Tras recibir del Departamento de Justicia un listado con apenas 19 nombres de personas convictas por corrupción en Puerto Rico, la organización Sembrando Sentido aseguró que continuará sus gestiones para que la agencia divulgue de forma íntegra el registro que, según el Código Anticorrupción de 2018, deberá ser público y actualizarse regularmente.
“En la respuesta tanto a las solicitudes de información como a la propia demanda, el Departamento de Justicia indica que es relativamente difícil seleccionar o identificar la categoría que forma parte de esa clasificación de corrupción. Estamos hablando de un registro que se supone exista de una forma u otra desde hace 24 años, y otros estados, el propio gobierno federal, tiene sus propios registros de convictos por corrupción. No es algo nuevo en otros estados de Estados Unidos o el mundo. Nos preocupa particularmente que en dos años solo se pudieran validar 19 de 16,182 perfiles. Eso significa que se tardarían 22 vidas en poder cubrir esos 16,000”, expresó Issel Masses Ferrer, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.
PUBLICIDAD
Aunque Justicia le indicó a Sembrando Sentido que hay 16,182 perfiles de personas “preidentificadas” como posibles convictos por actos de corrupción pública, Masses Ferrer sostuvo que la cifra real debe ser apenas una fracción, toda vez que los tribunales procesan unas pocas decenas de casos anuales de esta naturaleza.
Según la también fundadora de la organización sin fines de lucro, el Departamento de Justicia, ahora encabezado por el secretario designado, Domingo Emanuelli, les dio a entender que, además de los 19 perfiles confirmados de personas convictas por corrupción, no se ha descartado ninguno de los restantes casos “preidentificados”, por lo que aún faltarían por analizarse los restantes 16,163 perfiles.
“No nos queda claro qué ellos están cualificando como delitos de corrupción. Eso hace que sea un poco difícil saber si estamos alineados con la interpretación que está desarrollando Justicia en el desarrollo de este nuevo registro. Si miramos las estadísticas de los tribunales, entendemos que los casos de malversación y corrupción ronda los treintipico anuales. Realmente no me parece que esos 16,000 casos todos sean validados. Pero depende de cómo ellos lo están definiendo y esa información no nos la han otorgado”, sostuvo Masses Ferrer.
La directora de Sembrando Sentido puntualizó que la Ley 119-1997 ya proveía para el establecimiento de un registro de personas convictas por corrupción. El Código Anticorrupción (Ley 2-2018), en tanto, estableció cuatro categorías de delitos que serían considerados para el registro, que a su vez contendría el nombre completo de la persona convicta, el número de caso, la fecha de la sentencia y el delito incurrido, entre otros datos.
“De acuerdo con la información que tenemos, existía un registro en la Policía desde el 1997, y supuestamente en 2016 pasó a manos del Departamento de Justicia. Pero tampoco sabemos qué pasó con este registro ni qué información estaba dentro del registro. El propio Departamento de Justicia (como parte de la respuesta a las) solicitudes de información nos indicó que ya había un nuevo registro, pero no considero que 0.1% de una población preidentificada constituye un registro”, subrayó Masses Ferrer.
PUBLICIDAD
La experta en política pública añadió que le recomendaron a la agencia que actualizara el registro mensualmente, pero al momento se desconoce si acogerán la sugerencia o cuándo, en efecto, lo harán público.
“Es lo que estamos pidiendo que se haga, ya sea a base de un acuerdo con Justicia o solicitándoselo al juez Anthony Cuevas, porque entendemos que tenemos que asegurarnos que esto continúe progresando y se inviertan los recursos necesarios para que esto evolucione para que sea útil para la ciudadanía y la utilización de recursos públicos”, señaló.
Problema de años
La falta de diligencia y transparencia del Departamento de Justicia forma parte de lo que, a juicio del ex fiscal federal Osvaldo Carlo, ha sido un largo historial de distanciarse de los esfuerzos para combatir la corrupción pública en el país.
Para el analista, el modelo vigente, de entrada, provee para que no sea Justicia la entidad encargada de procesar los posibles casos de corrupción, toda vez que se le asigna a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) la responsabilidad presentar en los tribunales los cargos criminales contra personas involucradas en delitos gubernamentales de alto perfil. El exfiscal resaltó que al presente la jurisdicción de la Opfei cubre incluso a las personas privadas que figuren como coautores del acto ilegal.
“Donde está la falla mayor del Departamento de Justicia es en la parte investigativa. Aunque el Departamento de Justicia es bastante diligente en tramitar referidos, lo más que vemos son referidos y no investigaciones que se originen en el Departamento de Justicia. Ahí el problema tiene que ver con aspectos políticos, del balón que ha resultado ser el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que se creó como la rama investigativa del Departamento de Justicia precisamente para casos de corrupción pública, entre otros. Y cuando se crea el Departamento de Seguridad Pública (en 2017) se decide sacar al NIE de Justicia, que obviamente fue un error que entiendo que el gobernador actual (Pedro Pierluisi) quiere corregir”, dijo Carlo.
Sin embargo, “aun existiendo el NIE debajo del Departamento de Justicia, tampoco en esa época vimos mucha actividad de originar investigaciones de crímenes de cuello blanco o corrupción pública, comparándolo con los federales”, reconoció el abogado.
A más de tres años de la aprobación del Código Anticorrupción, el Departamento de Justicia apenas a ha referido a la Opfei una investigación al amparo del estatuto: la pesquisa contra la exgobernadora Wanda Vázquez por su despido de Glorimar Andújar, extitular del Departamento de la Familia, en presunta represalia por las medidas que tomó al conocer del mal manejo de suministros de emergencia durante la racha de terremotos a inicios de 2020. Vázquez, precisamente, era la secretaria de Justicia al momento de la firma de la Ley 2-2018.
Carlo rechazó que el problema en la isla se relacione con la falta de legislación para atender el tema de la corrupción. Más bien, opinó que existe poca confianza entre posibles delatores hacia el sistema de justicia estatal.
“Si eres testigo en un caso federal de corrupción pública, tu nombre nunca va a salir público hasta que llegues al juicio, si llega. Aquí desde la primera etapa meten detrás de la denuncia tu nombre y dirección. Son detallitos que dices ‘si tengo información valiosa, y siento que como ciudadano estoy arriesgando mi seguridad, ¿a dónde voy?’. Un abogado conocedor te va referir a los federales. Son detalles que tenemos que verlos”, sostuvo Carlo.
“El Código carece de mucha sustancia. Tiene algunas garras y disposiciones útiles, como consideramos es el registro de convictos por corrupción, si se implementa correctamente. Pero sí hay carencias en ese Código, y lo vemos hoy en las discusiones sobre las regulaciones de cabilderos, puertas giratorias y donantes políticos que (además) son contratistas. Es un sinnúmero de esquemas que tienen que ver con corrupción y que no se están regulando bajo ninguna de las normativas”, señaló, por su parte, Masses Ferrer.
