Si bien cabe la posibilidad de que las estadísticas oficiales no lo califiquen de esa manera, varios elementos dentro del panorama económico en Puerto Rico parecen conjugarse para traer como resultado el efecto de un proceso de inflación: el aumento en el costo de vida para la población.
José Alameda, catedrático en economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, explicó que para determinar si una jurisdicción se encuentra atravesando una inflación típicamente se evalúa el llamado índice de precios del consumidor (IPC), indicador que toma en cuenta los precios de mercado de cerca de 600 productos.
Debido al incremento en el precio del combustible, en las pasadas semanas el país ha experimentado aumentos en las tarifas que se cobran en la operación de los muelles de carga, en el costo del transporte terrestre y en el servicio de energía eléctrica. Asimismo, en julio de 2018 entró en vigor un aumento de 2.5 % anual en la tarifa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que se extenderá hasta el año fiscal 2025.
Paralelamente, Puerto Rico recibe el influjo de asistencia pública e individual del gobierno federal como respuesta a las emergencias provocadas por huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19 en los pasados cuatro años, lo que provocó un incremento temporero en el poder adquisitivo de la población.
El economista José Caraballo Cueto sostuvo que Puerto Rico ha sentido el impacto de los aranceles –en algunos casos de sobre 20%– que la administración del expresidente Donald Trump impuso a países como China, y que el gobierno de Joe Biden al momento no muestra intención de reducir o eliminar.
Los productos “llegan aquí a una estibadora que aumentó sus precios, que es Luis Ayala, y los camioneros también aumentaron sus precios. No es que sea un aumento sostenido que ocurre por varios periodos, pero con un solo periodo que ocurra genera un aumento en el costo de vida. Vivir en Puerto Rico ahora se ha vuelto más caro. Y, para completar la jugada, tenemos el aumento en el costo energético y de la gasolina, que viene a exacerbar esta situación que hemos visto en la cadena de distribución”, señaló el expresidente de la Asociación de Economistas.
“El costo de vida y de hacer negocios está aumentado significativamente y no será un escenario de hiperinflación, como se ha visto en otros países, donde todos los periodos hay un aumento. Pero una sola vez que ocurra te impacta no solo en el ambiente comercial, sino la calidad de vida. Es un aumento que, como es permanente, nos crea un problema permanente”, sintetizó Caraballo Cueto.
Para el académico, tanto la población como el sector gubernamental se han “adormecido” por la llegada de dinero federal, unos fondos que tienen un efecto coyuntural, contrario a los aumentos en costos, que pueden representar una carga a largo plazo.
La economista y planificadora ambiental Martha Quiñones Domínguez recalcó que el análisis que permite realizar el ICP, por abarcar una extensa gama de productos, tiende a invisibilizar los incrementos en costos que encarecen la canasta básica de una familia.“Hay economistas que dicen que hay que verlo por sectores (económicos), porque los sectores son los que van afectando a diferentes segmentos de la población. Por ejemplo, el índice de precios de los alimentos, el índice de los bienes para construir (o) para otro tipo de bienes. Cuando hay aumento en los muelles, se encarecen casi todos los productos porque casi todo viene del extranjero. Ahí empezamos a ver la inflación, pero desde pequeños segmentos. Cuando se mira a nivel genérico, como hace el gobierno, regularmente no se nota”, advirtió Quiñones Domínguez.
Un ejemplo de eso sucede, explicó Alameda, con el costo de vida de los adultos mayores, segmento que cada día compone una proporción más significativa de la población puertorriqueña.
“Se ha comenzado a reconocer lo que llaman el índice de precios por edades. (En el caso de los ancianos) le llaman el elderly price index (índice de precios de los adultos mayores). Las personas de mayor edad tienden a comprar más medicinas y menos educación. (El costo de) las medicinas tienden a aumentar más rápido que el curso general de precios y que los otros elementos (del ICP). Ahí entonces hay un daño con los aumentos de los precios, porque al comprar las medicinas, con la misma calidad, tengo que comprarla a precios más caros”, ilustró Alameda.
