El referido que el Departamento de Justicia sometió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) sobre presuntas ilegalidades cometidas por el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, contendría defectos sustantivos que podrían afectar el procesamiento del exfuncionario, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto.
Por un lado, según una fuente gubernamental con conocimiento del proceso, el informe de la Oficina del Inspector General (OIG) en que se fundamenta el referido a la Opfei solo contiene “hallazgos de carácter administrativo”. Esto, aunque en el resumen ejecutivo del informe que produjo la OIG se hace constar que en el contrato que el Departamento de Hacienda otorgó a Risco Insurance, Inc. en abril de 2017 se pudieron haber cometido “infracciones” contra el Código Penal (Ley 146-2012), la Ley de Contabilidad del Gobierno (230-1974), y la Ley de Contratación Pública (237-2004), entre otros estatutos.
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El resumen ejecutivo no detalla qué figuras pudieron haber cometido las infracciones o si la OIG detectó la comisión de irregularidades de carácter criminal por parte de Maldonado u otros funcionarios de Hacienda.
Entre las recomendaciones al Departamento de Hacienda contenidas en el documento, completado en febrero de 2020, se incluyen: “dar seguimiento a los controles internos establecidos en el Departamento y tomar medidas cautelares para reforzar los mismos y de ser necesario implementar nuevos controles en el otorgamiento de contratos a productores de seguros”, “proceder con las acciones administrativas para el recobro de fondos públicos desembolsados, por la cantidad de $182,630.38 al productor de seguros (Risco Insurance)” y “revisar y orientar al personal en el cumplimiento de los principios generales de contratación gubernamental y todas las leyes aplicables, así como las penalidades existentes por el incumplimiento de estas”.
Metro solicitó desde el martes a la OIG copia del informe completo y se indicó que la petición se tramitaría a través de los oficiales de información de la agencia, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
De otra parte, una fuente gubernamental sostuvo que las causas que fundamentan el referido de la OIG a las agencias de procesamiento penal no se sostendrían ante un tribunal, debido a que contravendrían el estado de Derecho vigente, bajo el cual “las determinaciones administrativas no pueden producir soluciones contradictorias para situaciones fundamentalmente idénticas”.
En ese sentido, la fuente aludió a otro informe reciente de la OIG (OIG-E-21-003), en el que la instrumentalidad, tras identificar una serie de “deficiencias” en un contrato otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a una compañía de tecnología, se limitó a presentar un total de 16 recomendaciones y acciones correctivas, sin referidos a Justicia.
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Notificación irregular
De otro lado, la presidenta de la Opfei, Nydia Cotto Vives, aceptó ayer en entrevista con este medio que el Departamento de Justicia no les notificó la decisión de iniciar la investigación preliminar dentro de los 15 días laborables luego de haber recibido la información sobre las alegadas ilegalidades, como dispone la ley orgánica de la Opfei (Ley 2-1988).
Según Cotto Vives, Justicia le informó a la Opfei el 1º de septiembre de 2020, que se les había “olvidado” notificar el comienzo de la investigación, a pesar de que el 25 de junio se había preparado la carta correspondiente. Esa carta se anejó a la notificación del 1º de septiembre y desde Justicia se hizo el cálculo de que el término vencía el 30 de septiembre. Posteriormente la Opfei le concedió tres prórrogas para completar la investigación preliminar, hasta el 23 de noviembre, 28 de diciembre y 29 de marzo de 2021, respectivamente.
“El 23 de diciembre ellos mandaron una carta al Panel diciendo que habían recibido una información, que tenían que iniciar una investigación sobre una investigación que recibieron que podía consolidarse con la investigación de Maldonado y por esa consolidación pidieron 90 días adicionales y el panel les concedió hasta el 29 de marzo que fue cuando hicieron el referido”, detalló Cotto Vives.
La exjueza no pudo precisar si el referido que finalmente recibieron del Departamento de Justicia contiene al menos una declaración jurada acerca de los hechos alegados, como exige la Ley 2-1988, pues no será hasta la semana entrante que el panel de exjueces se sentará a evaluar la documentación.
Metro intentó sin éxito conseguir una entrevista con Ivelisse Torres, directora de la OIG, para conocer, entre otros asuntos, si ella u algún otro funcionario de la dependencia había sometido la declaración jurada.
Risco Insurance, la empresa de seguros que obtuvo el contrato con Hacienda, fue incorporada por Javier Jiménez Galarza apenas 45 días antes de firmar el acuerdo con la agencia. Jiménez Galarza es hijo de el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez.
El contrato se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 2018, luego de sufrir varias enmiendas.
¿Referido a OIG nació de las propias declaraciones de Maldonado?
El origen de la pesquisa que derivó en el referido del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente habrían sido sus propias declaraciones, en junio de 2019, de que en la agencia que dirigía existía una “mafia institucional”.
En una carta del 9 de octubre de 2019, el director del Área de Querellas e Investigaciones de la Oficina del Inspector General, James Rivera, le indica a Mayra López Mulero, abogada de Maldonado, que el 24 de junio de ese año el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, les había sometido un referido a raíz de las declaraciones que hiciera esa mañana su jefe de Hacienda.
“En síntesis, su representado expuso en entrevista en varias emisoras radiales que en el Departamento de Hacienda existían una serie de irregularidades que incluyen […] el proceso de otorgación de licencias, así como la manipulación de data, destrucción de documentos, ventas de influencias y otros posibles actos que podrían poner en riesgo la mejor utilización de fondos públicos”, escribió Rivera, quien solicitaba la comparecencia de Maldonado a la OIG, a lo que López Mulero se negaba.
Rosselló, quien un mes más tarde renunciaría a la gobernación, le exigió su salida a Maldonado ese mismo 24 de junio de 2019. Hubo varios intercambios de misivas entre la OIG y la representación legal de Maldonado que requería más detalles sobre la base de la pesquisa y alertaba que las expresiones de su representado estaban cobijadas por la libertad de expresión. También en ese momento, la representación legal de Maldonado refirió a la OIG a las autoridades federales donde, según se expone en una de las cartas, ya el exfuncionario colaboraba.
