Mientras persisten las dudas en torno a la confirmación de la secretaria designada del Departamento de Educación (DE), Elba Aponte, la agencia aseguró que cumplen con reglamentación federal para el uso de $349 millones en fondos provenientes del Cares Act para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sistema educativo.
Metro publicó ayer que la agencia no había sometido un plan de utilización para estos fondos y que, de no someterlo antes del 30 de junio de 2021, se exponía a perder dichos fondos. Sin embargo, la secretaria designada aseguró en una declaración escrita que el Departamento de Educación federal les notificó que estaban en cumplimiento y que no existía un riesgo de perder los fondos. Sin embargo, en entrevista con Metro, funcionarios de la Oficina de Asuntos federales de la agencia plantearon que, aunque no cuentan con dicha declaración del gobierno federal que certifique que los fondos no están en peligro, no existía un requerimiento de someter un plan de uso de fondos y que la única restricción impuesta a la agencia correspondía a la firma del acuerdo con el síndico federal.
Los funcionarios contaron que estos fondos fueron aprobados en marzo de 2020, por medio del Cares Act, y que en mayo de 2020 la agencia sometió un plan de uso de fondos. El acuerdo del síndico Álvarez & Marsal —que administrará los fondos federales que recibe la agencia— fue avalado el pasado 26 de febrero por la Junta de Control Fiscal (JCF). No obstante, no fue hasta el pasado 22 de marzo que el secretario del Departamento de Educación federal, Miguel Cardona, descongeló los $349 millones asignados a la isla por medio del Cares Act.
“No era obligatorio someter dicho plan como parte de la ley a diferencia del [fondos] Restart donde sí se requería un plan por ley. En ESSER [fondos del Cares Act destinados para escuelas elementales y secundarios del DE] no se requiere. Se hizo debido a las condiciones específicas bajo las cuales estamos y pendientes de la determinación de firmar el síndico y por eso se hizo”, señaló Miguel Negrón, director de Asuntos Federales del DE, en torno al acuerdo con el síndico que administrará los fondos federales de la entidad, Álvarez & Marsal. “Lo que nos controlaba a nosotros era la firma del síndico”, añadió.
Y no fue hasta finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado que el Departamento de Educación federal frenó el uso de estos fondos hasta tanto la agencia local culminara la contratación del síndico federal. La agencia alcanzó a desembolsar poco más de $10 millones inicialmente que luego aumentó a unos $21 millones debido al pago mensual de enfermeras que habrían sido contratadas como parte de la pandemia del COVID-19.
“Al principio, tan pronto nos aprobaron un plan que nos enviaron un correo electrónico, ellos [gobierno federal] nos indicaron que estaba los fondos disponibles en agosto o septiembre por ahí, pero en diciembre nos dijeron que los fondos estaban restrictos y que hasta que no hubiera la firma del síndico, pues estos fondos no podían utilizarse”, dijo Negrón, quien luego indicó que el gobierno federal autorizó el uso de estos fondos, pero que no hubo una comunicación escrita de la agencia federal ya que alegó que no era requerido someter un plan.
El 22 de marzo, luego de la autorización de Cardona, la agencia federal autorizó el uso del restante $341,794,975. Edgar Delgado, director ejecutivo de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales del DE, indicó que la agencia podría utilizar estos fondos hasta el 30 de septiembre de 2022. Agregó que, hasta que la agencia no agote estos fondos, no podrían tener acceso a una segunda asignación de fondos ESSER de unos $1,300 millones.
Negrón, por su parte, aseguró que la agencia modificó las líneas de tiempo para el uso de fondos debido al atraso de casi cuatro meses en que el Departamento no tuvo acceso a esta asignación presupuestaria federal. De acuerdo con documentos provistos por la agencia, al 9 de abril, la agencia aún cuenta con un balance de $298,391,294.
