El gobernador Pedro Pierluisi dio un espaldarazo a su secretario designado de Estado, Larry Seilhamer, quien ha estado bajo fuego de sus correligionarios novoprogresistas por inisnuar que Puerto Rico es incapaz de conseguir la estadidad mientras persista la crisis fiscal que, al momento, mantiene al gobierno central y varias de sus corporaciones públicas en un proceso de quiebra.
“Lo que ha dicho en cierta medida el secretario de Estado es algo que se cae de la mata. Puerto Rico está en un proceso de quiebra y va a ser positivo para todos los asuntos pendientes en esta isla, incluyendo el asunto del estatus, el que salgamos de esa quiebra. Por eso yo estoy dándole seguimiento y exhortando a la Junta de Supervisión (Fiscal) que someta un plan de ajuste (de deuda) que sea sostenible para que entonces el tribunal pueda tomar una decisión al respecto. Cuando se somete ese plan y el tribunal lo aprueba, de la forma en que se someta o de forma modificada, ahí prácticamente es el fin de la quiebra de Puerto Rico”, planteó Pierluisi.
Figuras relevantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y José Aponte Hernández y Carlos “Johnny” Méndez, expresidentes de la Cámara de Representantes, se cuentan entre los estadistas que han criticado a Seilhamer, quien en una entrevista reciente con El Nuevo Día señaló que Estados Unidos no incorporaría a un territorio “quebra’o”.
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Algunos legisladores, como el representante José “Quiquito” Meléndez, han condicionado su voto de confirmación a favor de Seilhamer, quien se desempeñó como senador bajo la Palma entre 2009 y 2020, a que este retracte sus expresiones, bajo la premisa de que la concesión de la estadidad es un asunto de “derechos”.
“Nuestra aspiración de tener la igualdad de derechos como un estado de Estados Unidos, seguro, esa quiebra es un estorbo, pero estoy seguro que vamos a salir de ella en el futuro cercano. Esa preocupación que puedan tener algunos de que atrase el asunto del estatus es académica, se va a tornar académica”, expresó Pierluisi, al subrayar que un estado, jurídicamente, no puede tener una junta impuesta por el gobierno federal para controlar sus finanzas.
“Larry es un estadista de cuna, no tiene que probarle eso a nadie. Siempre ha apoyado la estadidad para Puerto Rico y la igualdad de derechos que conlleva la estadidad”, añadió el gobernador.
El mandatario, por otra parte, rechazó que la Asamblea Legislativa tenga la “potestad” de bloquear asignaciones de fondos para cubrir los salarios de las seis personas que cabildearán por la estadidad y que serán electas en un proceso especial legislado a finales de diciembre pasado por la entonces mayoría del PNP.
“Aquí tienen que caer en tiempo unos cuantos. Lamentablemente como resultado de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, de la insolvencia, quien tiene la última palabra en los asuntos presupuestarios es la Junta de Supervisión. Pueden hacer todo el ruido que quieran hacer, pero realmente no hace diferencia”, argumentó el primer ejecutivo.
Ayer, en un video pregrabado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, precisó que la Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Popular Democrático, reduciría las asignaciones a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, de donde provendrían los fondos para los seis cabilderos, según dispone la Ley 167-2020.
Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, presidente cameral, han argumentado que tanto la Ley 167 como la Ley 165-2020, que viabiliza un referéndum ordenado por el ejecutivo para ratificar el resultado del plebiscito ‘estadidad sí o no’ del pasado noviembre, son inconstitucionales, al arrebatar poderes a la Legislatura y traspasarlos al gobernador.
