La administración del gobernador Pedro Pierluisi parece no tener una política pública definida sobre quién debe asumir las riendas en el manejo de la crisis climática actual. Mientras la Universidad de Puerto Rico y el secretario de Estado, Lawrence Seilhamer, favorecen que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático sea presidido por un científico sin vínculos directos al Gobierno, los titulares del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) apoyan que dicho organismo sea dirigido por un jefe de agencia.
Las discrepancias entre integrantes del Gobierno salieron a relucir el pasado miércoles durante una vista pública en la cual la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes evaluó el Proyecto de la Cámara 455, el cual aspira a enmendar la Ley Núm. 33 del 2019, conocida como la “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”.
Al momento de entrar en vigor en el 2019, la Ley Núm. 33 estableció que el Comité sería integrado por seis científicos designados por la Asamblea Legislativa y aprobados por el Gobernador. Además, el grupo cuenta con tres miembros ex officio, representados por los secretarios del DRNA y DDEC, así como el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En la versión original de la Ley, la presidencia del Comité recaía exclusivamente en el Secretario del DRNA. El estatuto fue enmendado en el 2020 para establecer que la presidencia podía ser asumida por cualquiera de los tres representantes del Gobierno.
Ahora, se propone enmendar la Ley para establecer que la presidencia del Comité debe recaer en uno de los seis miembros científicos. La propuesta, de la autoría del representante independentista Denis Márquez Lebrón, responde a la solicitud que por más de un año han realizado los integrantes científicos del Comité.
Uno de los principales argumentos a favor es garantizar que los trabajos del Comité tengan continuidad y no sean interrumpidos por cambios en los jefes de agencia, además de fomentar la independencia de las recomendaciones de política pública que haga el grupo.
“Un ejemplo de esta situación se dio en el 2019 y en el 2020, cuando en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la posición de Secretario sufrió varios cambios en un período corto. En mi opinión, esta situación pudo haber sido una de las variables por la cual el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático no pudo ser convocado a reunión inmediatamente que sus miembros estaban listos para ejecutar sus funciones”, declaró la integrante científica del Comité, Maritza Barreto Orta, durante la vista celebrada en la Cámara de Representantes.
“Dar mayor enfoque a los asuntos del Comité es una situación que pudiera ser más difícil, cuando la presidencia ejercida por un miembro ex officio posee diversas responsabilidades, tareas y funciones”, añadió la también oceanógrafa y geóloga afiliada a la Escuela Graduada de Planificación en el Recinto de Río Piedras de la UPR.
La ley establece que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático debe instituir y promover el desarrollo de “una política pública, con unas métricas cuantificables, establecer la coordinación e integración de distintos sectores en el desarrollo de una estrategia en contra de los efectos del cambio climático”. También establece que el comité debe elaborar un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia ante el cambio climático.
En el 2019, la exsecretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, no incluyó al Comité en el presupuesto de la agencia, a pesar de que la Ley Núm. 33 entró en vigor durante el verano de ese año. Vázquez Rivera renunció a su cargo el 31 de octubre de ese año, luego de que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) reveló presuntas irregularidades en contrataciones que la titular realizó mientras dirigía la agencia. Los cambios en secretarios del DRNA y la falta de presupuesto asignado atrasaron el inicio de los trabajos del Comité.
Seilhamer, quien fue el autor de esa Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático mientras era Senador, previó estas situaciones y favoreció desde el inicio que la presidencia de este grupo de expertos estuviera en manos de uno de los miembros científicos.
“En su origen, la intención legislativa era que el Comité designara su Presidente y Vicepresidente de entre sus miembros, con el fin de que el Comité tuviera continuidad en sus trabajos y no se viera afectado por los cambios en las posiciones de los miembros del Ejecutivo”, explicó el hoy secretario de Estado en declaraciones escritas al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje, el representante popular Edgardo Feliciano Sánchez.
