Pese a que la industria del cannabis medicinal generó el pasado año más de $181 millones en ventas, diversos sectores dentro de este mercado abogan por cambios en el marco regulatorio creado hace cuatro años.
Desde la aprobación de la Ley 42-2017, conocida como la Ley Medicinal, la industria regulada del cannabis ha experimentado un crecimiento exponencial, que a su vez se refleja en los recaudos del erario. En el año fiscal 2018, según datos del Departamento de Hacienda, la industria generó ventas por $30.2 millones, y el gobierno recaudó, por concepto del Impuesto de Ventas y Uso, unos $3.2 millones. Para el periodo fiscal 2020, ambos renglones se sextuplicaron, a $181.9 millones y $19.3 millones, respectivamente.
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En síntesis, la Ley 42 dispone los parámetros para la industria del cannabis con fines medicinales “en conformidad con el marco regulatorio federal”, entre ellas las licencias para el consumo de pacientes, la operación de dispensarios y fincas de cultivo, así como para la investigación científica. Sin embargo, a cuatro años de que el exgobernador Ricardo Rosselló firmara la ley, el acceso a servicios financieros para los componentes de la industria se limita a una cooperativa, pues persisten preocupaciones sobre los riegos que implica el manejo del dinero generado a partir de transacciones sobre una sustancia que sigue siendo calificada como ilegal por el gobierno federal.
“Eso tiene una razón de ser: a nivel local el cannabis es una sustancia que ha sido declarada legal para uso medicinal pero, a nivel federal, sigue siendo clasificada como controlada y no está permitida para la venta”, subrayó Pedro Roldán, vicepresidente de Apoyo Técnico y Supervisión de la Corporación para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), al precisar que TuCoop, la única entidad que acepta depósitos de la industria, ofrece servicios a cerca del 80 % de los dispensarios licenciados.
Según Roldán, a las cooperativas de ahorro y crédito locales “les aplica todo lo que le aplica a los bancos regulados por la FDIC, como el Bank Secrecy Act”, en referencia a disposiciones que obligan a las instituciones a rastrear y garantizar que la proveniencia de los fondos es lícita.
“Es un tema de riesgo de cada institución y le toca al management (gerencia) de cada cooperativa decidir si desean aceptar esos depósitos o no”, dijo, en tanto, la comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira.
De acuerdo con Zequeira, ninguna de las instituciones bajo el manto regulatorio de la OCIF, como son los bancos comerciales, “recibe esos depósitos porque le puede costar su seguro de FDIC”. Ante esta coyuntura, José Rivera, presidente de la organización Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal (MiCaM), mantiene cifradas sus esperanzas en el Proyecto de la Cámara 556, que propone prohibirle al Banco Cooperativo de Puerto Rico negarle servicios de forma arbitraria a las cooperativas locales.
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En esencia, la medida busca que el Banco Cooperativo no rechace depósitos de la industria del cannabis medicinal y establece que estos servicios no serán considerados como un riesgo de violentar leyes o reglamentaciones vigentes. Zequeira y el experto en justicia criminal José Raúl Cepeda coincidieron en que la falta de acceso amplio a servicios de banca provoca un “exceso de efectivo” corriendo en las transacciones relacionadas con la industria, elemento que abre la puerta a delitos como el lavado de dinero y otros crímenes financieros.
Preocupación ante acelerado crecimiento
Al igual que Rivera, el senador José Vargas Vidot expresó su preocupación con el “crecimiento desmedido” de la industria.
“Primero, el fracaso es la proliferación de los dispensarios en forma desmedida. Eso va a ir disminuyendo las posibilidades de ganancias. Segundo, la intervención de mercados grandes versus los mercados pequeños locales que van a ir destruyendo la posibilidad de competitividad del mercado local”, planteó el legislador independiente, al insistir que el enfoque de la industria debe mantenerse como uno salubrista.
“En la medida en que es un mercado cerrado, pues el que se estén otorgando tantas licencias de establecimientos autorizados podría representar un problema de saturación”, dijo, por su parte, el presidente de MiCaM.
Un elemento que la actual Legislatura busca atender –a través de un proyecto del representante Jesús Manuel Ortiz– es la protección laboral que disfrutan los pacientes de cannabis medicinal.
“Tuve conversaciones con pacientes que estaban teniendo problemas en sus empleos y revisamos cómo ha sido la dinámica en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Encontramos que en las jurisdicciones donde no hay protecciones específicas a los empleados, si llegaba un caso de despido porque dio positivo a una prueba (de dopaje), los tribunales usualmente fallaban en contra porque no deja de ser una sustancia ilegal a nivel federal”, explicó Ortiz.
El criminólogo Cepeda, en tanto, puntualizó que una consecuencia negativa de la regulación del cannabis medicinal ha sido un incremento “evidente” en la violencia en las calles, debido al achicamiento del mercado ilegal.
“Mientras más crece el mercado legal, el ilegal se encoge, porque son los mismos usuarios. Además, le sumas la salida del país de población por la emigración. Se está haciendo más violento”, dijo Cepeda, al añadir que considera “factible” realizar un estudio cuantitativo de este fenómeno.
Rivera lamentó que el costo de licencia para operar un dispensario ascienda a $20,000 y apuntó como una de las áreas a mejorar que se incluya representación de miembros de la industria en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM), que al momento se compone de seis jefes de agencia y tres designados de confianza del gobernador.
El secretario designado de Salud, Carlos Mellado, quien preside la JRCM, precisó que el enfoque ha sido agilizar los trámites de solicitudes de licencias. “Había un backlog (retraso) de licencias a otorgar, pero ya eso está en cero. La visión es ampliar la cantidad de pacientes que hay, ser un poco más flexibles y ágiles en la otorgación de licencias”, dijo Mellado, quien indicó que había solicitudes que demoraban hasta cuatro meses en tramitarse.
Licencias concedidas en Puerto Rico
- Cultivo: 38
- Manufactura: 30
- Dispensario: 162
- Transporte: 24
- Investigación: 1
- Médicos: 197
