El Tribunal de San Juan encontró esta tarde causa para arresto por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal que pesan contra Sandra Torres López, expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones, a quien se le señala por organizar actividades de recaudación de fondos para el exgobernador Ricardo Rosselló en horas laborables.
La exasesora de Torres López, Katherine Erazo García, quien también fue investigada por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), sin embargo, no enfrentará cargos criminales, luego de llegar a un acuerdo de colaboración con la agencia investigativa.
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Erazo García era la principal encargada de recaudaciones de la campaña del exmandatario.
Contra Torres López se encontró causa por alegadas violaciones al artículo 4.2 (b) y 4.2 (m), que prohíben, respectivamente, que un funcionario use su cargo para obtener un beneficio que no esté permitido en ley y que ejerza influencia sobre otros empleados para que hagan contribuciones políticas o participen de actividades políticas. El tercer cargo contra la exfuncionaria es por violación al artículo 252 del Código Penal, que hace referencia al aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.
La Opfei informó que la jueza Ileana Colón Blanco le impuso una fianza de $45,000 a Torres López y pautó la vista preliminar para el 21 de abril a las 10:00 a.m.
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El pasado lunes, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, había anticipado que hoy que los fiscales especiales independientes estarían presentando cargos contra las exfuncionarias y la celebración de una vista de causa para arresto.
Hace unos meses, la Opfei indicó que del informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia surge que durante horas laborables Torres López le solicitó a Exel López Vélez, que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador Rosselló. Además, se aduce que lo instruyó a que vendiera las taquillas de dicha actividad entre los empleados de confianza de Ia entonces Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones reguladas por la dependencia y los contratistas de la entidad gubernamental.
