¿Cuántos restaurantes habrán cerrado en el pasado año? ¿Cuántas barras, panaderías, fast foods y food trucks no volverán a abrir sus puertas?
A casi un año de la pandemia por el COVID-19 en Puerto Rico, solo se conoce cuántos establecimientos de comida cerraron hasta abril del 2020 de manera temporera. Ni las autoridades locales ni las organizaciones que agrupan a la industria gastronómica pueden precisar cuál ha sido el impacto actual de la crisis sanitaria en ese sector. Es decir, cuántas localidades cerraron permanentemente o de qué tipo eran, por ejemplo.
Esto, a pesar de que la apertura de este segmento de la economía y la cantidad de clientela que pueden acomodar en sus comedores han sido uno de los balones de juego cada vez que el Gobierno enmienda las órdenes ejecutivas relacionadas con el COVID-19.
Tras casi dos meses de solicitudes de información, ni el Departamento de Hacienda ni el de Desarrollo Económico y Comercio pudieron proveer datos actualizados y certeros.
En Hacienda, los datos se limitan a los negocios autorizados a cobrar el 7% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en la categoría de venta de alimentos preparados. Aixa Cruz, secretaria auxiliar de Asuntos Económicos en Hacienda, explicó que en octubre del 2019 cuando comenzó la reducción del IVU en alimentos preparados, la mayoría de los locales decidió sacar la certificación pero hay una minoría de establecimientos que por no tener la certificación continúan cobrando el 11.5%, y por ende no están contemplados en los datos suministrados por la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Entendemos que tenemos datos de un grupo bastante representativo de la industria gastronómica. A veces hay restaurantes caros que se dan el lujo de cobrar el 11.5% pero la regla general es que la mayoría se ha movido a cobrar el 7%”, sostuvo Cruz.
Según la información de Hacienda, en marzo del 2020 en Puerto Rico había 6,833 localidades que vendían comida preparada y que contaban con certificados para cobrar el 7% del IVU. En abril del año pasado, ese número bajó a 551 establecimientos. Es decir, que durante ese mes, 5,773 localidades certificadas para cobrar el IVU de 7% estuvieron cerradas a causa de la pandemia.
Al comparar los datos de Hacienda entre enero de 2020 (6,324) y enero 2021 (5,569), se observó una baja interanual de 755 localidades. Esto se puede deber a que algunos no han renovado su certificado de autorización de cobro del 7% o están en trámites para hacerlo, aclaró Cruz.
Aunque esos datos no confirman cuántos establecimientos de comida permanecen cerrados a causa de la pandemia, Francisco Parés, secretario de Hacienda, se atrevió a estimar que unos mil negocios dedicados a la venta de alimentos han cerrado.
“La lista de los contribuyentes autorizados a cobrar el 7% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en la venta de alimentos preparados vence anualmente. El Departamento de Hacienda llegó a tener cifras de aproximadamente 8,000 a 8,200 localidades. Cuando se corre la renovación [del 2021], nos percatamos que solo hay 7,060 localidades, lo que representa unas 1,000 menos de lo que había en cumplimiento con el departamento [el año pasado]”, sostuvo Parés.
Los datos que tiene el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sobre esa industria reflejan una diferencia de 165 negocios menos entre el 2019 y parte del 2020. Esta cifra es distinta a la de Hacienda porque el informe Composición industrial por municipio que prepara el DTRH es un análisis de la industria de “Alojamiento y Servicios de Alimentos” que incluye hoteles, además de establecimientos de comida.
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Manuel Cidre, que desde enero es el designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, no pudo ser categórico respecto a cuántos espacios de venta de comida han cerrado en Puerto Rico en el último año.
“Decirte un número categórico de cuántos establecimientos de comida han cerrado sería irresponsable de mi parte porque no tengo los datos”, respondió. La agencia que dirige no pudo producir ningún documento de referencia que sirviera para conocer cómo la pandemia impactó a la industria gastronómica.
Por una línea similar se expresó el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda y quien también fuera secretario de Hacienda durante el gobierno de Alejandro García Padilla.
“Es difícil para Hacienda definir quiénes han cerrado, porque puede ser un cierre parcial o total, o temporero o permanente. Cuando cierra un negocio muy pocas personas se dan de baja de Hacienda. No existe un formulario específico para llenar cuando se cesa operaciones”, explicó Zaragoza.
