Según el director de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Marc Thys Torres, solo 80 empleados de esa corporación pública han solicitado no pasar a las filas de la empresa LUMA Energy.
“Hasta el momento, solo conozco que al menos 80 empleados han notificado a mi oficina que no van para LUMA”, añadió el director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la AEE en comunicación escrita.
Este dato surge luego que la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante, Luis Raúl Torres Cruz, recibiera su comparecencia junto a la de Juan Carlos Blanco Urrutia, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para conocer en detalle cómo el contrato de LUMA Energy afecta la seguridad del empleo de los funcionarios que actualmente trabajan en la corporación pública.
Luego de una amplia vista, se descubrió que las agencias citadas no cuentan con un plan concreto para atender la posible transferencia masiva de empleados de la AEE al gobierno. La transferencia, forma parte de las opciones que la Autoridad presentó a sus empleados tras la aprobación del acuerdo con LUMA Energy. La Ley 120-2018, según enmendada, establece que los empleados regulares de la AEE que no pasen a trabajar para los contratantes, retendrán sus plazas, o serán transferidos a otros puestos dentro de la AEE y otras entidades gubernamentales.
De acuerdo con las expresiones de Thys Torres, la Ley 120 establece que la AEE en conjunto con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), realizará un estudio para identificar las plazas compatibles con la preparación de los empleados de la AEE. Sin embargo, al momento de contestar preguntas de los representantes, el funcionario expresó no tener claro cuántos empleados han solicitado a LUMA. Según Thys, actualmente 4,422 empleados deberían moverse para LUMA o a una agencia del gobierno.
“Le pregunto, ¿existe en el contrato de LUMA la obligación de que la empresa reclute a todos los empleados de la AEE?”, cuestionó el representante Torres Cruz.
“Tienen la obligación de entrevistar, pero no de reclutar”, contestó Thys Torres.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón añadió que la ponencia de Thys era muy parecida a la que había presentado anteriormente en vista pública el director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes.
“Esto es un copy paste. Lo que cambia es un párrafo. Hasta la letra es la misma”, expresó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Sobre las transferencias y el proceso de reclutamiento que ha realizado LUMA Energy, la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana expresó en su turno de preguntas un gran descontento.
“Aquí se tiene que escoger una opción o se quedan sin nada. Sobre todo, cuando un empleado de la AEE va a pasar de una corporación pública con una estructura a una ficción jurídica, que en este caso es LUMA, quienes no han podido justificar sus activos y las capacidades que tiene la empresa”, sentenció.
Tras la presentación de Thys Torres, los legisladores quedaron insatisfechos con el trabajo que ha realizado el funcionario.
“Usted no tiene la información necesaria para saber qué es lo que va a pasar con los recursos humanos de la AEE”, expresó Torres Cruz.
En la tarde, los representantes recibieron la comparecencia del director de OGP, el licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia. “Desde el punto de vista presupuestario, la medida no dispone de asignación de recursos para los propósitos que se pretenden alcanzar con la misma. El impacto que tendría su aprobación en el Fondo General es uno que no podemos estimar. En la medida en que Luma Energy adelante el proceso de contratación, estaremos en una mejor posición de proveer un análisis más completo”, expresó Blanco.
Luego de preguntas realizadas por los representantes sobre la capacidad del gobierno para absorber los empleados de la AEE, Blanco Urrutia no logró responder cuántos puestos vacantes congelados existen hoy en el sistema gubernamental. “La información existe, pero el sistema es complejo y tendríamos que sentarnos a sacar esos datos”, mencionó Blanco Urrutia.
Sobre cuánto le costaría al gobierno de Puerto Rico la transferencia de empleados, Blanco expresó que no cuenta con las variables necesarias para hacer ese cálculo. “No sabemos dónde está ese dinero. Los ejercicios presupuestarios toman tiempo. Sin dudas, es un ejercicio responsable que tenemos que hacer”, explicó el director ejecutivo de OGP.
“A 75 días del 1 de junio, aquí hay miles de empleados públicos de la AEE que están en el limbo”, aseguró el representante Denis Márquez en el cierre de su turno. “Hay una preocupación también sobre el uso correcto de los fondos públicos en este proceso. No quisiera ver que envíen 100 empleados para DACO, 100 para otra agencia, así, sin saber si cumple con las competencias del empleo”, añadió.
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