“Además de los miembros ex officio, el Comité cuenta con seis profesionales de primer orden y altamente especializados en diversas áreas, tales como meteorología y climatología, procesos costeros, salud ambiental, energía renovable y asuntos de agua. La dirección del Comité por algunos de estos miembros permanentes facilitaría y daría continuidad a los trabajos, con la autonomía e independencia necesaria para lograr la política pública sobre el cambio climático”, agregó Seilhamer como parte de su exposición en apoyo al P. de la C. 455.
A pesar de que el presidente de la UPR, Jorge Haddock, y el secretario de Estado favorecen la enmienda a la ley, sus homólogos en el DRNA y el DDEC enviaron representantes a la vista del miércoles para que depusieran en contra del proyecto. Ambas agencias centraron su objeción en que le corresponde al DRNA implementar la política pública sobre cambio climático en Puerto Rico.
“Somos de la opinión de que la dirección de los esfuerzos para implantar la política pública sobre cambio climático es una responsabilidad que debe recaer en funcionarios del Gobierno, y en este caso, el mantener la presidencia del Comité en un miembro ex officio garantiza que lo mismo se cumpla de conformidad. Además, el hecho de que dichos puestos estén sujetos a cambio no implica necesariamente una falta de continuidad en los trabajos, asuntos que queda evidenciado precisamente cuando las agencias enfrentan cambios en sus Secretarios o Directores y sus operaciones continúan ininterrumpidas”, argumentó el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, en declaraciones escritas que fueron leídas en la vista por una asesora legal de la agencia.
El argumento de que se mantiene la continuidad de trabajos aun cuando cambien los Secretarios fue cuestionado durante la vista, una vez finalizó la ponencia de oposición al Proyecto presentada por el DDEC. Desde su designación como secretario de Desarrollo Económico y Comercio en enero pasado, Manuel Cidre, no ha asistido a ninguna cuatro de las reuniones que el Comité ha sostenido durante este año, surgió en la vista.
Varios integrantes del Comité plantearon además la posibilidad de que haya conflictos de interés con el DRNA en la presidencia del grupo.
El profesor del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y también miembro del Comité, Pablo Méndez Lázaro, manifestó que “nos corresponde evaluar proyectos, leyes y acciones que van estrechamente relacionadas con el medioambiente. Esto podría significar muchas veces que evaluamos, discutimos y se deciden asuntos que podrían competerle a la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales quien de igual forma es el Presidente del Comité. Esta situación me levanta la duda, de si podría generar algún conflicto por las posiciones representadas”.
Un comité para crear política pública para atender el cambio climático, con $300 mil
No fue hasta febrero de este año que el Comité logró una asignación presupuestaria para iniciar labores y comenzar a trabajar con el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, el cual forma parte de los mandatos de la Ley Núm. 33 del 2019. Inicialmente se identificaron $100,000 del presupuesto del actual año fiscal. A esa cantidad se le sumaron $300,000 que recién fueron aprobados por la Junta de Control Fiscal, según anunció el DRNA..
La cantidad de $400,000 contrasta con los presupuestos asignados por el Gobierno a entidades privadas a las cuales se les delegó la preparación de planes de mitigación y otros documentos relacionados. Por ejemplo, en septiembre de 2018 el Departamento de la Vivienda otorgó un contrato de $37 millones a Foundation for Puerto Rico para dirigir el desarrollo de planes de resiliencia comunitaria. Asimismo, en enero del 2019, la Junta de Planificación contrató por $1.7 millones a la empresa Atkins Caribe para dirigir la actualización de los planes de mitigación municipales en Puerto Rico.
Actualmente, el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD, en inglés) de los Estados Unidos evalúa el Plan de Mitigación de Puerto Rico para el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT). Este documento provee las guías para la utilización de $8,285 millones en fondos federales de mitigación. Mientras que el trabajo que haría el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para crear un Plan de Mitigación, que guiaría los esfuerzos de mitigación en el país, también dependería de la partida de $400,000. Dicho documento proveerá las guías para desarrollar política pública sobre aspectos tales como la emisión de gases, la erosión costera, las inundaciones, las marejadas ciclónicas, el aumento en los niveles del mar, el acceso y calidad del agua, entre otros elementos ambientales.
Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America
