El dinero “invertido” por el municipio de Mayagüez estaba destinado originalmente al Centro de Traumas del Centro Médico de la Sultana del Oeste, confirmó el miércoles, el fiscal federal, W. Stephen Muldrow.
“La acusación y la información que nosotros hemos dado refleja claramente que la víctima era Mayagüez, el pueblo de Mayagüez. El hecho de cómo pasó de que hayan decidido entregar 9 millones de dólares para invertir está explicado en la acusación”, dijo Muldrow a preguntas de la prensa.
¿Era para el Centro de Trauma?, se le preguntó a Muldrow.
“Si”, contestó el fiscal federal.
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Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal en la que se acusa a siete personas de treinta y tres cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico y Tyler Hatcher, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo de Miami, y Rafael Riviere Vázquez, agente especial a cargo del FBI, hicieron el anuncio.
“Se confió a los imputados en esta conspiración para invertir dinero público en beneficio del municipio de Mayagüez y la zona oeste, pero en cambio utilizaron parte de él para beneficio y gastos personales, defraudando al gobierno”, dijo Muldrow en declaraciones escritas. “Continuaremos enfocándonos en este tipo de esquemas de fraude y trabajaremos con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar a los acusados ante la justicia”, añadió.
El agente especial interino a cargo Tyler Hatcher, de Investigación Criminal del IRS, Oficina de Campo de Miami, dijo: “Las personas en una posición de confianza que usan dinero público para cometer fraude con fines de enriquecimiento personal traicionan la confianza de los ciudadanos a quienes se supone que deben servir. Estos fondos fueron destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una región de Puerto Rico y este fraude no quedará impune. Todos somos responsables de cumplir con las leyes, independientemente de la posición de influencia. La Investigación Criminal del IRS junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán nuestros esfuerzos colectivos para hacer cumplir la ley y fomentar la confianza pública”.
En el auto de procesamiento se alega que de marzo de 2016 a junio de 2018, los imputados Eugenio García Jiménez, alias “Gino”; Stephen Kirkland, también conocido como “Steve”; Steve Minger; Alejandro Riera Fernández; Joseph Kirkland; Arnaldo Irizarry Irizarry; y Roberto Mejill Tellado orquestaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y Mayagüez Economic Development Inc. (en adelante “MEDI”) de dineros pertenecientes a Mayagüez, al representar falsamente que la totalidad de 9,000,000 de dólares en capital perteneciente al Municipio de Mayagüez y confiado a MEDI para inversión de hecho, se invirtió y arrojó una tasa de rendimiento significativa. MEDI es una corporación pública nacional con fines de lucro creada con el propósito de promover el desarrollo económico de Mayagüez y la región oeste de Puerto Rico, generar empleos, apoyar proyectos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Los acusados transfirieron, distribuyeron y gastaron el dinero de maneras inconsistentes con las declaraciones hechas al Municipio de Mayagüez y MEDI sobre la inversión del dinero, para incluir compras de: una embarcación marina, joyas, ropa, matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, tarjeta de crédito, pagos y decoración del hogar, así como mejoras inmobiliarias (piscinas, por ejemplo) y el pago de hipotecas de viviendas.
Utilizando múltiples entidades corporativas fantasmas y cuentas financieras, los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes al Municipio de Mayagüez, destinados a inversiones, que luego los acusados utilizaron para gastos personales y compras de bienes muebles e inmuebles. El uso de entidades corporativas fantasma sirvió además para ocultar el plan para defraudar a Mayagüez y MEDI y permitió a los acusados adormecer a Mayagüez y MEDI haciéndoles creer que los nueve millones de dólares fueron invertidos como representados falsamente por los acusados. De los nueve millones de dólares obtenidos del municipio a través de tergiversaciones materiales, los acusados solo devolvieron 1,800,000 dólares al Municipio de Mayagüez y al hacerlo, representaron falsamente que los 1,800,000 dólares eran un retorno de la inversión.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia legal máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares por cargos relacionados con fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.