Sobre esa alternativa de crear un cuestionario que permita tener un panorama más claro, Parés respondió que la planilla del IVU es lo que les sirve de indicador.
“La oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Hacienda está analizando esta y otras industrias, como parte del análisis de lo que ha ocurrido con la pandemia. Pero ha habido tanto trabajo en el departamento que hemos tenido que ir priorizando”, dijo Parés.
Los municipios tampoco llevan los datos. De acuerdo con el director de Administración del Municipio de Caguas, Víctor Coreano, es fácil saber cuántos negocios existen en un pueblo porque estos tienen que solicitar un permiso y pagar su patente municipal. Pero en caso de cierres, dijo, esos datos podrían generarse a través de sondeos y visitas a los establecimientos.
Los comercios que cierran operaciones definitivamente deben dar de baja su Registro de Comerciante en Hacienda, explicó Ilka Torres, del área de patentes de ese municipio.
“Hay muchos negocios que no están operando pero tienen activa su patente porque tienen esperanza de volver a operar. Como la capacidad está reducida, muchas veces eso afecta las ventas y por eso deciden no operar, pero su patente está vigente”, agregó la empleada municipal. Por esa razón, dijo, habría que esperar casi un año para conocer los datos de cierre a través de las patentes.
La empresa privada cuenta con sus números, pero están incompletos. La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) – que agrupa 170 compañías que operan 825 establecimientos del sector gastronómico que voluntariamente ingresan a la entidad – ha comisionado encuestas para conocer el impacto de la pandemia entre sus miembros. Si bien el 39% de la matrícula reportó pérdidas de sobre 50% en sus ingresos, la asociación no tiene datos de cuántos de sus miembros han cerrado parcial o totalmente.
“La encuesta trató de medir el impacto de la pandemia en general, no de un cierre como tal. No se nos comisionó un estudio sobre el cierre permanente de establecimientos”, puntualizó la economista Chantal Benet, directora de investigación y análisis en la firma Inteligencia Económica, que realizó la encuesta.
El informe Business Employment Dynamics que genera el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos estimó que para la primera mitad del 2020 cerraron 7,494 empresas, pero no las subdivide por industria o sector.
En alza los contagios en restaurantes
Se alega que, a medidas de mayor restricción, mayor probabilidad de cierre de negocios y mayor desempleo. Pero se desconoce la magnitud del problema, lo que hace preguntarse, cómo planifica el Gobierno atender la situación.
Los defensores de esta industria han alegado que no hay evidencia de contagios en restaurantes y por lo tanto no hay motivos para tantas restricciones en estos lugares. Sin embargo, recientemente un informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) señaló un posible aumento en los contagios relacionados a exposición en restaurantes. De 677 en enero de este año a 731 en febrero, según informado por las personas que son rastreadas.
“A pesar de que la proporción de casos residentes de San Juan ha reducido, de un 12% (1493/12723) a un 10% (654/6256), la proporción de residentes de San Juan contagiados que han informado que visitaron restaurantes, ha incrementado desde 18% (106/590) a un 20% (101/518). Todo esto apunta a que, a pesar de que los casos han descendido, los contagios suscitados en restaurantes continúan persistentes y sin mitigarse”, indica el reporte de rastreos producido por el SMICRC.
A juicio del economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, José Caraballo Cueto, la falta de datos a la hora de hacer política pública es como si un doctor recetara sin tener los resultados de laboratorio.
“Ya el Gobierno lleva muchos años recetando ciegamente. Lo triste es que no hay interés en resolver la crisis estadística. Tenemos estadísticas que se publican tarde o que son defectuosas en términos metodológicos. Por ejemplo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) publica todos los meses los datos de la Encuesta de Grupo Trabajador. Esa encuesta la hacen de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, justo cuando la gente que trabaja no está en la casa. Se le ha dicho que esa encuesta hay que hacerla en las tardes o fines de semana, pero el sindicato se opone. Cuando uno mira los datos no puedes saber lo que está pasando. Lo que publican no son datos exactos de qué está haciendo el mercado laboral. Es el mercado laboral que encontraron en horario de trabajo. Los que están en la casa, trabajan por la noche o son jubilados. Ninguna administración ha querido atender este problema. El problema es que puede recetar medicinas contraindicadas por no tener los análisis correctos”, alertó Caraballo Cueto.
Para conocer el impacto de la pandemia, el profesor recomendó que el DTRH haga acuerdos con investigadores de las universidades para trabajar con la base de datos del Gobierno donde están todas las planillas – que son datos confidenciales no disponibles al público – y utilizar la misma para analizar el antes y después de la pandemia sobre los distintos sectores de la economía.
Los rostros de los cierres
A José Román se le quiebra la voz cuando recuerda el 15 de marzo del 2020. Al mediodía, antes de abrir el salón de su restaurante El Turpial Boricua en Ponce, reunió a sus 12 empleados y les explicó que ante el toque de queda ordenado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, y que entraría en vigor ese día a las 6:00 de la tarde, no le quedaba otra opción que cerrar el establecimiento.
Sus empleados tomaron la noticia como algo pasajero: un momento amargo, claro, pero que no duraría más de dos semanas. Confiaban en que todo volvería a la normalidad pronto. Pero Román miraba el porvenir con menos esperanza.
“Yo les dije que esto era para largo. Venía siguiendo las noticias sobre el coronavirus desde que comenzó en China y luego en Italia. Les dije que teníamos que prepararnos porque era fuerte lo que venía”, narró.
Román no ha vuelto a abrir su restaurante desde ese 15 de marzo, a pesar de las órdenes ejecutivas más flexibles que se han promulgado posteriormente.
“Cerré por el bien común. Vi el número de personas que estaban falleciendo. No podía pensar solo en mí y poner en riesgo a mis empleados. Muchos vienen de Guánica, de Peñuelas, de lugares afectados por los terremotos. Me iba a sentir responsable si alguien se contagiaba. Después, cuando empezó la reapertura, seguí pensando igual, porque había más casos”, dijo.
Hoy Román vive de sus ahorros. Aunque su esposa y él tienen derecho a la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), y a ambos se lo aprobaron, él lo recibió hasta julio. Su esposa nunca vio un centavo, y cree que es una de las 40,000 personas en lista de espera.
“Aquí cerraron la plataforma original porque empezó el problema de las personas que recibieron el PUA ilegalmente. Entonces abrieron una plataforma nueva. Ella solicitó a través de esa plataforma y no le da acceso. Yo llamo y no me contestan. He tratado de solicitar y no hay ninguna respuesta. Sé que no hay el personal suficiente para tramitar el volumen de solicitudes, pero también sé que muchos se aprovecharon”, lamentó.
Además del dinero del PUA, que recibió por unos meses, Román solicitó un préstamo del Programa de Protección de Pago (PPP). Lo utilizó para pagar nómina y deudas de suplidores, y ya la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, en inglés) se lo condonó.
Román dijo que no abrirá el restaurante hasta que no haya una vacunación masiva, aunque sabe que no hay certeza de cuándo ocurrirá.
Héctor Rodríguez también cerró su negocio, el cafetín La Bambúa Criolla en Aguas Buenas, en marzo. A diferencia de Román, se aventuró a reabrirlo durante los meses de verano. No duró mucho tiempo.
“Cuando tienes un negocio en la orilla de la carretera es difícil controlar a los clientes. Por más que pongas letreros, es difícil. A veces tenía que cerrar la barra y solo vender comida para llevar, lo que me dejaba pérdidas. Yo sacaba a los clientes, cerraba el negocio y me iba, pero ellos se quedaban ahí. Hubo dos ocasiones que la Policía vino donde mí, no donde los clientes, a preguntarme por qué había tanta gente reunida y tratar de multarme. Les explicaba que no tengo control de los que se quedan en la carretera”, contó.
Además de las pérdidas en la operación y los problemas con la clientela y la Policía, Rodríguez cerró su establecimiento porque era demasiado riesgo para su salud. “Yo solo tengo un pulmón. El otro se quedó pequeño, no se desarrolló y no funciona. No me puedo exponer”, mencionó.
Rodríguez cerró su establecimiento en septiembre. Ahora, cuando cree que la cosa irá mejorando con la llegada de las vacunas y la aparente baja en contagios, decidió operar nuevamente. Le tocó enfrentarse a otro obstáculo.
