En medio de la discusión legislativa en torno a su confirmación, la secretaria designada del Departamento de Educación (DE), Elba Aponte, habría delegado en la entidad privada Puerto Rico Education Foundation (PREF) funciones medulares de la agencia como la implementación de un sistema de nómina y asistencia requerido por la Junta de Control Fiscal (JCF).
De acuerdo con una fuente de Metro, la designada secretaria del DE, Elba Aponte, delegó en la fundación la implementación del sistema de nómina y asistencia —también conocido como el Time and Attendance (T&A) project— que requirió la Junta de Control Fiscal (JCF) desde septiembre de 2020 luego de haber detectado que la agencia pagó cerca de $80 millones en exceso a personas que ya no laboraban en el Departamento.
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Un intercambio de correo electrónico —en poder de Metro— entre funcionarios del DE y la entidad muestra que la directora ejecutiva de la PREF, Enid Reyes, estaría participando en las reuniones para la implementación del sistema de asistencia y nómina que ordenó el ente fiscal. Según la comunicación, el rol de Reyes se extendería a “asistir” a Aponte en el seguimiento de tareas pendientes y gestiones necesarias para implementar dicho sistema de nómina.
Mediante una escueta declaración escrita, el DE indicó a este medio que el personal de la PREF “está donando servicios de manejo de proyecto (“project manager”), llevando el seguimiento de las tareas pendientes (“tracking pending items”) relacionados con el proyecto”. Señalaron, además, que las labores que rinde la PREF están regidas por un acuerdo de colaboración con la agencia firmado en 2018 bajo la incumbencia de la exsecretaria Julia Keleher. En el registro de la Oficina del Contralor no aparece un contrato entre el DE y la fundación para estas funciones de asesoría a la administración del DE. “Ninguno de los servicios y recursos que pone PREF como facilitadores para el Departamento tiene un costo para el erario, puesto que se brindan en carácter de donación y están cubiertos por los fondos propios de la entidad que recibe donativos de otras entidades interesadas en apoyar iniciativas que promuevan cambios sustantivos en las operaciones del sistema educativo”, reza la declaración de la agencia.
Metro también intentó comunicarse con Reyes, pero no respondió llamadas de este medio.
Las demoras en implementar este sistema provocaron que el pasado 29 de enero la Junta congelara $30 millones del presupuesto de nómina del DE. El ente fiscal exigió la promulgación de dicho sistema luego de que en septiembre de 2020 detectó que la agencia pagó cerca de $80 millones en exceso a personas que se habían retirado, renunciado, fallecido o que no habían utilizado el sistema de asistencia para empleados del DE. En noviembre, la Junta autorizó la implementación de un sistema uniforme de asistencia y, a su vez, que sirviera para identificar la cifra de empleados inactivos y así evitar los pagos en exceso.
Asimismo, la agencia también habría delegado en la PREF la planificación estratégica del Departamento, según revelan correos electrónicos en poder de este medio. Para estas labores, la PREF además habría contratado a la empresa de consultoría Delivery Associates para brindar asesoría en la planificación estratégica de la agencia. Esta última empresa tampoco aparece en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor con un contrato con la agencia.
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La PREF fue creada bajo la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló y bajo la incumbencia de Julia Keleher en el Departamento de Educación. De esta manera, las funciones de la fundación estarían ligadas a “proporcionar apoyo financiero para la estabilización, innovación y transformación del sistema y sus escuelas”. A partir de la creación de dicha entidad, la agencia comenzó a recibir servicios en carácter “voluntario” de empleados de la PREF para asesorar al DE. Los salarios de estos “mentores” serían financiados por la entidad. Pese a que estos servicios serían brindados a una agencia pública, la organización se ha negado a revelar los salarios de estos contratistas ya que alegan que se trata de una empresa privada. No obstante, varias fuentes de este medio indican que las cifras salariales podrían rondar los $125 mil a $250 mil.
Incluso, durante su incumbencia, Keleher habría intentado que su salario ascendiera a unos $400,000 anuales y que este fuera financiado por la PREF. Sin embargo, en aquel momento, la fundación negó la solicitud de la exfuncionaria, quien ahora enfrenta un proceso criminal en la esfera federal por su supuesta participación en un esquema de fraude en la agencia.
En 2018, Kari Hernández, entonces empleada de la PREF, fungió como asesora de la gerencia del DE. Sin embargo, a finales de 2019, la agencia aseguró que ya no contaba con empleados de la PREF como asesores a nivel central. En octubre de 2019, la agencia indicó a este medio que las labores de la PREF con la agencia se limitaban a la designación de mentores a nivel regional y directamente con planteles escolares.
