de presupuesto del año fiscal 2021/2022 la asignación de $2 millones para el Comité de Expertos. El presupuesto está sujeto a la aprobación de la Junta de Control Fiscal.
La oficina de Gobierno con la facultad de adoptar y promulgar el Código de Construcción es la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Uno de los integrantes ex officio del Comité de Expertos de Cambio Climático es precisamente el secretario del DDEC, Manuel Cidre.
Sin embargo, no existe garantía de que las recomendaciones publicadas en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia sean integradas al Código de Construcción.
“Una vez ellos [el Comité de Expertos en Cambio Climático] hagan las sugerencias y el estudio que vayan a hacer pertinente, eso va a pasar a nuestro Comité [de Código de Construcción] que sí conoce de construcción. Lo vamos a estar evaluando porque definitivamente todas las sugerencias se cogen muy en serio”, comentó al CPI el secretario auxiliar de OGPe, Gabriel Hernández Rodríguez.
Asimismo, el titular de OGPe dijo que actualmente se evalúa la posibilidad de enmendar el Código para aumentar las aceleraciones relacionadas a sismos. En esta gestión, Hernández Rodríguez dijo que se tomarán en consideración las recomendaciones de profesionales en la Red Sísmica y el Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR.
Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ
