Luego de haber presentado un nuevo plan de ajuste de la deuda con varios acreedores del gobierno central, la Junta de Control Fiscal (JCF) ahora posa su mirada a un posible fin a la quiebra del país el cual vislumbra que ocurra a finales de este año.
El plan de ajuste de la deuda deberá ser aprobado antes del 15 de diciembre de 2021 en el Tribunal Federal ante la jueza Laura Taylor Swain. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, ha mencionado que esperan que el plan sea avalado a finales de octubre y que el país salga de la quiebra a finales de año.
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Luego de este proceso, Puerto Rico deberá contar con cuatro presupuestos balanceados, lo cual podría comenzar a partir del 2022 y culminar en 2025. Jaresko también insiste en que el regreso al mercado financiero es clave para cumplir con la Ley Promesa.
“Si la jueza aprueba el plan como estimamos para finales de octubre, ya Puerto Rico sale de la quiebra y tendría que pasar cuatro años más de presupuesto balanceados, pero ya pagando la deuda”, señaló Edward Zayas, portavoz de la JCF. Estimó que este ejercicio podría ocurrir con el presupuesto que se someta en junio de 2022.
Incluso, antes de la presentación del plan de ajuste enmendado, la Junta comunicó a la jueza Swain, durante una vista el 10 de marzo, que someterían enmiendas al acuerdo para incluir un pacto con bonistas de la Administración del Sistema de Retiro. El ente fiscal espera someter el plan enmendado antes del 2 de abril.
Sin embargo, en febrero, Jaresko reconoció que la presentación de los estados financieros auditados podrían ser un obstáculo para el retorno al mercado de bonos. Desde 2017, el gobierno no ha entregado un estado financiero auditado.
El plan, presentado el pasado 9 de marzo, propone modificar unos $35,000 millones en deudas del gobierno central con bonistas del Obligaciones Generales (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos.
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Sigue en el tintero Plan AEE
Sin embargo, el plan de ajuste para reestructurar la deuda de la AEE sigue sobre el tapete pues se desconoce si la JCF impulsará el acuerdo anterior de 2019 o si enmendará sus términos. La Junta pidió hasta el 11 de mayo para informar al tribunal en torno a la negociación con los acreedores de la corporación pública.
“Las partes continúan ejerciendo su debida diligencia en torno al impacto de los eventos más recientes a Puerto Rico y su economía y así poder analizar posibles enmiendas al RSA”, reza una moción informativa sometida el pasado 10 de marzo por el abogado Hermann Bauer, representación legal de la JCF. “Las partes gubernamentales también trabajarán en conjunto con el gobernador [Pedro] Pierluisi, la nueva Legislatura y los nuevos integrantes del ente fiscal en torno a un camino hacia adelante para el plan de ajuste y la salida de la AEE del Título III”, continuó.
La legislatura del cuatrienio anterior rechazó respaldar dicho plan de ajuste.
En torno a un posible plan de ajuste del Departamento de Carreteras, Zayas tampoco pudo precisar cuándo podría estar presentándose ante el Tribunal Federal.