La Cámara de Representantes aprobó unánimemente el martes, la Resolución de la Cámara 199, para investigar la implementación y cumplimiento de la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Transparencia.
“Uno de los reclamos constantes de la ciudadanía es que las leyes, además de aprobarse, se cumplan. Desde esa perspectiva, y para robustecer la transparencia gubernamental y el acceso a información publica, nos parece que lo mejor es evaluar cuáles han sido los resultados prácticos de las Leyes 122 y 141 hasta el momento”, sostuvo José Márquez Reyes, representante por acumulación y portavoz Alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en comunicación escrita.
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La medida presentada por Márquez y Jesús Manuel Ortiz González (PPD), busca fortalecer el derecho de acceso a información pública y atender las críticas que estas leyes han recibido desde su aprobación.
Explicó que la resolución ordena a la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Ortiz, investigar las labores del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) en la implementación de la política pública de datos abiertos (Ley 122-2019). Esto incluye la designación de oficiales de datos en los organismos gubernamentales, así como la digitalización y acceso electrónico a diversas categorías de información pública, como son presupuestos, salarios, gastos de viajes, contratos, subastas, entre otros datos.
La resolución también ordena investigar la implementación del procedimiento expedito de acceso a información pública (Ley 141-2019), que permite a la ciudadanía solicitar información en las entidades gubernamentales y tener acceso a ella en un periodo de 10 días. De acuerdo a la Ley 141-2019, las agencias gubernamentales tenían seis (6) meses para tomar las medidas administrativas necesarias y poner en vigor el procedimiento expedito de transparencia.
“Con esta medida vamos a evaluar la efectividad de la legislación aprobada recientemente en materia de acceso a información pública. Nos permitirá además conocer los pasos adecuados para implementar las herramientas de digitalización gubernamental que hacen más fácil dicho acceso a datos e información pública. Es momento de usar la tecnología para garantizar la transparencia en la información que produce y utiliza el gobierno. De esta manera combatimos la corrupción y garantizamos un gobierno de apertura”, comentó por su parte Ortiz González.
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