En la tarde de hoy, la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, participó en la Vista de Consideración Final sobre el Proyecto de la Cámara 152, el cual busca enmendar la ley 42-2017, conocida como la Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, “Ley Medicinal”.
Con esta ley se busca que los patronos no discriminen a empleados que sean pacientes de cannabis medicinal, tanto en el sector público como en el privado.
“Desde el primer día que se comenzó a considerar la medida levanté bandera sobre las implicaciones adversas que este proyecto podría traer al sector laboral. De la forma en que está redactada la pieza legislativa es ambigua, inconstitucional y tiene vicios de vaguedad” expresó Burgos Muñiz.
La portavoz de Proyecto Dignidad aseguró haber solicitado que se realizaran vistas adicionales a la del pasado 26 de febrero, “para que fuera escuchado el sentir de expertos en la Conducta Humana, Salud Mental, Adicciones”, pero su petición no fue atendida.
“Yo no llegué a la legislatura sola, represento a un amplio sector del pueblo conservador que decidió cerrar filas con Proyecto Dignidad porque precisamente estaba cansado de que no se les considerara al momento de legislar” explicó Burgos Muñiz.
La representante Burgos Muñiz sometió unas enmiendas que buscaban proteger los derechos establecidos en las Disposiciones Constitucionales de la Separación de Iglesia y Estado y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas también iban dirigidas a proteger las Instituciones Educativas, Corporaciones con o sin Fines de Lucro y Organizaciones Comunitarias de Base de Fe. Estas enmiendas presentadas no fueron aprobadas en la votación de la Vista de Consideración Final celebrada hoy.
“Nos llama la atención el hecho de que la Ciudad de Nueva York tiene una población aproximada de 9 millones y con alrededor de 40 Dispensarios de Cannabis Medicinal, mientras que en Puerto Rico, con 2/3 partes menos de la población de la Ciudad de Nueva York, ya cuenta con 127 Dispensarios y 200 esperando su licenciamiento. Otro dato que nos sorprendió es que la mayoría de las personas certificadas como pacientes de Cannabis medicinal en Puerto Rico están en el renglón de los 21 a 30 años de edad, seguida de cerca por la población de 31 a 40 años. Es indignante la manera en que ha sido evaluada esta pieza legislativa. Estas estadísticas son verdaderamente preocupantes”, expresó Burgos Muñiz.
“No puede ser que en Puerto Rico se continúe legislando para proteger solamente los intereses económicos de un sector, sin tomar en consideración las implicaciones que medidas como éstas tendrán en, la ya afectada, salud mental y el pobre desarrollo económico de nuestro pueblo. Esta legislación, sin pasar por un proceso riguroso, es una imposición que terminará afectando todos los sectores de nuestra sociedad” finalizó la también Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
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