Dos determinaciones recientes de agencias federales relacionadas con violaciones a las regulaciones ambientales sobre la generación de energía habrían colocado en la cuerda floja a Efran Paredes, director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ante los ojos de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto.
La primera de las determinaciones, emitida por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés) el pasado viernes, concluyó que la compañía New Fortress Energy (NFE) debió haber solicitado el visto bueno del organismo previo a la construcción de un terminal en el muelle de San Juan para importar gas natural licuado.
La FERC, en ese caso, subrayó que tenía jurisdicción sobre el proyecto para el que la AEE otorgó un contrato de cinco años y $1,500 millones para el suplido del gas natural, que desde mayo del pasado año se utiliza para energizar las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
Por decisión 3-1, el organismo regulador federal decidió que NFE podía continuar operando en el muelle de San Juan, pero ordenó que sometiera una solicitud de autorización dentro de seis meses, al tiempo que avaló la intervención en la controversia de un grupo de organizaciones no gubernamentales que se oponen a la práctica de suplido de gas natural por parte de la empresa.
La orden “va a ocasionar que dicha iniciativa muera antes de tan siquiera operacionalizarse”, dijo a Metro una fuente.
En tanto, el pasado lunes la Agencia de Protección Ambiental (EPA) encontró que la AEE violentó los estándares de emisiones contaminantes mediante el uso de tres megageneradores móviles que comenzaron a operar en noviembre de 2019 en la planta de Palo Seco, en Cataño, adquiridos a un costo de $58 millones, según informó el director ejecutivo en aquel entonces, José Ortiz.
Ortiz, en una conferencia de prensa que realizó para presentar la adquisición, sostuvo que para la compra de las tres unidades se habían utilizado fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y que la AEE planificaba obtener 18 unidades adicionales para instalarlas alrededor del país, con el objetivo de que sirvieran para satisfacer la demanda energética en horas pico.
Durante el pasado cuatrienio, previo reemplazar a Ortiz en agosto de 2020 como director ejecutivo interino, Paredes se desempeñó como director de Planificación y Protección Ambiental de la corporación pública. En diciembre, la Junta de Gobierno de la AEE lo designó director ejecutivo en propiedad.
En su notificación a la AEE, la EPA precisó que las unidades móviles se utilizaron desde el 7 de noviembre de 2019 hasta el 13 de agosto de 2020, “cuando desconectaron las tres MobilePacs”. El documento añade que las multas impuestas podrían a ascender a $101,439 diarios a partir del 13 de enero de 2020 hasta la fecha en que se dejaron de utilizar los megageneradores.
“Pueden venir multas millonarias contra la AEE por faltas de cumplimiento ambiental impuestas por la EPA. La EPA arrestó las turbinas e incautó los componentes que permiten que estos equipos se conecten al sistema. Todo esto ocurre mientras Paredes era el supervisor directo de las áreas de cumplimiento ambiental. En ambos casos pueden terminar habiendo hasta arrestos por manejos turbios de trámites reglamentarios de permisología e incumplimiento de leyes ambientales”, expresó la fuente.
La permanencia de Paredes al frente de la AEE queda, en última instancia, en manos de la Junta de Gobierno, cuerpo al que Pierluisi recién designó a sus primeros dos nominados: el exsecretario de la Vivienda Fernando Gil y el abogado Carlos Yamín Rivera, director ejecutivo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante y miembro del equipo de transición del gobernador.
El Senado debe pasar juicio sobre ambos nombramientos, que se recibieron el pasado 19 de marzo.
