En busca de proveer mayor protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, en específico a las personas migrantes residentes en Puerto Rico, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por la senadora, Ana Irma Rivera Lassén evaluó hoy, durante su primera vista pública, el Proyecto del Senado 11 que busca enmendar la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.
“Para mi, es un placer comenzar mi primera vista, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, con un proyecto como éste; ya que es uno de los temas que más afecta los derechos humanos en Puerto Rico, en lo relacionado a víctimas y testigos de delito, es confrontar posibles discriminaciones”, manifestó la senadora por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén.
El PS11, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, busca enmendar la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, para aclarar la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio; y a los fines de establecer que los funcionarios y funcionarias del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito.
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Durante su ponencia, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez Pérez destacó la importancia de que se apruebe la medida ya que “hemos tenido casos de obreros de la construcción [y empleadas domésticas] que luego del patrón ponerlos a trabajar, se niegan a pagarles sus honorarios y cuando acuden a radicar alguna querella, no se les toma dicha querella por los motivos antes mencionados, el carecer de un estatus migratorio definido”. Asimismo, enfatizó que muchos de los migrantes residentes en Puerto Rico han sido testigos de crímenes y no se atreven declarar por miedo a que se les entregue al Departamento de Inmigración, esto a pesar de la implementación de la Reforma de la Policía que evitaría este tipo de discrimen.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) reconoció en la ponencia presentada que “el NPPR cuenta con la Orden General 600, “Intervención con Personas Extranjeras”. Mediante la misma se establecen las normas y los procedimientos a seguirse por parte de los miembros del Negociado de la Policía al momento de intervenir con personas extranjeras, por diversas circunstancias”. Sin embargo, los licenciados Estrella Mar Vega y José Vázquez en representación del secretario del DSP Alexis Torres Ríos, expresaron que la agencia favorece la medida ya que es cónsona con la política institucional del departamento.
“Tenemos que analizar unas ponencias y otras, por eso también le solicitamos información más detallada a la Policía y al señor Rodríguez, que se conmocionó por la información de primera mano que tiene de cómo sufren las víctimas de delito, cuando son de un estatus migratorio y una nacionalidad que puede estar discriminada en Puerto Rico. Hasta ahora lo que yo estoy viendo es que hay que enmendar no solo la Ley, sino que dar muchísima más publicidad de cuáles son los derechos y muchísimo más entrenamiento a los que intervienen con las personas”, acotó la senadora Rivera Lassén al culminar la audiencia pública.
A la audiencia compareció el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Centro Multidisciplinario para Víctimas Sobrevivientes de Crimen (CAVIC) y el Comité Dominicano de Derechos Humanos; quienes favorecen la aprobación de la pieza legislativa.
