El Departamento de Justicia presentó esta mañana una demanda ante el Tribunal de San Juan para que se ordene a la compañía Texas Armoring Corporation (TAC) la devolución de $224,100, más intereses y gastos legales, relacionados con la compra de una guagua blindada adquirida para uso del gobierno de Puerto Rico pero que nunca llegó a la isla.
En la súplica, el Departamento de Justicia reclama que se declare nulo el contrato de compraventa o, en su alternativa, “se declare ha lugar la causa de acción por incumplimiento de contrato y ordene a TAC a devolver la cantidad de $224,100 más intereses, costas y gastos legales al Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
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La guagua blindada, que tenía un costo original de $245,000, se compró en 2018 para el uso del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, pero ante la presión pública por el elevado gasto en que se incurriría el exmandatario anunció que la traspasaría al Negociado de la Policía.
En conferencia de prensa, el secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli, subrayó que la compañía tejana intentó “dar un timo” mediante la compraventa de la guagua Chevrolet Suburban.
“No lo van a poder hacer”, recalcó Emanuelli, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa de Karla Mercado, principal oficial de compras del gobierno y directora de la Administración de Servicios Generales (ASG), agencia que, a nombre de La Fortaleza, tramitó la compra del vehículo a inicios de 2018.
Emanuelli subrayó que, aunque la demanda civil presentada esta mañana se limita a buscar la restitución de los fondos públicos, el Departamento de Justicia continuará investigando para determinar si procede iniciar acción criminal contra funcionarios del gobierno o representantes de TAC.
Según el funcionario, la compra no cumplía con los requisitos para obviar el procedimiento ordinario de compras y desembolsar pagos previo a la entrega del vehículo.
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“No cumplía y está en las alegaciones de la demanda. No tenía la dispensa para que se hiciera ese pago y, segundo, no tenía la prestación de fianza requerida. (La identificación de posibles funcionarios responsables) obviamente surgirá durante la investigación que se esté llevando a cabo durante el descubrimiento de prueba como de los aspectos administrativos”, subrayó Emanuelli.
Emanuelli admitió que, considerando el tiempo que ha pasado desde el momento en que se llevó a cabo la transacción y se emitieron pagos a TAC, algunos potenciales delitos podrían haber prescrito o estarían sujetos a prescribir próximamente.
La orden de compra de la ASG se generó el 23 de febrero de 2018, mientras que el primer pago, de $165,950 se realizó con fondos de la Oficina del Gobernador el 9 de marzo de ese año. Un segundo pago, de $58,150, de acuerdo con la demanda presentada, se emitió el 24 de octubre de 2018 por parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
“Desde el 26 de octubre de 2018 hasta principios del mes de febrero de 2019, TAC ni se comunicó con los demandantes sobre algún aspecto relacionado a la compra del vehículo de motor blindado”, indica el recurso legal, que añade que el 5 de febrero de 2019 representantes de TAC indicaron que la guagua se entregaría a finales de abril de ese año.
En el recurso, aparece como demandado Ronald Trent Kimball, en su carácter de principal oficial ejecutivo de TAC.
Emanuelli refutó que el gobierno de Puerto Rico hubiera incurrido en incumplimiento de contrato al presuntamente emitir el segundo de los desembolsos dos días después de la fecha estipulada para en el contrato para recibir un descuento del monto total. De acuerdo con el titular designado, si hubiera un remanente por pagar, habría tenido que ser desembolsado luego de la entrega del vehículo.
La demanda detalla que el 5 de noviembre de 2019, funcionarios del DSP y oficiales de TAC sostuvieron una llamada en conferencia para discutir el estado de la transacción. Sin embargo, se alega, poco después Mike Weaver, de TAC, “remitió un correo electrónico a la Sra. Silvia B. Saldaña, Chief of Staff del DSP, en donde incluyó fotos de un vehículo Cadillac Escalade que, según los oficiales de TAC, era similar a la Chevrolet Suburban”.s
“Lo anterior demuestra que TAC le ofreció un vehículo de motor distinto al DSP para sustituir la Chevrolet Suburban que había sido pagada por adelantado”, añade el documento.
Mercado, a preguntas de la prensa, reconoció que el gobierno desconoce cuál es el estado actual de la guagua blindada con especificaciones que se compró hace más de tres años.
“Al sol de hoy no podemos determinar si en efecto el vehículo está terminado, está completo. No han sido responsivos y tomando en consideración que se les desembolsó prácticamente la totalidad cuando se supone que se hubiese desembolsado al final”, señaló la principal oficial de compras.
Asimismo, Emanuelli aseguró que existen los mecanismos para procesar el caso pese a que se presume que los demandados se encuentran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.
“Si el caso se viera en Puerto Rico, que es lo que esperamos, vamos a obtener una sentencia, y cuando se tenga la sentencia hay un procedimiento para darle ‘full faith and credit’ en el estado de Texas”, planteó el secretario designado.
