Los fiscales independientes que atienden el caso de la gobernadora, Wanda Vázquez, la enseñadora, Evelyn Vázquez y otros funcionarios de la pasada administración ya determinaron que en algunas instancias radicarán cargos, en algunas harán referidos a otras agencias y en otras se archivarán las recomendaciones del Departamento de Justicia.
Así lo adelantó esta tarde la presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives en entrevista televisada (Jay Fonseca en Día a Día). Sin embargo, la ex jueza no especificó si entre las instancias que habrá radicación de cargos se encuentran los relacionados a la ex gobernadora, Wanda Vázquez.
Los fiscales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón culminaron el informe en este caso el pasado 25 de marzo. “Ya ese informe refleja que en algunas instancias, los fiscales procederán con los casos, en otras va a haber referidos a agencias fiscalizadoras y otros serán archivados”, dijo Cotto Vives.
La presidenta de la OPFEI dijo que no podía comentar más allá porque los fiscales están dentro del término de 30 días para preparar denuncias o archivar y entonces el Panel de Exjueces emitir resoluciones explicando el archivo de los casos. “Yo no puedo en este momento revelar quién será acusado, quién será referido a otras agencias y a quién se le va a archivar los casos”, agregó la ex jueza.
Además de Vázquez Garced, los fiscales especiales investigan a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves; el exsecretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle; Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef); José Alfredo Galarza, exsubdirector de Adsef; y María Teresa Zayas, jefa de Servicios Operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia.
En el caso de Vázquez Garced, el Departamento de Justicia recomendó investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a la exseretaria de la Familia, Glorimar Andújar en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2020. Este sería el primer caso en el que se radicarían cargos bajo el Código Anticorrupción que se convirtió en ley bajo la administración de Ricardo Rosselló, cuando Vázquez Garced era secretaria de Justicia y avaló la medida.
Andújar habría iniciado una pesquisa sobre denuncias de un patrón, liderado por Quiñones, de manejo con fines partidistas de suministros, del cual participaban los exsenadores Nelson Cruz y Vázquez Nieves, en aquel entonces, aliados políticos de Vázquez Garced.
La exgobernadora, por medio de Pabón Batlle, habría ordenado a Andújar revertir la suspensión sumaria que impuso a Quiñones mientras se investigaba internamente el alegado uso partidista de los suministros destinados a comunidades afectadas por los terremotos.
Los fiscales especiales independientes comenzaron la pesquisa sobre Vázquez Garced en julio del pasado año, luego de recibir el informe preliminar firmado por la exsecretaria de Justicia Dennise Longo, quien fue despedida por la exmandataria el mismo día que realizó el referido. La OPFEI habría extendido su pesquisa sobre el trámite irregular del referido, ya que la breve secretaria interina de Justicia Wandymar Burgos, ordenó detener la entrega del referido.
El 23 de febrero, en una conferencia de prensa, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, precisó que la prórroga otorgada el 9 de febrero respondió a que el organismo recibió documentación adicional que implicaba a dos de los exfuncionarios investigados. La exjueza de Apelaciones no precisó a cuáles personas involucraban dichos documentos.
¿Qué dice la Ley que se aplicaría a la Gobernadora en la investigación del FEI?
Ley Núm. 2 de 4 de enero del 2018, Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico
Artículo 4.2. — Prohibición de represalias contra personas que denuncien actos de corrupción. (3 L.P.R.A. § 1884a)
(a) Ninguna persona podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algún beneficio, derecho o protección a otra persona por el hecho de que ésta provea información, coopere o funja como testigo en cualquier investigación que conduzca a alguna denuncia, acusación, convicción, acción civil o administrativa, por conducta relacionada con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos.
(b) Ninguna persona podrá despedir, amenazar, discriminar, o en forma alguna tomar represalias contra otra persona con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios, protecciones o privilegios del empleo porque éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresión o información sobre alegados actos impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos públicos o actos constitutivos de corrupción ante cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro legislativo, administrativo o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones no sean difamatorias, infundadas o frívolas ni constituyan información privilegiada bajo las Reglas de Evidencia o alguna ley.
Antes de ser gobernadora por vía constitucional, Vázquez había enfrentado una acusación de la OPFEI, pero no hubo causa para arresto en aquella ocasión. En aquel entonces, se planteó una alegada violación al Artículo 252 “Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos” del Código Penal, y dos cargos por el Artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental.
Te invitamos a escuchar este episodio del podcast Con Los Editores cuando se hizo el referido del caso al FEI:
