El Representante José Enrique “Quiquito” Meléndez le solicitó mediante carta al Secretario del Departamento de justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, que inicie una investigación contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y funcionarios municipales, ya que estos pudieron haber incurrido en conducta tipificada como delito en las transacciones financieras investigadas por el Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico.
El legislador expresó que el dinero utilizado para cometer los actos de fraude y corrupción fueron otorgados al municipio de Mayagüez a través de asignaciones especiales de la Legislatura de Puerto Rico por lo que le compete al Departamento de Justicia de Puerto Rico investigar que delitos a nivel estatal se violentaron y que asuntos de jurisdicción impidieron que la investigación federal pudiera haber llegado más lejos.
Meléndez indicó que aunque el FBI y la Fiscalía Federal, expresaron que el caso que se investiga comenzó como un caso de corrupción pública que evolucionó a uno de fraude contra el municipio, al leer el pliego acusatorio arroja muchas dudas sobre el rol, conocimiento y actuaciones del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.
Te recomendamos:
- Juez deniega nueva elección en la Unidad 77 solicitada por Natal
- Hacienda advierte sobre fraude con la ayuda federal de los $1,400
- No exigirán prueba de enfermedades crónicas para poder vacunarse contra COVID
El esquema objeto de la investigación federal gira en torno a una empresa municipal creada con el aparente propósito de realizar inversiones, “Mayagüez Economic Development, Inc., (MEDI)” y que a la misma se le transfirió la cantidad de $9,000,000.00 de fondos estatales asignados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a través de varias Resoluciones Conjuntas.
“De entrada, vemos unos asuntos jurisdiccionales con la investigación y es de notar las limitaciones que tienen las autoridades federales para atender un asunto que en lo medular incide en unas asignaciones legislativas realizadas exclusivamente por la legislatura estatal. Es por esto que el alcance de la investigación federal pudo haber sido limitada a las transacciones sobre las que las autoridades federales claramente tenían jurisdicción, quedando pendiente y dentro de la jurisdicción del departamento que usted dirige la responsabilidad de evaluar e investigar la conducta, el rol, el conocimiento y las actuaciones, intencionales y/o negligentes de los funcionarios municipales correspondientes, actuando en común acuerdo y siguiendo instrucciones del alcalde José Guillermo Rodríguez”, expresa el referido enviado al Secretario de Justicia.
El Representante por Acumulación añadió en su misiva que las asignaciones que la Asamblea Legislativa hace a los municipios están específicamente dirigidas a un fin público específico y en su defecto se ordena su uso para obras y mejoras permanentes. Esto de entrada abre la puerta para investigar la autoridad del alcalde para usar dinero asignado por la legislatura estatal para fines distintos a los que le fue autorizado.
Entre algunos de los delitos incluidos en el Código Penal de Puerto Rico que pudieron haber cometido los funcionarios municipales según el legislador son, consipiración, incumpliento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.
