La organización Amnistía Internacional señaló hoy que el gobierno de Puerto Rico no garantizó los derechos de miles de personas que perdieron sus hogares luego del desastre provocado por los terremotos de enero de 2020.
De acuerdo con el Informe anual de la organización sin fines de lucro —titulado ’La situación de los derechos humanos en el mundo’— la pandemia del COVID-19 dejó al descubierto situaciones de desigualdad sistémica y violaciones de derechos humanos a nivel mundial. En Puerto Rico, según el informe, entre las violaciones de derechos humanos señaladas se encuentran la falta de medidas gubernamentales para ayudar a miles de personas que se quedaron sin hogar durante los terremotos, el aumento de feminicidios durante la pandemia y uso excesivo de la fuerza policial durante los toques de queda que implementó el gobierno para combatir la pandemia.
“El 2020 fue un año que puso a prueba a todos los gobiernos del mundo. En Puerto Rico empezó el año con una serie de terremotos que afectaron las viviendas de miles de personas. A más de un año de los terremotos aún hay cientos de familias que no recibieron las ayudas estatales o federales debido a la burocracia gubernamental. Seguido una pandemia que agudizó la situación de violaciones de derechos humanos en especial entre las poblaciones marginadas del país”, indicó Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico.
“En septiembre, según la Universidad de Puerto Rico en Cayey, únicamente el 34% de las 40.628 solicitudes de ayuda para vivienda presentadas a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en los municipios más afectados habían recibido atención. En la información publicada en los medios de comunicación se calculaba que las viviendas de 10.000 familias podían seguir afectadas 10 meses después de los terremotos”, reza el informe de Amnistía Internacional.
El informe señala el aumento de la violencia de género contra mujeres, niñas y personas trans durante la pandemia del COVID-19. Esto debido a mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de libertad de circulación y la falta de mecanismo adecuados para denunciar a sus agresores y reducción o suspensión de servicios.
“El gobierno fue incapaz de implementar medidas para prevenir y remediar el aumento en casos de violencia de género a pesar del llamado por parte de grupos de profesionales y organizaciones. Las personas víctimas de maltrato de género fueron abandonadas durante el encierro por COVID-19”, añadió Gallardo.
En el informe también se resalta el uso excesivo de la fuerza policiaca para mitigar el impacto del COVID-19 en la isla. Los gobiernos de las Américas, incluyendo Puerto Rico, utilizaron medidas represivas en vez de salubristas para mitigar la pandemia por COVID-19. Y en algunos casos, hasta intentaron coartar la libertad de expresión, según el informe.
De acuerdo con Gallardo, en tiempos de emergencia, existe la falsa creencia de que los derechos humanos se dejan sin efectos. Aún en tiempo de pandemia las personas tienen derecho a expresar su opinión sin miedo a ser castigados, dijo Gallardo.
En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, el informe destacó el alza de asesinatos asesinatos de personas trans entre los que se encuentra el crimen sin resolver de Alexa Luciano Ruiz que causó la indignación pública. El informe resaltó que se presentaron por primera vez cargos federales por crímenes de odio por el homicidio de dos mujeres transgénero Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.
“La comunidad LGBTTIQ es doblemente vulnerable durante las emergencias. La suspensión de servicios y acceso a recursos públicos los pone en desventaja. Los asesinatos de personas trans siguen sin resolverse y el manejo de estadísticas levanta serios cuestionamientos, comentó Gallardo.