“No me había fijado que mi permiso de uso decía ‘cafetín’, y en las órdenes ejecutivas los cafetines que vendían bebidas alcohólicas no podían abrir. Ahora quiero cambiar el permiso de uso a uno de ‘restaurante’. Llevo tres meses y todavía no me contestan. No sé cuál es la diferencia: yo entiendo que cafetín y restaurante es lo mismo. Si me dan el permiso pienso abrir, pero más restringido porque de verdad que no está fácil”, reconoció. Mientras espera por el cambio de permiso, Rodríguez recibe el PUA.
El CPI supo de otros establecimientos en el centro, norte y oeste de la isla que han cerrado. El cierre de establecimientos de la industria gastronómica, no solo afectó a las pymes, también ha impactado a las grandes cadenas. Jorge Colón Gerena, director ejecutivo de Grupo Colón Gerena, indicó que su compañía – que opera 118 restaurantes – cerró tres Sizzler en 2020. Otros establecimientos están enfrentando problemas para mantenerse a flote.
“La pandemia acelera procesos y destapa las inequidades que existen y que todos los conocemos, y eso se refleja más en unos pueblos que en otros. Afecta menos en el área metropolitana. Yo cerré en Manatí, Caguas y Cayey. Estos tres lugares no son Bayamón, Carolina o San Juan. Tenemos restaurantes que se están afectando y son los que se ubican en pueblos donde hay menos ingresos per cápita”, sostuvo.
De los 18 restaurantes de Ponderosa, cuatro cerraron permanentemente, ocho temporalmente y solo seis están abiertos. También cerró un Bonanza, indicó Margarita Rosa, empleada de la cadena propietaria de ambas franquicias.
Alto el desempleo en este sector
Aunque se desconoce el detalle de cuántos establecimientos del sector gastronómico han cerrado por la pandemia, sí se sabe que de los 70,400 empleos no agrícolas que se perdieron en Puerto Rico en el 2020, más de una cuarta parte – 18,700 – provienen del sector de recreación y alojamiento, donde se ubica la industria de hoteles y restaurantes.
Con respecto a esa última industria, el DTRH solo ha analizado los primeros dos trimestres del 2020 y, según esa información, en abril de ese año hubo una baja de 21,252 empleos.
De acuerdo con Caraballo Cueto, el desempleo acelera la migración.
“Pensábamos que el año pasado la gente no iba a migrar por la pandemia pero sí hubo migración. No a los niveles del huracán María, pero muchas personas emigraron porque estaban desempleadas. Hay quienes piensan que se van por los salarios pero aquí todo el mundo sabe que en los Estados Unidos en todas las profesiones se gana más que en Puerto Rico y el país no se ha vaciado. Cuando la gente se va es cuando no hay empleos, ni buenos ni malos. Cuando son jóvenes es más fácil porque no tienen activos, como casa, y se les hace más fácil relocalizarse”, apuntó el economista.
El PPP como tabla de salvación
La mayoría de los entrevistados coincidieron en que si no fuera por el PPP federal la situación sería más dramática. El programa fue establecido por la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica para el coronavirus (CARES Act, en inglés) para brindar un alivio económico a las empresas. Al momento se han abierto dos rondas de solicitudes. En la primera – que terminó en agosto del 2019 – se ofrecieron préstamos de hasta $10 millones a empresas con 500 empleados o menos. En la segunda – que termina el 31 de marzo de 2021 – se ofrecen préstamos de hasta $2 millones a empresas con 300 empleados o menos.
“Ese programa fue positivo porque fue la inyección de capital más importante a la empresa privada que ha habido en la historia moderna en Puerto Rico. Fueron $2.7 mil millones que no fueron al Gobierno, que nos ha demostrado cómo ha fracasado en la repartición de dinero, sino a la empresa privada. En la empresa privada, si yo no hago el trabajo bien, la Junta de Directores me bota; si no cumplo con el banco, ese dinero no se condona. En mi caso, el dinero se utilizó para pagar nómina, utilidades y rentas. La mayor parte se fue en nómina porque no despedimos a nadie. Si no hubiésemos recibido ese dinero, muchos restaurantes hubieran cerrado y la historia sería otra. La fila de las quiebras sería más larga que la de las vacunas”, comentó Colón Gerena.
Para que estos préstamos fueran condonados, las empresas debían cumplir con que al menos el 60% se utilizara en nómina y el 40% restante en el pago de renta, utilidades, sistemas de filtración de aires y gastos en equipo de protección.
