El exalcalde de Yauco Abel Nazario fue sentenciado hoy a 18 meses en prisión tras encontrarle culpable de varios cargos de emitir declaraciones falsas en torno a fondos del Departamento del Trabajo federal.
La vista de sentencia se realizó hoy, mediante videoconferencia, ante el juez federal Joseph Laplante. El togado, además, determinó que, una vez cumpla con la sentencia, Nazario deberá cumplir dos años adicionales bajo libertad supervisada. El pasado 21 de marzo, Nazario fue encontrado culpable por un jurado por 28 cargos de emitir declaraciones falsas y cinco cargos por fraude electrónico. Sin embargo, en septiembre, el juez desestimó las convicciones por los cinco cargos de fraude electrónico.
Antes de ser sentenciado, Nazario, también exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que aceptó la decisión del jurado y la sentencia del juez, pero indicó que mantiene una “consciencia limpia”.
“Sé que ya no podré hacer lo que más amo que es dedicarme al servicio público…Solo le pido que me ofrezca la oportunidad estar junto a mi padre en sus últimos días de vida”, pidió Nazario al juez Laplante durante la vista virtual. El padre de Nazario tiene 97 años.
Sin embargo, tras su súplica, Laplante cuestionó los motivos de Nazario en segmentos de su declaración y aseguró que la conducta del exsenador se trata de un “crimen serio”. El juez también comentó que, durante el juicio, pudo observar que Nazario intentaba proyectarse como un “benefactor” con fondos que no le pertenecían.
“Me impactó una imagen en la que usted personalmente está entregando estos cheques a sus empleados. No sentí que fuera una conducta de un gobierno municipal. Parecía que usted quería proyectarse como un benefactor o un salvador. Pienso que eso no es apropiado. Eso no era su dinero ni sus empleos. Se trataba de dinero y puestos públicos”, señaló el juez tras las declaraciones de Nazario.
La abogada de Nazario, María Domínguez, también intentó convencer al juez de que emitiera una sentencia de probatoria en lugar de que fuera enviado a prisión.
“Contra él no se alega haberse robado ni un solo centavo de dinero público durante su brillante carrera política. Nunca se ha alegado haber estado envuelto en actos de corrupción pública. Asumiendo la veracidad de los hechos de su caso, y tomando la convicción del jurado, su conducta no merece una sentencia de cárcel. Especialmente, ante los riesgos que implican una encarcelación en medio de la pandemia del COVID-19”, señala la moción que sometió la defensa legal de Nazario ante el tribunal el pasado 2 de febrero.
“Una sentencia de probatoria es suficiente, pero no mayor a lo necesario y permitirá que el acusado pueda alcanzar su potencial mientras continúa sirviendo a su comunidad y pasando tiempo con su padre envejeciente”, reza el documento legal.
Tras ser sentenciado, Domínguez solicitó al juez que colocara a Nazario en una prisión cercana a la isla —como en Tallahassee o Miami— debido a que en Puerto Rico no hay instalaciones carcelarias del gobierno federal. Domínguez también hizo alusión a decenas de cartas que sometieron al tribunal en las que solicitan clemencia para Nazario. Entre las figuras políticas que enviaron cartas se destacan la del exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia, los senadores del PNP, Henry Neumann, Carmelo Ríos, Gregorio Matías y el representante novoprogresista José Aponte.
El fiscal federal Scott Anderson, por su parte, objetó los planteamientos de Domínguez y argumentó que Nazario era responsable de sus propias acciones y fue quien único decidió incurrir en estos delitos. “Los políticos deben ser juzgados con un estándar más alto. Si permitimos que le mienta al gobierno federal el mensaje que estamos enviando es que no hay nada de malo en engañar al gobierno. Puedes seguir tu camino y sin cumplir una sentencia”, dijo Anderson. “Todo lo que hizo el acusado [Nazario] fue para su propio beneficio”, continuó.
En 2018, el gobierno federal acusó al exmandatario municipal de cometer fraude electrónico y por emitir declaraciones falsas con relación al manejo de fondos del Departamento del Trabajo federal. Los hechos por los cuales se acusó a Nazario se remontan al 2014 en el que, tras un referido de la Oficina de la Contralora, el Departamento de Trabajo federal le ordenó al municipio que realizara pagos retroactivos a cerca de 177 empleados por un total de $588,961.43. Esto como resultado de una investigación de la agencia federal que encontró que el municipio de Yauco había acordado con estos empleados para que laboraran dos horas al día de forma voluntaria.
Mientras tanto, Laplante dejó a discreción de las partes realizar una vista adicional para una discusión en torno a la cantidad de dinero que deberá ser restituida por Nazario.
La defensa de Nazario objetó la cantidad calculada por el gobierno federal de unos $34,846.39 como parte de la pérdida de los salarios de empleados de los cuales Nazario les retuvo de su nómina regular. El abogado de Nazario, Javier Micheo, planteó que la cifra debe ser reducida a $6,600.06. Micheo expuso que la cifra debía ser reducida ya que no se cuenta con suficiente evidencia del municipio para sustentar que dichas horas fueron trabajadas. Añadió que la cifra también merece una reducción debido a que muchos de estos empleados que testificaron no contaban con un contrato bajo el municipio de Yauco.
Anderson objetó los planteamientos de Micheo que la falta de documentación del municipio se debe a la propia administración de Nazario mientras fue alcalde de Yauco por 16 años. “Quieren usar sus fracasos como alcalde a su favor”, dijo Anderson. “Esta es la cantidad que se le debe a las víctimas”, agregó.
Laplante, sin embargo, descartó la solicitud de la representación legal de Nazario, pero sugirió a las partes realizar una vista por separado para resolver esta disputa.
