La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes discutió este martes la Resolución 199 que investiga el cumplimiento de las nuevas leyes de acceso a información pública, las cuales han sido denunciadas por entidades sin fines de lucro y organizaciones periodísticas al considerar que los estatutos van en contra de ese derecho constitucional.
La medida, presentada por los representantes José Bernardo Márquez Reyes y Jesús Manuel Ortiz González, efectúa una pesquisa sobre las Leyes 122 y 141 de 2019, mejor conocidas como Ley de Datos Abiertos y Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, respectivamente.
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Durante el proceso de vistas públicas celebrado hoy, Ortiz González manifestó que “se demostró que el gobierno de Puerto Rico no cumple con la política pública de acceso a la información”, luego de que el Departamento de Justicia (DJ) evidenció en su ponencia que la gran mayoría de las solicitudes de información que recibe la agencia son denegadas. De un total de 18 peticiones registradas desde que se implementó la Ley 141, Justicia solo ha concedido tres y otras cuatro fueron conferidas parcialmente.
“Debemos, desde la Legislatura, construir el marco jurídico necesario, ya sea mediante enmiendas a leyes vigentes o mediante nueva legislación, para que exista un verdadero acceso a la información en el Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo en comunicación escrita el representante, al tiempo que dijo que las agencias no cuentan con los procesos necesarios para acatar los estatutos.
Según el director ejecutivo del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS, en inglés), Enrique Volckers Nin, a este momento el 100 por ciento de las agencias no están cumpliendo con el nombramiento de un Oficial de Datos como requiere la Ley de Datos Abiertos.
“A nivel general de gobierno, no vería cómo pudiéramos cubrir todas las bases en este momento, particularmente porque existe una escasez de personal técnico en algunas de las agencias gubernamentales. No necesariamente todas las agencias tienen el personal necesario para cumplir con todas las responsabilidades que tienen las oficinas de informática”, indicó el funcionario a preguntas de Ortiz González, quien preside la Comisión de Gobierno.
Entre una decena de facultades que debe ejercer este oficial se encuentra preparar un inventario de datos y plan de trabajo para el desarrollo, implantación y mantenimiento de las políticas o reglamentos de datos abiertos en el organismo gubernamental para el cual trabaja.
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Volckers Nin indicó en su turno de discusión que PRITS – entidad encargada de implementar la política pública de la Ley de Datos Abiertos – creó el pasado febrero la plaza de Principal Oficial de Datos como puesto de confianza adscrito a la estructura ejecutiva. Asimismo, informó que a inicios de ese mes sustentó una reunión con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en la cual se delineó un plan de trabajo para crear el Portal Informativo del Ciudadano (PIC).
La plataforma, descrita por PRITS como estilo “dashboard”, deberá contener toda la información de estadística del gobierno, dividida por áreas de interés como: Desarrollo Económico, Seguridad y Calidad de Vida, entre otros.
“Tenemos que movernos a lograr obtener nuestros datos actualizados, hacerlos útiles para la toma de decisiones y mayor acceso a información y, por último, a lograr una mejor cualificación en el Índice Global de Datos Abiertos”, expresó Volckers Nin.
Por otro lado, los legisladores destacaron que la Ley de Datos Abiertos añade 12 excepciones para denegar una información solicitada adicionales a las cinco que ya establece la jurisprudencia.
“La pregunta es si esta es una buena política pública o no. Tengo razón de mi parte para pensar que no lo es. En la medida que se incorporaron todas estas excepciones de lo que se define como información pública, lo que hicimos fue reducir el alcance de lo que es la información pública según había sido interpretado por la jurisprudencia de Puerto Rico”, apuntó Márquez Reyes.
Organizaciones avalan derogación de ambas leyes
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Tanto el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), como la fundación Espacios Abiertos y el Programa de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, favorecieron la derogación de las Leyes de Datos Abiertos y Transparencia.
Las entidades sin fines de lucro recomendaron la creación de nueva legislación que garantice el acceso a la información pública. De lo contrario, afirmaron que los estatutos vigentes deberán incluir enmiendas sustanciales, incluyendo la posibilidad de que las leyes sean consolidadas.
“El acceso a la información hoy no es mejor que antes. La situación, al menos para los periodistas, es la misma, y en ocasiones, es peor”, subrayó en su ponencia la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
La periodista mencionó que las protecciones que brinda la Ley 141 ha resultado en un atraso en la entrega de información por parte de las agencias de gobierno, pues aseguró que “se escudan en los 10 días que antes no tenían, para postergar información que no les conviene entregar”.
“Esta es una crasa limitación a la libertad de prensa y el acceso a la información”, manifestó la periodista.
Asimismo, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, destacó que las leyes están plagadas de deficiencias reconocidas no solo por académicos y organizaciones, sino por los autores del Índice Global del Derecho a la Información (RTI Index) que fueron recogidas en el informe que publicó la Red de Transparencia de Puerto Rico en mayo de 2020.
La fundación desglosó en su presentación una decena de deficiencias encontradas en ambos estatutos, mientras recomendó otra decena de enmiendas a ser consideradas de no derogarse las leyes.
“Yo creo que la investigación ya tiene un resultado, desde mi punto de vista, que es que hay que enmendar, o hay que volver a legislar y dar la batalla para que se reconozca todo lo que se ha planteado en la mañana de hoy”, refutó, por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón.