Para Ricardo Martínez López, director ejecutivo del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología para Puerto Rico (SBTDC, en inglés), el principal escollo que ha visto entre los cientos de empresarios que ha orientado es la falta de conocimiento sobre cómo opera el PPP y que no tienen información financiera disponible. Para la segunda ronda del incentivo, por ejemplo, se agregó el requisito de que cada empresa solicitante debe evidenciar que tuvo una reducción de 25% en sus ingresos en cualquiera de los cuatro trimestres del 2020. Sin esa información recopilada, al comparar los trimestres es difícil determinar si hubo una reducción de ingresos.
Datos de SBA evidencian que en Puerto Rico 2,326 establecimientos del sector gastronómico y turístico (recreación, alojamiento, hoteles y restaurantes) se beneficiaron del PPP. De esos negocios, 2,074 son barras, cafeterías, asadores, bufés libres, restaurantes de servicio completo o limitado y servicios móviles de comida, y en total recibieron $43 millones en ayuda.
Cumplir con protocolos costó
Cuando comenzó el toque de queda con el cierre total en marzo, miembros de Asore decidieron crear un protocolo de seguridad para sus empleados y clientes. Para eso, Asore adoptó el de dos asociaciones de restaurantes (uno de California y otro de Texas), mencionó Ramón Leal, vicepresidente de operaciones y relaciones corporativas de International Restaurants Services.
“Luego NRA sacó un protocolo para toda la nación. Tomamos ese documento y le hicimos unas modificaciones sabiendo que el nuestro era más estricto”, puntualizó Leal.
El documento se comenzó a utilizar el 26 de mayo, cuando los salones comedores abrieron en un 25%. Cumplir con ese protocolo conllevó gastos onerosos para el sector gastronómico. “La industria de restaurantes hace un presupuesto, pero cuando el Departamento de Salud te dice que tienes que tener hand sanitizer, termómetro, rótulos, mascarillas para los empleados, todas esas medidas de protección tienen un costo”, señaló Leal.
Encuestas que Asore ha realizado entre sus miembros revelan que un 96% ha invertido en medidas de seguridad y tecnología para proteger a empleados y clientes del COVID-19: un 41% ha invertido hasta $5,000; mientras que un 30% ha invertido entre $5,000 y $15,000; un 13% ha invertido entre $15,000 y $30,000; y el 12% ha invertido más de $30,000.
Exigen más ayuda
Asore propuso al Gobierno desde octubre que se asignaran fondos del CARES Act para crear un nuevo programa de asistencia para cubrir gastos de equipo de protección personal.
En su primera orden ejecutiva, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia asignó al Secretario de Hacienda la preparación de un plan para otorgar asistencia económica a “entidades que hayan tenido pérdidas monetarias como consecuencia de una interrupción en las operaciones de sus negocios desde el 15 de marzo de 2020” por la pandemia de COVID-19.
La orden ejecutiva dispone que se le deberá dar “particular énfasis” a aquellos negocios que han cerrado “como resultado de las medidas de emergencia decretadas por orden ejecutiva, tales como pero sin limitarse, a barras y restaurantes”.
El plan para uso del dinero del Cares Act con este propósito fue presentado el 2 de febrero y ofrecerá ayudas desde $5,000 hasta $15,000 a pequeños negocios, de seis empleados o menos. De los $65 millones que se identificaron, se han aprobado 4,201 solicitudes y repartido $23 millones, aseguró Parés. No se ha divulgado una lista de los negocios que recibieron la ayuda o el desglose por tipo de negocio.
“Es una iniciativa para ayudar a microempresas, y cualquier ayuda al sector es buena, pero para ser de cero a seis empleados, deja al descubierto un grupo bien grande. Se queda corto al ayudar a la industria de restaurantes. Sería bueno saber cuántos de los 17,000 negocios que identificó Hacienda son de nuestro sector porque muchos restaurantes y cafeterías tienen más de seis empleados. No nos están ayudando”, reaccionó Gadiel Lebrón, director ejecutivo de Asore.
Al preguntarle a Parés por esta cifra, aseguró que el 80% de los 17,000 negocios que pueden recibir esta ayuda son barras y restaurantes.
Otra de las propuestas de Asore es que en los establecimientos de comida preparada se acepte la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Cuando el Gobernador reaccionó a esta propuesta recordó que en el 2010 se hizo un proyecto piloto que a su juicio fue efectivo. Por eso indicó que ya le había dado instrucciones a la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, para que se vuelva a implantar.
