Por años se ha hablado de la necesidad de una reforma universitaria. En las pasadas décadas, las iniciativas no han faltado. Ahora hay un nuevo intento.
Cinco senadores de distintos partidos políticos radicaron a principios de mes el Proyecto del Senado 172 y la movida avivó el debate sobre cambios en la composición administrativa de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
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La medida, de unas 87 páginas, cambiaría estructuralmente la manera en que se aprueba el presupuesto, cómo se escogerían a los rectores y el cargo de presidencia. Además, de ser aprobado, algunos cuerpos con el poder decisional en la institución, en este caso la Junta de Gobierno, pasarían solo a ratificar medidas aprobadas en la Junta Universitaria.
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Actualmente, la función de este último, compuesto por representantes de los distintos sectores universitarios de cada recinto, es asesorar al presidente en asuntos que atañen a la Universidad.
La Reforma Universitaria lleva en desarrollo desde el inicio del pasado cuatrienio, luego de que el Senado aprobara en el 2017 una resolución para investigar la situación fiscal, operacional, administrativa y académica de la institución.
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La Comisión de Educación y Reforma Universitaria, entonces presidida por el ahora exsenador convicto Abel Nazario, publicó un informe parcial que recomendaba al Senado la creación de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, grupo responsable de la nueva medida.
“En lo que se elegían los representantes de los sectores docentes, estudiantiles, no docentes, y de la comunidad de cada recinto, tuvimos que esperar hasta agosto de 2018 y ahí por primera vez nos reunimos”, expresó en entrevista con Metro el profesor Jorge Colón, quien forma parte del Comité Multisectorial para la Reforma Universitaria como representante claustral.
Desde entonces, el comité se reúne periódicamente e incluso celebraron simposios y eventos abiertos para discutir los cambios que se presentarían.
Sin embargo, cuando la medida iba viento en popa, el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo del año pasado detuvo el proceso de vistas públicas y no fue hasta ahora que se logró retomar la iniciativa.
“En enero, el proyecto actualizado lo llevamos de vuelta al Senado, hicimos una serie de reuniones con diferentes senadores y senadoras… y entonces se radicó el 4 de febrero”, agregó el profesor universitario.
Aunque en gran medida la legislación ha sido aceptada por la comunidad universitaria, la administración de la UPR, particularmente los rectores de los 11 recintos, se oponen y alegan que, además de crear una “capa burocrática” a la toma de decisiones, la Reforma Universitaria podría afectar la acreditación del primer centro docente del País por los cambios en la gobernanza que propone.
“Toda institución que quiera ser acreditada y que quiera permanecer acreditada tiene que seguir al pie de la letra estos estándares. En este caso, se afecta directamente el estándar número 7…este estándar requiere que las instituciones educativas tengan un cuerpo rector legalmente constituido y establece las obligaciones”, argumentó, por su parte, la vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo de la UPR, Jennifer Alicea Castillo, durante una mesa abierta la pasada semana entre medios de comunicación y los rectores de los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Cayey.
De igual manera, la administración universitaria entiende que de la forma en la que está redactada la medida se desprende que no recibió consulta alguna sobre el proceso de acreditación, una alegación que refutó el senador independiente José Vargas Vidot.
“La medida no fue consultada con nadie fuera de la UPR”, expresó Vargas Vidot a preguntas de este medio.
“Básicamente, lo que llega a mi oficina es el resultado de consulta. Lo que hago como legislador es fundamentalmente ponerlo en el idioma legislativo”, argumentó.
Desde que fue radicado, el proyecto senatorial no ha sufrido enmiendas. Aún no hay fecha para las vistas públicas en el Senado.
