Durante el segundo día de vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, presidida por el senador Javier Aponte Dalmau, dos exfuncionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuestionaron el contrato de LUMA Energy, por considerar que no protege el interés público.
“Esto propendería a un monopolio, pero esta vez en manos privadas, sin garantías de que se proteja el interés del pueblo puertorriqueño, antes que los intereses de LUMA y sus compañías matrices”, expresaron en su ponencia Héctor Rosario Hernández, exdirector Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e Ivelisse Sánchez Soultaire, ex asesora de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sobre el contrato para la Operación y el Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución Eléctrica de Puerto Rico.
Asimismo, enfatizaron que la función de administrar los activos de la AEE está sujeta a un acuerdo que aún no se ha publicado y que representaría un costo adicional que habrá que pagar a LUMA, por lo que advirtieron también puede resultar en un aumento en la tarifa.
Al inicio de la audiencia pública, el presidente de la Comisión aseguró que aún tiene muchas interrogantes sobre el proceso de adjudicación del contrato a LUMA Energy. “[En el día de hoy] se espera contestar muchas preguntas. Durante la primera vista pública, que fue con la Autoridad de Energía Eléctrica, fueron muchas las preguntas que hicimos y pocas las respuestas que recibimos. En esta ocasión, estamos indagando en detalles, que en la vista de la Cámara de Representantes no se tocaron o algunos se tocaron de manera muy limitada. Los detalles son en términos del contrato. Nosotros entendemos que este contrato hay que revisarlo, indudablemente, [ya que] al final del día no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros tenemos que buscar las herramientas para decirle al Gobernador en dónde hay que enmendar este contrato y salvaguardar [el bienestar de todos los ciudadanos]”, expresó Aponte Dalmau.
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Al concluir su ponencia Rosario Hernández y Sánchez Soultaire manifestaron que hay serias dudas en la legalidad del proceso de adjudicación y de algunas secciones en el contrato de LUMA, por lo que entienden se debe enmendar. Además, establecieron que, si el contrato incluye un incentivo por buen desempeño, también debe de incluir penalidades por desempeño insatisfactorio; siendo lo justo para ambas partes.
El senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe durante su alocución expresó su agradecimiento con los deponentes, ya que su ponencia presentada tiene mucha información y “confirma las dudas muy grandes que tenemos con este contrato”.
Otro de los deponentes en la vista de hoy fue el licenciado Fermín E. Fontanés Gómez, director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP). Fontanés Gómez expuso durante su ponencia que “la falta de mantenimiento y los problemas relacionados con las servidumbres de paso, han llevado a la AEE a operar las líneas de transmisión y distribución muy por debajo de su capacidad establecida”.
El Director Ejecutivo de la APP defendió el proceso que se llevó a cabo para la otorgación del contrato entre la AEE y LUMA Energy y resaltó que hubo colaboración y participación activa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico y sus consultores para alinear el resultado final del contrato tanto con el proceso de restructuración como con el plan fiscal certificado de la AEE.
En cuanto al término del contrato por 15 años, Fontanés Gómez presentó en su ponencia, que dicho término no se pactó de forma arbitraria, sino que se determinó tomando en consideración lo requerido por las disposiciones de exención contributiva del IRS y según resulta necesario para viabilizar la transformación del sistema eléctrico. Sobre la terminación del mismo especificó que LUMA no puede abandonar sus obligaciones bajo el contrato a su discreción. También aclaró que “el contrato no provee para que el operador (LUMA) súbitamente abandone su responsabilidad imprevistamente”.
Fontanés Gómez concluyó diciendo que la APP entiende que con el contrato el pueblo de Puerto Rico finalmente se beneficiará de un sistema más confiable, asequible, centrado en el cliente, con menos interrupciones y en donde el número de incidentes y otras medidas de seguridad alcancen los estándares de la industria.