La última de las propuestas es la más controversial. Asore solicitó que se elimine el IVU permanentemente en este sector.
“En el tema del IVU tengo que ser realista. No quiero prometer lo que no puedo cumplir. Prefiero que se baje el IVU completo, no 11%. Pero tengo que trabajarlo junto a la Junta de Control Fiscal (JCF). Tenemos que salir de la quiebra para tomar control de la situación de la isla. Parte del IVU está calibrado por Cofina, y parte del IVU va a continuar por 20 o 30 años. Si se puede eliminar o reducir sería positivo. Yo voy a estar bien pendiente de ese tema”, sostuvo Pierluisi en conferencia de prensa.
Para Zaragoza esta opción no sería viable. “Eliminar el IVU no creo que sea el camino. Ese IVU ni va a Hacienda, pues después que se renegoció la deuda [de Cofina], eso va a un fondo especial”, mencionó el senador.
Entre los pocos datos recopilados por el Departamento de Hacienda está el impacto que el Gobierno ha recibido debido al cierre o disminución de ventas de estos lugares. Al comparar el año fiscal 2019 con el 2020 para actividades de alojamiento, servicio de alimentos y lugares donde se venden bebidas alcohólicas o alimentos preparados sujetos al IVU, se reportó una baja de $154.6 millones. Es imposible saber cuánto ha sido la disminución del pago del IVU solo en el sector de establecimientos de comida porque la categoría de información incluye hoteles, que han tenido una gran pérdida de ingresos.
No obstante, esta pérdida ya ha tenido un efecto en la situación económica del país.
“Los recaudos del Gobierno se han visto afectados. Esto ha llevado a que la JCF ajuste la deuda porque ya el Gobierno no tiene el mismo potencial de recaudo que tenía antes de la pandemia. Así que este es un efecto directo de la baja y si esos recaudos no aumentan lo que va a traer es más austeridad en los servicios públicos”, sostuvo Caraballo Cueto.
Qué hará el Gobierno por este sector
Ante la insatisfacción de Asore de que el nuevo estímulo económico se limitara a negocios de solo seis empleados, el secretario de Hacienda comentó que el proyecto puede ir evolucionando y ampliando la cantidad de comerciantes participantes.
No obstante, para Caraballo Cueto, el Gobierno falló al excluir a los negocios que están en la economía informal en el estímulo económico de pequeños negocios.
“El Gobierno dijo que esto era para los que estuvieran al día en el pago del IVU, en otras palabras para la economía formal. Entonces, si ya el programa federal era para la economía formal, para los que radican sus planillas, a nivel local debieron apoyar a los negocios informales. En vez de excluirlos, decirles ‘te voy a incluir pero te tienes que registrar’. Hacer una amnistía para que se registren y puedan participar. Pero eso es más trabajo y al Gobierno lo que le gusta es hacer lo más fácil”, criticó.
Por otra parte, a juicio de Cidre, no tiene sentido que el Gobierno limite la capacidad de personas a 30% en los establecimientos de comida. Manifestó que lo importante es que haya una distancia de seis pies.
“En el restaurante de mi hijo, por ejemplo, como es pequeño, aunque aumenten la capacidad de personas, él tiene que recibir pocas personas”, mencionó.
Por otro lado, indicó que en este tiempo readistrará al personal del DDEC para el “boom” económico que vendrá cuando se supere la pandemia. En ese escenario, Caraballo Cueto considera indispensable que se agilice el proceso de permisos.
“El Gobierno tiene que resolver el desastre en el área de permisos. Cuando pase la pandemia, muchas personas van a querer establecer negocios y esperar un año o dos por un permiso no es viable. Se tiene que hacer una reforma de permisos y que haya el personal para ejecutarla porque de nada vale que haya una ley que diga que un permiso se tiene que dar en 24 horas cuando no hay personal para cumplirlo”, señaló el economista.
Asimismo, agregó que se debe crear legislación para que en casos de crisis se puedan reestructurar de manera automática los contratos de alquiler. “Digo automática porque algunas empresas tienen el capital para contratar abogados y ganar los casos. Pero conozco una señora que tiene una cafetería en Bayamón y ella no tiene los recursos para negociar su contrato de alquiler”, expresó.
