Luego de que el director ejecutivo de Casa Pueblo denunciara un acoso por parte del Colegio de Peritos Electricistas hacia tres mujeres por trabajos de energía solar en Adjuntas, la presidenta del gremio, Frances Berríos Meléndez, alegó que en el proyecto no se estaba cumpliendo con la Ley 115 de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas.
La líder del Colegio alegó que el equipo de Casa Pueblo realizó, de forma ilegal, las instalaciones eléctricas con 12 trabajadores no autorizados y que las tres mujeres laboraban sin la supervisión de algún personal licenciado para la tarea.
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De igual forma, Berríos Meléndez explicó, en declaraciones escritas, que los inspectores intervinieron con el supervisor de la compañía de instalación a cargo del proyecto, y que no pudo demostrar las certificaciones de los trabajadores. El Colegio radicó una querella amparados en la Ley 131. Esta ley, que creó el CPEPR, detalla el personal autorizado para ejercer el oficio.
El director ejecutivo de Casa Pueblo en Adjuntas, Arturo Massol Deyá, denunció que un agente de la Policía Estatal visitó las instalaciones y que, anteriormente, el Colegio de Peritos Electricistas amenazó con un arresto civil a las tres mujeres que trabajaban en el proyecto. El líder ambientalista destacó que las mujeres son parte de la integración de la comunidad al proyecto que busca que el casco urbano de Adjuntas se ilumine con energía solar.
