La demanda de las legisladoras del Proyecto Dignidad no busca reivindicar los poderes de la Rama Legislativa, sino detener los avances de la educación con perspectiva de género. Al menos así opinaron diversas profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en un foro celebrado ayer en el que se discutió el pleito judicial presentado por la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos.
La demanda de las legisladoras —presentada el pasado 11 de marzo— solicitó al tribunal a que decrete que el gobernador Pedro Pierluisi usurpó las prerrogativas legislativas al tratar de implementar un currículo con perspectiva de género por medio de la Orden Ejecutiva que decretó un estado de emergencia contra la violencia de género. Además, argumentaron que la Orden Ejecutiva 2021-013 contraviene la Ley 62 de 2017 que estableció un plan piloto dirigido a crear un programa de educación con equidad de género ya que el Departamento de Educación no ha cumplido con la entrega de informes al cuerpo legislativo. La demanda también busca dejar sin efecto la implementación del currículo con perspectiva de género en la Orden Ejecutiva 2020-078 que autorizó la exgobernadora Wanda Vázquez.
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“En esta demanda, por ejemplo, en la superficie se hace un planteamiento —interesantísimo, bien redactado sobre separación de poderes, pero equivocado en lo sustantivo— lo que hay en el fondo es una indignidad. Es decir, es en el fondo detrás de la fachada, detrás de un planteamiento de separación de poderes, lo que hay es un deseo de detener los avances si alguno que se estén logrando con la ley de hace unos años ordenando que un grupo de escuelas experimentaran con al menos los principios de equidad entre el hombre y la mujer”, señaló el profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos en el foro celebrado en la Facultad de Derecho y moderado por la periodista Carmen Acevedo.
“Me preocupa mucho una demanda cuyo propósito último dice ser un planteamiento de derecho, pero que en el fondo lo que busca es detener un experimento cuando en el fondo lo que deberían buscar es que se acelere ese experimento para ver si logramos resolver el terrible problema de inequidad y de indignidad que existe en el país”, continuó el letrado.
Por su parte, la también profesora de Derecho Esther Vicente, comentó que, por los pasados años las figuras políticas han utilizado la educación con perspectiva de género como “punta de lanza” para una campaña eleccionaria. Sin embargo, indicó que, una vez obtienen el poder, archivan las iniciativas de implementación de esta educación. “Cada vez que se avanza, cada vez que se consigue una ley, o una orden ejecutiva, o una carta circular, o una orden del Departamento de Educación, encontramos —como hemos visto hoy día— que en algunos momentos, si estamos en periodo eleccionario, líderes y figuras prominentes, toman la educación con perspectiva de género como punto de lanza para su campaña eleccionaria”, dijo la letrada.
“Como pueden ver, el movimiento de mujeres, la academia, múltiples organizaciones de estudiantes, han realizado esfuerzos para atender el problema de la violencia contra las mujeres mediante la educación, pero siempre confrontamos elementos conservadores que esconden, elimina o paralizan el progreso que se obtiene en este proyecto”, señaló Vicente.
¿Tiene futuro la demanda?
Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional, Yanira Reyes Gil, opinó que la demanda de Rodríguez Veve y Burgos realmente se trata de una oposición a la educación perspectiva de género y no un intento para reivindicar el poder legislativo.
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“La estrategia que han usado las legisladoras del Proyecto Dignidad, es una estrategia jurídica ir al tribunal para detener este proyecto. No es difícil poder ver entrelíneas en esa demanda que la intención clara no es poder establecer el poder legislativo y defenderse ante la supuesta usurpación del gobernador, sino su intención es clara y directa en detener la educación con perspectiva de género”, planteó Reyes Gil.
Mientras que Ramos opinó que la demanda debe ser rechaza y comentó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ocasiones anteriores, ha sido muy estricto con las instancias en las que un legislador acude al foro judicial para reclamar que su prerrogativa legislativa se ha visto afectada. En este caso, en el que Rodríguez Veve y Burgos alegan que el Departamento de Educación no ha rendido los respectivos informes sobre el desempeño del proyecto piloto en unas 10 escuelas de la agencia, Ramos argumentó que las legisladoras debieron haber citado a la secretaria de Educación.
Vicente, además, comentó las instancias en que en el país se ha intentado adoptar currículos y enseñanzas con perspectiva de género pero que han sido ignoradas por los gobierno. Por ejemplo, la letrada mencionó que en 1976 la entonces Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer publicó un estudio titulado “La Visión de la Niña” en cinco libros escolares y luego en 1977 produjo otro trabajo titulado “Sexismo en el Salón de Clases” en el que evaluaba cómo, desde el propio sistema público, se promovía una “visión distorsionada y estereotipada sobre lo que le corresponde a los hombres hacer y a las mujeres”.
