El tema de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos estará nuevamente ante la consideración del Tribunal Supremo federal cuando el máximo foro judicial atienda una reclamación sobre la aplicabilidad del beneficio del Seguro Social Sumplementario (SSI, por sus siglas en inglés) para los residentes de la Isla.
Esta mañana, el Supremo federal acogió un recurso de certiorari en el caso de Estados Unidos versus Vaello-Madero que debate sobre el beneficio a los puertorriqueños en la Isla.
La administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump había elevado el pleito al Tribunal Supremo, luego que el Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Federal de Distrito determinasen que el beneficio aplicaba a los puertorriqueños en la Isla. Se estima que de aplicar el SSI en Puerto Rico, el impacto sería de unos $2,000 millones. El gobierno del presidente actual, Joe Biden, no desistió del caso.
De inmediato las reacciones de los políticos del patio se han comenzado a registrar en las redes sociales:
La demanda fue radicada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos en una acción de recobro contra José Luis Vaello Madero.
Este vivió en Nueva York del 1985 al 2013, donde recibía el beneficio del SSI por incapacidad. Luego, el hombre se mudó a Puerto Rico en el año 2013, pero seguía recibiendo el depósito del Seguro Social en su cuenta bancaria en Nueva York hasta el 2016. El gobierno de Estados Unidos inició una acción de recobro de dinero en su contra ante el Tribunal Federal de distrito, pero luego pidió la desestimación del mismo.
El gobierno de Estados Unidos pidió la desestimación del caso por falta de jurisdicción, alegando que aún habían procesos administrativos que Vaello-Madero podía agotar, pero el juez Gustavo Gelpí denegó esa petición de desestimación y el Tribunal de Apelaciones en Boston confirmó la determinación luego.
Antes de la determinación del Primer Circuito, el gobierno local se presentó como amigo de la corto. En ese entonces, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a semanas de ser ascendida al cargo ejecutivo, expresó que la intención de remover el derecho a los puertorriqueños era uno discriminatorio.
El Circuito de Apelaciones concluyó que “la exclusión de los residentes de Puerto Rico (al derecho de Seguro Social Suplementario) no está relacionada racionalmente con un interés del gobierno”. El caso en Boston fue atendido por los jueces Juan Torruella, Jeffrey Howard y Ojetta Rogeriee Thompson.
Luego la administración Trump recurrió al Supremo.
El secretario designado del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, indicó en conferencia de prensa que es al procurador general del gobierno, Fernando Figueroa Santiago, a quien corresponde representar los intereses del Estado ante el Tribunal Supremo.
“Obviamente al gobierno de Puerto Rico le interesa que se mantenga la decisión del Primer Circuito de Boston, pero va a depender de lo que decida el Tribunal Supremo”, indicó Emanuelli.
“Quien interviene es el Procurador General de Justicia, su oficina está aquí, trabajamos en conjunto, pero él es un funcionario nombrado por el gobernador y yo soy un funcionario nombrado por el gobernador. Yo no puedo hablar por lo que él pueda pensar. Él tiene completa autonomía”, aclaró el titular de Justicia.
Durante su campaña, el presidente Biden insistió que su administración defendería la concesión del SSI para los residentes de Puerto Rico, elemento que han recalcado figuras como el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
La administración de Biden, instalada desde el 20 de enero, sin embargo, no tomó acciones para retirar el caso presentado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Aquí puede revisar la apelación del Gobierno de Estados Unidos al Tribunal Supremo que ahora se verá en sus méritos:
Vaello Madero Pet by Metro Puerto Rico
El gobierno de Estados Unidos planteó un argumento de violación a la cláusula que garantiza la igual protección de las leyes. Se planteó que “el Congreso tiene interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo el cual Puerto Rico comparta los beneficios financieros, pero no la carga financiera de la estadidad, y declinar incluir a Puerto Rico en el programa del SSI es una forma racional de adelantar ese interés”.
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